Uno de los focos principales de crisis en la transición de gobiernos radica en la continuidad o no de los funcionarios que ocupan áreas del Estado que son, al menos formalmente, independientes del Poder Ejecutivo. Entre ellas se destacan el Banco Central, la Procuración General y el AFSCA. Es sabido que los actuales funcionarios pretenden quedarse en sus cargos, a pesar de que el gobierno que los designó perdió las elecciones. Alejandro Vanoli, Alejandra Gils Carbó y Martín Sabbatella afirman que su mandato no vence el 10 de diciembre y deben cumplir con la totalidad del mismo. El argumento al que se echa mano contradice la posición del propio kirchnerismo, que había defendido el carácter “militante” de estos funcionarios. Se trató de un relato funcional al desarrollo de un régimen de tipo bonapartista -es decir basado en el poder personal y de su camarilla.

 

Pero la contradicción de argumentos también está presente en el macrismo. Desde las usinas del PRO se insistió recurrentemente en la necesidad de la independencia del BCRA, así como de la jefatura de los fiscales y del organismo encargado de manejar los medios. El pedido de destitución de los actuales funcionarios, porque responden al gobierno saliente, delata la intención de repetir la misma cantinela.

 

Sturzenegger en el BCRA y quienes nombre Macri en la Procuración General y en el AFSCA serán tan ‘independientes’ como lo han sido Vanoli, Gils Carbó y Sabbatella. El único punto de diferencia entre la “dependencia” de Vanoli y la ‘independencia’ de Sturzenegger es que el primero pagó la deuda externa usando las reservas del BCRA y su sucesor lo hará tomando nueva deuda. Pero la diferencia acá también debe relativizarse, pues los swap dados por China en este último año también constituyen una deuda que deberá ser oportunamente afrontada.

 

En relación al AFSCA, el cambio de funcionarios que reclama el macrismo anticipa que buscará establecer un dominio similar al que el kirchnerismo quiso imponer sobre los medios de comunicación. El manejo de la pauta publicitaria de la Ciudad repite, aunque a socios distintos, la discrecionalidad que el kirchnerismo utilizó con la pauta del gobierno nacional. Es probable, también, que se avance en una nueva ley de medios, algo que el propio gobierno actual dejó picando al replantear la participación de las telefónicas en el negocio audiovisual.

 

La conclusión de fondo de esta disputa es que pone de manifiesto la tendencia acentuada al establecimiento de gobiernos de camarilla, con relativa independencia del personal político que ocupe coyunturalmente la Casa Rosada. Esta tendencia se basa en la incapacidad de la clase capitalista de gobernar a través de las instituciones representativas, especialmente el Congreso que en el sistema actual oficia de “representante del pueblo” (Diputados) y de las “provincias” (Senado). Vale recordar que el kirchnerismo gobernó de manera consecutiva valiéndose de la “emergencia económica”, por la cual el Congreso cede funciones al Ejecutivo. Y ahora Macri echará mano también a ese recurso (valiéndose de la extensión de la “emergencia” hasta 2017 votada por el kirchnerismo), como lo anticipa el anuncio de que no convocará a sesiones extraordinarias del Congreso -o sea, gobernará por decreto.

 

La demagogia democratizante del derechista Macri no debe confundir a los trabajadores sobre lo que realmente está en juego. La bancarrota económica y la aplicación de un ajuste para descargarla sobre las espaldas del pueblo es incompatible con un funcionamiento político democrático.