30/03/2000 | 660

Una ciudad para los pulpos especuladores

A la caza desesperada del voto, Ibarra y Cavallo han salido a hacer demagogia con la promesa de rebajar impuestos. Después del impuestazo nacional que sustrajo más de 4 mil millones de dólares a los asalariados, el planteo revela la fuerte dosis de cinismo de los candidatos patronales. Es oportuno recordar que ese impuestazo fue apoyado por la totalidad de los grandes capitalistas, porque su destino es pagar la deuda externa y especialmente las supuestas deudas del Estado con los monopolios de la exportación y con las grandes contratistas. Los primeros recibieron 400 millones de dólares en concepto de una deuda por IVA y a los segundos se les dio 300 millones de dólares a cambio de una rebaja insustancial de los peajes. Los Roggio y los Techint saludaron, entonces, el impuestazo e incluso lo acaban de hacer los banqueros desde New Orleans, durante la reunión internacional del BID. En especial el Citibank (ver Clarín, 28/3).


Pero, ¿es verdad que pretenden bajar impuestos? Segundo: ¿En beneficio de quiénes?


La Alianza, por boca de Enrique Olivera, anunció no una rebaja de impuestos sino exenciones impositivas (lo cual es otra cosa) exclusivamente para quienes inviertan en la zona sur de la capital. No se trata entonces de un beneficio para los asalariados, que seguirán pagando más de un 25% de sus ingresos por impuestos a los productos que consumen, ni tampoco beneficiará a los comerciantes que deben pagar alquileres, impuestos inmobiliarios y tasas francamente confiscatorios.


La finalidad de las exenciones de la Alianza es harto transparente: es permitir que los bancos y las constructoras aprovechen el retraso del desarrollo urbano de la zona sur, para construir sobre terrenos que ya han comprado a precio basura emporios edilicios que les reportarán beneficios enormes (¡con subsidios impositivos que pagará el conjunto de sus habitantes!). Esto significa que un mayor número de trabajadores será expulsado de esas barriadas, ya que (hablando con un lenguaje de mercado), si pagan impuestos enormes y si están obligados a pagar tasas usurarias por créditos para construcción o refacción de viviendas, no podrán competir con los pulpos que estarán exentos de todo tipo de gravamen y que cuentan, además, con una financiación privilegiada.


Todo esto tiene más vigencia todavía en lo que atañe a las villas, porque la Alianza limita el derecho de sus habitantes a un plan de urbanización, a aquellos que ganen entre 600 y 800 pesos por mes como mínimo, cuando una mayoría de ellos se encuentran desocupada.


El anuncio de la Alianza confirma la veracidad de la denuncia que está contenida en el programa del Partido Obrero, de que la política oficial para la zona sur pasa por la expulsión de sus trabajadores y por la vía libre para la especulación bancaria-inmobiliaria. Cavallo, por su lado, habrá de hacer un anuncio más o menos similar al momento de salida de esta edición de PO. Son astillas del mismo palo.


El Partido Obrero rechaza esta confiscación económica de los trabajadores y residentes de la zona sur y plantea un plan de desarrollo zonal financiado por el Estado, bajo el control de los propios trabajadores. Lo mismo planteamos para las villas, además de que se reconozca la propiedad del terreno a sus habitantes. La prioridad de este plan debe apuntar a la construcción y refacción de viviendas; al otorgamiento de créditos con tasa de interés real nula; y al desarrollo de grandes centros culturales, en lugar de shoppings, así como de centros de formación educacional y de creación industrial.


Cavallo-Beliz


A la promesa de negociados para los especuladores bancario-inmobiliarios, la dupla que apoyan Rico y Ruckauf pretende agregar una rebaja del impuesto a los ingresos brutos, el cual grava el giro comercial. ¿A quién beneficia esto sino a los supermercados y a los shoppings centers, que monopolizan el comercio de la Capital Federal? La reducción o eliminación de ingresos brutos no mejora ni una pulgada la capacidad del pequeño comercio para hacer frente a la competencia ruinosa de esos monopolios. Es decir que «la ciudad para todos» del cavallismo significa exactamente lo contrario.


El programa del Partido Obrero clarifica definitivamente este problema cuando plantea un aumento general de los salarios para los trabajadores de los supermercados y comercios grandes y pequeños, a partir de un mínimo de 600 pesos para ocho horas de trabajo, y cuando plantea un impuesto inmobiliario progresivo, que grave más a los capitales mayores, a partir de un impuesto cero para la vivienda única del trabajador así como del comercio que no supere un mínimo de giro comercial.


Dentro de los varios grupos de oposición electoral a Ibarra y a Cavallo no existe ninguno que tenga la capacidad política para esclarecer, como lo hace el programa del PO, los verdaderos objetivos confiscadores de esta dupla igualmente servicial de los grandes capitalistas y manipulada por el FMI. Es que simplemente no tienen un análisis clasista de la sociedad ni de las tendencias del capitalismo. Los programas de Ibarra y de Cavallo tienen en común el objetivo de culminar la tendencia privatizadora expulsando a los trabajadores que quedan en la ciudad de Buenos Aires.

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