La comisión de situación política del XXVII Congreso Nacional del Partido Obrero debatió la aceleración de la crisis del país y cómo intervenir en ella, en medio de una agudización de la depresión económica internacional y de los choques que dominan el mercado mundial. En una comisión de 60 delegados, una treintena de intervenciones de compañeras y compañeros de doce provincias distintas condensaron debates y aportes importantes al documento político y al manifiesto propuestos por la dirección nacional saliente, tras el informe de apertura del congreso de Gabriel Solano y un informe inicial de la comisión de Néstor Pitrola.

La comisión evaluó que el gobierno de los Fernández está golpeado y debilitado. El punto de partida del análisis fue el fracaso de la premisa del gobierno de Alberto Fernández, que aspiraba a ordenar las variables de la economía nacional luego de acordar la reestructuración de la deuda con los bonistas. El agravamiento de la fuga de capitales y la corrida cambiaria que le siguieron inmediatamente, y que amenazan con convertirse en una corrida bancaria por el retiro de depósitos, refutaron rápidamente aquella premisa. El supercepo sumó un nuevo fracaso en el intento de contener el drenaje de reservas del Banco Central, y la baja de retenciones y demás medidas anunciadas por Martín Guzmán para estimular las exportaciones no torció tampoco el rumbo hacia una depreciación en regla del peso. En este cuadro, la devaluación llegará como producto de la deriva de la política oficial y agravará las contradicciones -por ejemplo, encareciendo las deudas provinciales y corporativas.

Esto mantiene en un nivel histórico la brecha cambiaria entre la cotización oficial del dólar y los tipos de cambio alternativos, lo cual paraliza una economía ya sumida en una profunda recesión. Los delegados pusieron en claro que el virtual desdoblamiento cambiario pone presión a los precios al tiempo que frena el movimiento económico. Por lo tanto, los trabajadores lo sufren con inflación y la multiplicación de los despidos, suspensiones, recortes salariales y ataques de las patronales a los derechos laborales. Las consecuencias de la desorganización económica se descargan sobre la clase obrera. La lucha por la tierra y la vivienda, que tiene en la toma de Guernica un emblema, es un emergente de esta situación de pauperización social y respuesta popular.

¿Faltan dólares o se los llevan?

También se consideró falso el supuesto de que el problema de Argentina es la falta de dólares. El superávit comercial, que rondó los 15.000 millones de dólares (por el derrumbe de las importaciones), corrió paralelo a la caída de las reservas internacionales. Los aproximadamente 10.000 millones de dólares en granos que están retenidos por los sojeros y las exportadoras, o el hecho de que los capitalistas tengan colocadas divisas afuera del país por un monto que equivale al PBI argentino son otras refutaciones de ese supuesto. El problema es que los capitalistas, nacionales y extranjeros, saquean sistemáticamente las riquezas producidas por el país.

Esto llevó al cuadro sin precedentes en que caen abruptamente la cotización de bonos recién canjeados, cuyos vencimientos acaban de ser estirados en el tiempo. El default sigue sobrevolando. El fracaso de la política del gobierno agrava los choques al interior de la coalición oficial, entre albertistas, kirchneristas y massistas -crisis que cobró expresión concreta en el alejamiento de Alicia Castro tras el voto con el imperialismo al informe de Bachelet contra el régimen de Maduro en Venezuela-, incluyendo las presiones por un cambio de gabinete.

Dos precisiones resultaron nítidas en el debate. Que no se trata solo de un presupuesto de ajuste 2021 que se está dibujando para el FMI. Es así, pero el punto es que ahora mismo se está ejecutando un severo ajuste mediante la discrecionalidad de gobernar con el Presupuesto 2019 de Macri, un recurso contra la obra pública, la salud y la educación. Aún el gasto en la pandemia ha sido uno de los más bajos en términos de PBI de los países de la región, mientras los intereses de las Leliqs llevan acumulados 500 mil millones de pesos, largamente superiores al gasto en IFE. La otra conclusión del debate fue que las reformas laboral y previsional, como los tarifazos, son la agenda de la propia clase capitalista con la cual gobiernan los nacionales y populares, que coincide con la del FMI y con las tendencias continentales de la burguesía.

Tensión social y luchas obreras

Las luchas obreras, antirrepresivas, ambientales y de la mujer trabajadora se van abriendo paso lentamente ante el enorme operativo de contención de la burocracia sindical y la cooptación estatal de un sector del activismo -creación de ministerios de Mujer y Ambiente. En el debate, la comisión identificó distintos puntos de ruptura de esa contención. El pacto social que se intenta oficializar, involucrando a todas las alas de la burocracia y al centroizquierda, coloca a la izquierda como la única capaz de impulsar de manera consecuente la pelea por todas las reivindicaciones del movimiento popular. Esta circunstancia se transforma en un desafío y una oportunidad al mismo tiempo para la izquierda revolucionaria. El debate mostró un desarrollo de agrupaciones y reagrupamientos que impulsa el partido, más o menos molecular según los sectores.

Numerosas intervenciones resaltaron la importancia de las luchas contra la brutalidad policial, que se ha agravado al calor del crecimiento del hambre y la pobreza. Que Kicillof y Berni, quienes se encuentran entre los máximos exponentes del kirchnerismo, aparezcan directamente asociados al reforzamiento represivo en una de sus versiones más podridas de la mano de la maldita Bonaerense, y como responsables políticos directos del crimen de Facundo Castro y su encubrimiento, fue valorado como la oportunidad de una tenaz lucha política. Se valoró el éxito del encuentro antirrepresivo que impulsó el partido y se votó una resolución especial de campaña por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, enjuiciados por participar de la movilización popular que repudió el robo a los jubilados de diciembre de 2017, y por el fin de la persecución a Sebastián Romero.

