La medida cautelar dictada esta semana por una jueza de la Seguridad Social, que ordenó a la Anses mantener el “reajuste de haberes” que le acordara (por seis meses) de manera unilateral a un jubilado que se halla en juicio por actualización de sus haberes hasta que se efectivice esa sentencia judicial, tiene una enorme trascendencia. Esto porque, además de evitar que el beneficiario pierda ese aumento, muestra el carácter extorsivo de la política oficial.  

Sucede que una importante cantidad de jubilados mayores de 80 años o con enfermedades terminales, entre otras condicionantes, y  que, en muchos casos, lleva años litigando contra el gobierno por los haberes mal liquidados, se encontró con la sorpresa de que la Anses le depositó una cantidad arbitraria de dinero en sus respectivas cuentas con la condición de que, en un plazo máximo de 6 meses, acepten la estafa de la Reparación Histórica y renuncien al juicio entablado o, de lo contrario, les será retirado el aumento. 

Se trata de una verdadera extorsión ya que, en lugar de abonar lo que les corresponde a esos jubilados, que transitan situaciones críticas, la Anses primero les aumenta su haber y luego los amenaza con quitarle el incremento, como una forma de chantajearlos para que abandonen la defensa de sus derechos.

El fallo que, por ahora, solo tiene el carácter de una medida cautelar, destaca que, con el aumento unilateral, “la Anses reconoce que ha liquidado mal el haber del jubilado” y que, por lo tanto, “tiene una deuda con él”. Y que eso es lo que llevó al jubilado a iniciar el juicio. El fallo sostiene que, por esa razón y por la precaria situación de esos jubilados, el aumento otorgado por el organismo debe quedar como adelanto de lo que le corresponda cobrar cuando concluya el fallo judicial.

En opinión de Guillermo Jáuregui, abogado especialista en temas previsionales, “si este fallo se generalizara, se estaría modificando la ley de Reparación Histórica convirtiendo el ajuste en un pago a cuenta sin necesidad de desistir del juicio” (Clarín 9/6).

Extorsión a granel

El carácter extorsivo del gobierno alcanza, en realidad, al conjunto del programa de la Reparación Histórica. Impulsada por el gobierno -con el apoyo de buena parte de la oposición peronista- tiene el objetivo de presionar a la masa de jubilados que tiene juicios en marcha para que los abandone y acepte la oferta oficial que, en promedio, alcanza a entre el 12 y el 15 por ciento de lo que le correspondería cobrar al jubilado por el fallo judicial. 

Con la estafa de la Reparación Histórica el gobierno pretende liquidar esos justos reclamos de los jubilados de aumentos en sus haberes, dados los cálculos a la baja en las liquidaciones que ha realizado la Anses a lo largo de los años. 

La forma perversa de extorsión consiste en prolongar por años los juicios y ahora con una apelación masiva de los mismos ante la Corte Suprema que no tiene plazo para fallar. Hasta ahora, el máximo tribunal ha evitado pronunciarse ante la última maniobra de la Anses, que le reclama la aprobación de un cambio en el índice de actualización de los haberes pasados, que es el que se utiliza para calcular lo que le corresponde pagar en los juicios, para aplicar uno que reduce sustancialmente la deuda, el nuevo haber y la retroactividad.

Esto en el marco en el que, habitualmente, los juicios tardan un promedio de 6 a 8 años antes de esta última maniobra del Anses de recurrir a la corte para seguir estirándolo. Cuando finalmente llega la sentencia, la vulnerabilidad del beneficiario suele ser alta y sobre eso se asienta la perversa extorsión del gobierno.

Al respecto, Jáuregui destacó que la “litigiosidad previsional es un invento argentino”, “no conozco ningún otro país en el mundo”, dijo, donde se condene “a todos los jubilados a iniciar un juicio para cobrar correctamente su beneficio” (Clarín 10/6).

El acuerdo con el FMI va a profundizar esta ofensiva oficial contra los jubilados actuales y futuros. 

El Partido Obrero y la agrupación Jubilados Clasistas reclamamos que la Anses pague de inmediato todos los juicios pendientes.

Defendemos el derecho a una jubilación equivalente al 82% móvil del salario en actividad y planteamos la actualización mensual de los haberes por inflación. 

Reposición del aporte patronal reducido -del 15 al 11 por ciento- por Domingo Cavallo en 1994 y mantenido por todos los gobiernos posteriores.