No dan puntada sin hilo. Las “soluciones a la pobreza” –dicen– pasan por la privatización de los derechos sociales.

En Olivos, “Chiche” Duhalde reunió un “comité de crisis” para lanzar un “plan de emergencia” para que el Ejército, la Gendarmería y la Prefectura colaboren en el reparto de alimentos. Junto con la entrega de bolsas de comida, las fuerzas represivas reciben la oportunidad para desarrollar una tarea de espionaje gigantesca en las barriadas populares, e identificar activistas y líderes barriales. El gobierno intentó meter a los militares en la “asistencia alimenticia” ya en agosto pasado pero fracasó por la cerrada negativa de la Iglesia, que no está dispuesta a compartir, ni siquiera con los milicos, el poder político y el enorme manejo de fondos que le brinda el control de los planes alimentarios. “Gobierno, Iglesia y Ejército: una pelea por el reparto de comida (…) se enfrentan por espacios de poder”, titulaba entonces Clarín (25/8). Este enfrentamiento llevó a la renuncia del secretario del Consejo Consultivo Nacional, Eugenio Borrás, hombre de Cáritas.

Pero la “Chiche” y los milicos no son los únicos que no dan puntada sin hilo. El diario La Nación y la organización Poder Ciudadano (dirigida por Moreno Ocampo) están desarrollando, con el respaldo de la Iglesia, de las grandes empresas y de múltiples ONGs, una vasta movilización política para imponer el reaccionario objetivo de privatizar la asistencia social y, más importante, liquidar al movimiento piquetero.

La Nación y sus asociados reunieron más de un millón de firmas e hicieron lobby en el Congreso para fogonear una “ley para la atención integral de los niños” que será tratada en estos días. Como la mortalidad por causa de la miseria de los niños en Tucumán y en el resto del país no comenzó ahora sino que viene de lejos, la repentina cobertura mediática de estos casos es parte de la campaña política para imponer la “ley La Nación”.

El centro de la ley es hacer intervenir a las Organizaciones No Gubernamentales” (ONGs) en “la gestión y el control” de los planes sociales” (Art. 9°), con el argumento de la “transparencia” y para “asegurar las prestaciones”; precisamente el mismo que utiliza el Banco Mundial para imponer su auditoría sobre los planes sociales.

Pero las ONGs son organizaciones privadas que no responden al “interés general” sino al de quienes las financian, las empresas privadas y los grandes capitalistas. Por la vía de las “donaciones”, el gran capital no sólo encuentra una vía para evadir impuestos y blanquear dinero “negro”; además, logra ejercer un control directo –en términos ideológicos y políticos– de los fondos que aporta, algo que es mucho más indirecto en el caso de los impuestos. El ejemplo de una ONG “exitosa” es precisamente la del cura Grassi, que no sólo es sospechoso de violar menores sino que también encabeza una organización sospechada de “matufias” de todo tipo. El objetivo patronal de privatizar la asistencia social –algo que el destape de las andanzas sexuales y económicas de Grassi pone en peligro– es una de las razones que explica la furiosa defensa que han montado los grandes capitalistas para salvarlo.

Con las ONGs se destruye el concepto mismo de la seguridad social como un derecho de los trabajadores y una obligación del Estado, para convertirse en una asistencia “voluntaria” de los capitalistas. Cuando los piqueteros reclaman un subsidio al desocupado están exigiendo un derecho que les corresponde como trabajadores: que el Estado los asista si la clase social a la que representa los han dejado desocupados. Pero ningún trabajador tiene ningún derecho a reclamarle a una ONG: el derecho a la seguridad social se transforma así en una dádiva y en una limosna. El piquetero es un sujeto activo, que se organiza con sus iguales y confía en sus propias fuerzas; el desocupado que recibe asistencia de las ONGs es pasivo, aislado, y depende de sus explotadores.

Con las ONGs se pretende atomizar y destruir al movimiento piquetero, es decir al movimiento de lucha de los trabajadores que combate por imponer sus reivindicaciones y derechos al Estado por medio de la organización y la movilización. Se trata de un objetivo largamente acariciado por los capitalistas y que muchas veces La Nación expresó de manera brutal: había que darles palos y leña a las organizaciones piqueteras. El diario que ahora dice preocuparse por los pobres aplaudió el asesinato a sangre fría de piqueteros en el Puente Pueyrredón. Ahora cambió sus métodos pero no su objetivo: fracasada la vía represiva por la enorme movilización popular que siguió a la masacre, La Nación pretende destruir al movimiento piquetero por la vía de la “solidaridad”.

Pero con las ONGs, los capitalistas no sólo atacan a los desocupados y a sus organizaciones. Las ONGs reemplazan tareas que antes cumplían organismos del Estado; los “voluntarios” no rentados reemplazan a los empleados estatales. Así, la burguesía se vale de la solidaridad de la clase media y de vastas capas trabajadoras, donde se reclutan los “voluntarios”, para promover el despido de empleados públicos “sobrantes”…

En nombre de la “lucha contra la pobreza”, los que crearon la desocupación y la miseria y se beneficiaron con ella, intentan destruir al único movimiento que no sólo lucha a brazo partido para impedir que los trabajadores caigan en la miseria sino que también lucha contra el régimen político y social responsable de la catástrofe.