Nacionalizar los recursos estratégicos

Entre los aportes se incluyó una mención a la crisis energética que atraviesa el país. Alberto Fernández pretende evitar que se le escapen dólares mediante la importación de energía, y para ello incurre en subsidios y reducciones impositivas en favor de los pulpos petroleros, pero la inversión está estancada. Más aún, las patronales festejan el haber alcanzado la misma producción con la mitad del personal. A la cabeza de los despidos y de la ofensiva para flexibilizar nuevamente el convenio colectivo petrolero se encuentra la propia YPF, de mayoría accionaria estatal, que busca reducir un 30% sus costos operativos a costa de los trabajadores. En ese plano como en las telecomunicaciones se votaron campañas por la nacionalización de esos recursos estratégicos bajo control obrero. Parte integral del programa urgente de salida de los trabajadores.

Otras compañeras y compañeros destacaron especialmente el principio de disgregación del frente de los gobernadores. El colapso sanitario y los cimbronazos políticos que lo acompañan, y el empantanamiento de las renegociaciones de la deudas provinciales, son el telón de fondo de los límites de la tentativa del Presidente de “gobernar con los 24” mandatarios. Los gobernadores ocuparán en el próximo período la vanguardia ajustadora, al calor de sus profundos déficits fiscales, y recobrarán centralidad las disputas por la coparticipación. En el marco de las luchas provinciales que arrancaron con el “Mendozazo” triunfante contra la megaminería, se puso el foco en el cacerolazo de Orán, que se ha extendido a Aguaray en Salta, donde la población reaccionó frente al colapso sanitario al grito de “que se vayan todos”.

El debate puso de manifiesto también el impasse dentro de la oposición patronal. Mientras Macri y Bullrich obran como ala derechista radical de Cambiemos, buscando explotar el descontento creciente de un sector de la burguesía (como la Mesa de Enlace) y la pequeña burguesía -una de cuyas manifestaciones fueron las concentraciones anticuarentena-, Larreta acaba de freezar la mesa política del frente opositor en función de una posición más de centro y que aspira a confluir con sectores del peronismo que tiendan a diferenciarse de Alberto Fernández. El sector de Espert, Milei y López Murphy, a su vez, trata de desarrollar una línea bolsonarista de ataque a los partidos de gobierno, buscando capitalizar la bronca popular.

Un tema que apareció de manera recurrente en el debate fue la cuestión ambiental, cuando es evidente que el gobierno ha adoptado un curso de agudización de la primarización económica, cuyos principales beneficiarios son los pulpos depredadores. La rebelión mendocina contra la “ley cianuro” fue la primera movilización popular de masas durante el mandato de Fernández y puso en la picota por igual al gobierno provincial de la UCR y al PJ que se le asoció en esta intentona. La baja de retenciones a las mineras estimula ese lobby por habilitar la explotación en aquellas provincias donde los pueblos la han bloqueado (Mendoza, Chubut).

Los beneficios para incentivar la liquidación de la cosecha intensificarán los efectos nocivos de los agronegocios; cuando los incendios arrasan bosques nativos y humedales en todo el país (Delta del Paraná, sierras de Córdoba), el gobierno busca firmar el acuerdo porcino con China y viene de aprobar la utilización del trigo transgénico HB4 (resistente a agroquímicos altamente tóxicos), presionarán por seguir expandiendo la frontera agropecuaria. Esa política empieza a agrietar hasta los agrupamientos que fueron cooptados por el Estado y abre la posibilidad de un gran desarrollo independiente del movimiento; la integración de la centroizquierda al gobierno nacional es una oportunidad adicional de la izquierda de crecer en influencia con un programa de clase.

La oportunidad y la responsabilidad de la izquierda

El resultado de la experiencia macrista y el rápido fracaso de la nueva tentativa nacionalista expresan la incapacidad de la burguesía argentina de sacar al país de la recurrencia permanente a caer en crisis cada vez más profundas; el capitalismo argentino está sumido en una decadencia secular. Solo la clase obrera puede ofrecer una salida de fondo a esta crisis, en base a una reorganización económica sobre nuevas bases sociales. La defensa consecuente de los reclamos populares está necesariamente asociada a la construcción de una alternativa política de los trabajadores, tarea que exige del Frente de Izquierda una intervención decidida hacia las masas, para separarlas del nacionalismo burgués, cuando se avecina una nueva oleada de rebeliones populares en toda Latinoamérica. La crisis argentina se procesa en esa América Latina, marcó el debate de la comisión, y nuestro rol es promover la intervención de conjunto de la clase obrera y los explotados. Ese es el objetivo estratégico por el cual lucha el Partido Obrero.

Se votaron dos grandes planteos al Frente de Izquierda. La urgente intervención política mediante una campaña de actos y movilización política en todo el país que definitivamente no puede esperar más. Algo que ha sido retrasado, en particular por el PTS con distintas excusas, que implican diluir el rol del Frente en la situación política en una ficción movimientista que resulta objetivamente en una adaptación al gobierno al que no ponen a la cabeza de la agenda de la burguesía y del FMI, sino como un “progresismo inconsecuente” frente a la derecha. Un despropósito, cuando esa derecha está atravesada por una crisis todavía mayor que el gobierno después del fracaso macrista.

En segundo lugar, que el Frente de Izquierda dé continuidad a la gran Conferencia Latinoamericana y de Estados Unidos mediante una nueva convocatoria para intervenir en la “segunda ola de la rebelión latinoamericana”, que el debate considera ya en desarrollo en Chile, Colombia y en la huelga y cortes de ruta recientes contra el golpismo boliviano.

Con esta perspectiva se aprobaron como consignas directrices: “No al pacto con el FMI. Por una salida de los trabajadores a la crisis. Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”.