Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ordenó restringir al mínimo la colaboración de los servicios de inteligencia en las investigaciones ordenadas por los magistrados de la Justicia.

Caamaño, titular de la agrupación Justicia Legítima –afín al kirchnerismo-, fue designada por Alberto Fernández como interventora durante el plazo de 180 días, período en el cual tiene la tarea de moldear una de las instituciones más oscuras del Estado, en sintonía con la política del nuevo gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno prepara un proyecto legislativo para reformar la estructura de la agencia de inteligencia.

Esta resolución no solo limita las funciones de la AFI, sino que reduce el secreto y la confidencialidad en el uso de sus fondos. Caamaño queda facultada para hacer una limpieza del personal, desprendiéndose de los elementos que el gobierno considere un estorbo.

Entre jueces y servicios

La resolución ordenada por Caamaño busca revertir la profundidad de los vínculos entre el Poder Judicial y los servicios de inteligencia, para redirigir la política de inteligencia del Estado.

El gobierno de Mauricio Macri, bajo la gestión de Gustavo Arribas, privilegió un formato de los servicios en estrecha colaboración con los magistrados judiciales, con el propósito de alimentar las causas e investigaciones contra el kirchnerismo y sus socios económicos. Un camino que sirvió para golpear a la patria contratista con la causa de los “cuadernos de Centeno”, allanando el camino a los negocios del capital internacional.

La Dirección de Asuntos Judiciales fue una de las áreas que más creció dentro de la AFI, dedicada a suministrar información, pruebas y coartados que mantengan las causas de corrupción a flote. De allí salieron las famosas “escuchas” de las conversaciones entre Cristina y Parrilli, filtradas y publicadas luego por la prensa. El diario Clarín ya había hecho un oficio de esta práctica.

A su vez, este accionar fue tomando la forma de todo tipo de operaciones y negocios por medio de extorsiones y amenazas, las cuales se realizaban con información suministrada por el espionaje “legal”.

La asociación de los servicios de inteligencia con la justicia abrió una puerta de mayor discrecionalidad a un apéndice de la “seguridad” nacional que ya se caracterizaba por su autonomía funcional. Por medio de las investigaciones judiciales se habilitaba la intervención de comunicaciones y dispositivos de un sinfín de personas, cuya relación con los hechos que se investigaban podía ser meramente accidental. Con este recurso no solo se montó un negocio de espionaje a la carta, sino que también sirvió para justificar el espionaje a las organizaciones populares por medio de una vía más discreta.

Los servicios del poder

Bajo distintas siglas y gobiernos, los servicios de inteligencia siempre han constituido una palanca de los intereses del imperialismo en nuestro país. Escuchas, carpetazos, pistas plantadas, investigaciones manipuladas, filtraciones, información, influencias, armado de causas, todos han sido recursos empleados para garantizar la subordinación del país a la orientación del capital internacional.

Los Kirchner, por ejemplo, fueron primero socios y luego víctimas del entramado de los servicios de inteligencia. Néstor había ponderado una relación con el sombrío Jaime Stiuso por sobre su ministro de Justicia, Gustavo Béliz –hoy secretario de Asuntos Estratégicos-, cuando estos se confrontaron. De la mano de Stiuso –un agente de la CIA y el Mossad- el kirchnerismo impulsó la “pista iraní” como principal hipótesis de la causa de la AMIA, así como más tarde el viraje al entendimiento con Irán al mismo ritmo que Obama buscaba un acercamiento con el régimen ayatollah. La ruptura de este acuerdo le valió a los K la necesidad de montar sus propios servicios desde el Ejército (con Milani) y la Gendarmería (con Berni), la creación de la AFI y el inicio de las hostilidades con el viejo aparato de inteligencia.

A dónde va la AFI

La resolución de Caamaño no limita en nada el lugar del espionaje estatal, el cual pasará de los estrados judiciales a la forma que le dé el gobierno de Fernández. En su discurso de asunción, el presidente adelantó esta línea cuando planteó: “nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia”. Con estas medidas, el gobierno busca modificar la estructura de la AFI cortando los vínculos entre la agencia, los fiscales y los jueces, en particular con Comodoro Py. Finalmente, ningún estado capitalista carece de un centro conspirativo para imponer a las masas su política.

El gobierno también prepara un proyecto de reforma judicial que, junto a la intervención y reforma de los servicios de inteligencia, busca terminar de cerrar la brecha abierta al final del mandato de Cristina y enfilar los recursos del Estado detrás de la agenda marcada por los compromisos con el FMI.

El rumbo de sometimiento a los acreedores de la deuda lleva obligadamente a un reforzamiento de la injerencia de los servicios de inteligencia del imperialismo en los de nuestro país. No puede haber un servicio de inteligencia independiente. Siempre ha sido así y Alberto Fernández no pretende lo contrario.

La inteligencia del Estado es otro recurso más de esa política antiobrera y proimperialista.