La descentralización provincial de la atención de los jubilados introduce un factor de gigantesca corrupción, sobre la base del manejo de los aportes de trabajadores y jubilados a la obra social de jubilados.

La nueva obra social significa, para la provincia de Buenos  Aires, por ejemplo, que ya habría firmado, “una caja económica y una clientela política de magnitud” (Ambito, 20/11). A cambio de una importante recaudación, se obligará a dar a los jubilados un “Plan Médico Obligatorio” de 23 pesos de costo mensual por jubilado. De allí puede surgir una interesante diferencia, manipulando los contratos y dando una prestación ultraelemental. Duhalde contará con un segundo Fondo de Reparación Histórica para apuntalar su campaña.

“Cada provincia podrá seguir designando delegados y negociando contratos con algún criterio político” (Ambito) favorable a sus fines electorales. El sistema de subcontrataciones de las privadas por las “redes” provinciales será una fuente de “retornos” e influencias políticas, que se manejarán con las federaciones médicas y las asociaciones de empresarios de clínicas privadas, laboratorios y farmacias. Todo a costa de los fondos aportados por jubilados y trabajadores, y del deterioro de la calidad de la atención.

Algunos gobernadores, como los de Chubut y Formosa, se han pronunciado, en cambio, en contra, porque desconfían de que el gobierno nacional envíe los fondos correspondientes, ávido por tapar agujeros en las cuentas fiscales.