Los tres diputados del Frente de Izquierda votamos a favor de la prohibición de propaganda que “fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual” en cualquier medio de comunicación. El voto, sin embargo, disparó un debate.

La oposición a esta norma en Diputados de parte de radicales y centroizquierdistas defendió la “oferta sexual autónoma” como parte de los derechos de las “trabajadoras del sexo”. No coincidimos. Defendemos la organización de las prostitutas contra la explotación de proxenetas y cafishios, también contra la persecución del Estado, pero no consideramos a la prostitución un trabajo a dignificar; luchamos por una sociedad que elimine esta explotación social degradante.

 

Por fuera de lo escuchado en Diputados, se ha visto en las redes una crítica desde el ángulo de la “libertad de expresión o pensamiento” en Internet. No parece el caso: no estamos hablando de la publicación de una idea en favor o en contra de la prostitución, sino de la explotación efectiva por medio de las redes de trata. La norma ataca expresamente la propaganda hecha “con fines de trata o explotación sexual”. No es lo mismo la libertad de expresión sobre cualquier cuestión u orientación referida al sexo, que la explotación sexual efectiva.

 

Una crítica interesante es que la ley “blanquea el control que por otros medios se realiza sobre las redes sociales” (Diego Rojas), es decir estaría habilitando tangencialmente una posible institucionalización de la censura en Internet y en las redes (la aplicación de la disposición dependerá del Poder Ejecutivo).

Nuestro compromiso contra la censura es total. Pero esta lucha se refiere a la libertad de expresión y no a la publicidad comercial del ejercicio de un delito común como el proxenetismo. El punto de la crítica de Rojas es la habilitación al Estado de una función que ya le corresponde, que es evitar ese delito. Se plantea que se podría exceder, pero la ley es clara en cuanto sólo se puede interrumpir el aviso en cuestión o el acceso a ese contenido en exclusividad. Esto es sobre sitios, redes sociales y medios escritos o de otro tipo, de carácter público, que no sólo el Estado sino cualquiera puede monitorear, de manera que no se habilita función de censura ninguna, hasta donde analizamos el texto concreto de la ley.

 

La ley nació de agrupaciones que defienden los derechos de la mujer. Pablo López, en su intervención denunció a quienes la adoptaron; los Larroque y compañía. Los denunció porque forman parte de un Estado y un movimiento político que dirige el Estado hace más de una década, en la que la trata crece sin pausa.

 

Votamos la ley como parte de nuestro compromiso en la lucha contra la trata y como parte de la lucha contra el Estado y los intereses capitalistas que la amparan, la lucha política cotidiana del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Para decirlo de otro modo, la ley tendrá vigencia plena bajo un Estado de trabajadores que termine con la explotación del hombre por el hombre y con ella de la explotación de la prostitución.

 

La denuncia vale no sólo para los gobiernos K, sino para todas las corrientes del sistema que viven amparando a la trata y a la explotación de la prostitución.