Una bancarrota sin red
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Sergio Massa
Los anuncios de Massa representan una aspirina para un cáncer. Con la devaluación, el gobierno asumió un rumbo de ajuste puro y duro, que impacta en salarios, jubilaciones y en el conjunto del ritmo económico. Las jubilaciones que exceden a la mínima no tienen compensación, como tampoco la tendrán los empleados provinciales de las doce provincias que no pagarán el bono -entre ellas, Santa Cruz-, los monotributistas que fueron prácticamente ignorados o los trabajadores no registrados, que sufren las consecuencias del golpe inflacionario de la devaluación. Esto en un cuadro de disparada de los precios de los alimentos y bienes de primera necesidad. Pero incluso el cumplimiento de la modesta suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas fue puesto en veremos por la UIA. La amenaza del gobierno con sanciones no tiene futuro en un cuadro donde sus propios gobernadores le dan la espalda a las medidas. El gobierno aborda una crisis de enorme hondura sin autoridad política, luego de la derrota en las Paso.
La devaluación fue la prenda secreta del pacto con el Fondo para desembolsar 7.500 millones de dólares. Ahora bien, esta suma se destina simplemente a pagar vencimientos con el propio Fondo, no apunta a recomponer el nivel de reservas, cuya caída es el problema principal que aborda la economía nacional. Las reservas cayeron, solo en 2023 y hasta julio, 20.500 millones de dólares. En comparación, en agosto, con la devaluación, el BCRA recuperó escasos 1.200 millones. A su vez, el Fondo emitió una carta que es una desautorización política del gobierno ante la burguesía y en un punto se emparenta con la rebelión de la UIA y los gobernadores.
Argentina sufre las consecuencias simultáneas de un vaciamiento financiero por la deuda y la fuga de capitales y de la sequía. El resultado es que las reservas líquidas están, de acuerdo con el FMI, 14.100 millones de dólares en negativo. La diferencia entre las reservas brutas y las líquidas consiste fundamentalmente en que las últimas no toman en cuenta los depósitos bancarios en dólares.
Estos números alarmantes se producen incluso cuando el gobierno está utilizando para el comercio exterior más de 6.500 millones de dólares del swap con China -o sea, profundizando el endeudamiento. Marca que los recursos de Massa para capear la tempestad están en vías de rápido agotamiento. Además del swap, el rojo se sostiene con una acumulación de deuda en materia de importaciones que asciende a los 38.000 millones de dólares, según datos de Ecolatina. El resultado es que el Banco Central depende de los encajes bancarios en dólares para limitar el parate de las importaciones, lo cual coloca el riesgo de una corrida bancaria. Otra parte de las reservas el gobierno las coloca en financiar la fuga de capitales a través del subsidio al dólar MEP, en el cual ya gastó 1.700 millones de dólares, sin éxito porque el alza de los tipos de cambio paralelos ya llevó la brecha cambiaria a los niveles anteriores a la devaluación, en un contexto donde suben bonos e instrumentos dolarizados. Esto a pesar de que los bancos renovaron los vencimientos de deuda con el Tesoro, aunque a costa de tasas de interés siempre al alza y en muchos casos de una indexación inflacionaria o al tipo de cambio, lo que impide su desvalorización.
La rápida inflación genera que el efecto de la devaluación sobre el comercio exterior y el conjunto de la economía se esté esfumando pocos días después de consumada, lo cual lleva a analistas a vislumbrar la posibilidad de una nueva devaluación, incluso antes de las elecciones, un golpe que podría terminar de liquidar al gobierno. La contraparte de este cuadro es que la parálisis económica ya golpea a la industria y la construcción, los dos sectores más importantes de la economía desde el punto de vista de la generación de empleo. En julio, la industria manufacturera cayó un 4,1% y de acuerdo con la fundación Fiel acumula 2,5% de retroceso en los últimos tres meses. La industria está golpeada por la parálisis de importaciones, la suba de tasas de interés y la caída del consumo. En este cuadro, las consultoras económicas están estimando una caída de la actividad económica bastante por encima del 3% en el año.
A este panorama hay que agregar la bola de nieve de las leliqs, que trae aparejado la emisión de casi 2 billones de pesos mensuales, el triple de los 700.000 millones de pesos otorgados como compensación social. Está más que claro a dónde va a parar la emisión monetaria y dónde está la fuente de la disparada inflacionaria.
Esta catástrofe es un resultado directo de la política del gobierno y del vaciamiento financiero del gran capital. El Fondo colocó al gobierno nuevas exigencias: más devaluación, topes salariales, ajuste fiscal y tarifazos. Le cobra muy caro el precario sostén que mantiene al gobierno nacional, al tiempo que mantiene una agenda de ajuste con el repago de la deuda como prioridad. Es claro que avanzar en esta dirección echa leña al fuego de la crisis sin abrir un cauce de recuperación.
Por el lado opositor, la novedad es que Marra salió a aclarar que la dolarización que promueve Milei “no se haría en un primer mandato”, convergiendo así con el planteo de levantar el cepo con un shock de ajuste que pregona Melconian y la tropa de la Fundación Mediterránea que se encolumna con Bullrich. Milei denunció a Juntos por el Cambio por promover que el Fondo deje de financiar a la Argentina, provocando la chispa final para un estallido económico, que desataría una hiperinflación. Pero tanto él como Bullrich especulan con que una hiper termine de licuar los salarios y las jubilaciones para avanzar en un plan de estabilización, que incluiría, según las variantes, despidos masivos, privatizaciones, un ataque a fondo al sistema jubilatorio y los convenios colectivos. Sería el punto de partida de una reorganización económica sobre la base de concentrar los negocios de la burguesía en las áreas de mayor productividad o exportación, liquidando parte de los sectores capitalistas que se mantienen por vías directas o indirectas bajo el ala del Estado, una agenda plagada de choques y quiebres internos, que tendrán su contraparte en crisis políticas. Este programa requerirá mucho más que los pactos con la burocracia sindical a los que recurrió el macrismo en su mandato: requiere una salida de fuerza para imponer una ofensiva de fondo contra el movimiento obrero.
Está claro que, para la clase obrera, ponerse en acción es una cuestión elemental de supervivencia: la crisis plantea un enorme retroceso social en una situación que ya es crítica. Los recursos del gobierno y la burocracia para contener la situación se van agotando a medida que avanza la crisis. Planteamos organizarse en asambleas por un paro nacional por aumento salarial de emergencia, la indexación de salarios y jubilaciones, la reapertura de todas las paritarias, la apertura de los programas sociales y por la derrota de este plan de ajuste. Y un congreso de delegados electos por la base de los sindicatos y organizaciones populares para impulsar esta perspectiva y plantear una reorganización social en base a priorizar los reclamos de los trabajadores.
https://prensaobrera.com/politicas/gabriel-solano-milei-es-un-fascista-que-ataca-al-socialismo-para-justificar-el-avance-contra-las-condiciones-de-vida-del-pueblo