Luego de 15 días de días de detención, fueron liberados los diez municipales detenidos de Cerrillos, todos trabajadores de planta despedidos por la actual intendencia.

 

Entre ellos se encontraban siete mujeres jefas de hogar, la mayoría madres solteras. Cumplían tareas de limpieza y de servicios generales, el sector que está en el escalón más bajo de los municipales, con salarios de miseria.

 

El gobierno, después que los trabajadores sostuvieron un acampe por más de 22 días por su reincorporación, lejos de atender su situación burló las conciliaciones obligatorias y obligó a tomar la municipalidad como último recurso. El gobernador, Juan Manuel Urtubey, no tuvo empacho en ordenar una brutal represión.

 

Hombres y mujeres fueron cobardemente golpeados. Las detenidas denunciaron que fueron apaleadas por personal policial masculino. Una de las compañeras fue encerrada en un baño, donde fue golpeada por tres policías. Recién a las diez horas de haber sido detenidos fueron ingresados en la Alcaidía provincial, en un accionar ilegal y violatorio de los derechos humanos, puesto que la detención sin registro constituye secuestro.

 

La detención de estos trabajadores es por completo arbitraria. El gobierno de Urtubey les imputó gravísimas causas con penas de hasta 15 años de prisión, entre ellas la privación ilegítima de la libertad. Los mantuvo presos como si fueran delincuentes peligrosos, a pesar de que las causas eran excarcelables. Hubo una clara manipulación judicial para mantenerlos detenidos.

 

La función de los despidos

 

Los despidos ya suman más de un centenar en Salta y adquieren una función política central para el gobierno de Urtubey, que así pretende intimidar a los trabajadores para que desistan de luchar por sus fuentes laborales y por la defensa de sus condiciones de vida.

 

Urtubey, amparado en la política antipopular de Macri, sostiene a intendentes que llevan a fondo el ajuste, mientras los libros de los municipios siguen bajo llave. Este operativo antiobrero del gobierno provincial va en sintonía con su cooperación con el macrismo.

 

El rol de las bancadas del Partido Obrero ha sido clave para impulsar la movilización popular. Los legisladores del PO acompañaron a las familias; se entrevistaron con los detenidos y denunciaron la arbitrariedad de las detenciones; y, por supuesto, advertieron a la población sobre el carácter del ajuste que se quiere imponer y lo imperioso de librar batalla para derrotarlo.

 

En estas dos semanas hemos podido ver la veta más reaccionaria del gobierno de Urtubey pero también la reacción popular contra el intento de criminalizar la protesta. La liberación de los detenidos es una victoria de esta movilización que, encabezada por los familiares, no se hizo esperar.

Sabemos que ahora intentarán condicionarlos a través de las causas penales que siguen vigentes pero, luego de este triunfo,la lucha continúa con más fuerza por la reincorporación de todos los despedidos a la planta municipal y por su desprocesamiento.