Tucumán está en una situación terminal. A 10 días de las elecciones provinciales, el gobierno de Ortega declaraba carecer de fondos para pagar los salarios de mayo. Sólo la amenaza de una revuelta hizo el “milagro” de que los fondos aparecieran.

Desde el 14 de mayo, Tucumán había dejado de recibir los fondos de Cooparticipación, que eran retenidos por la Tesorería de la Nación por los adelantos efectuados en mayo. El propio secretario de Gobierno tuvo que reconocer que el gobierno venía endeudándose con el banco Nación o la banca privada, poniendo a la Coparticipación como garantía, y que ahora no sólo es casi imposible conseguir nuevo crédito, sino que la banca acreedora está exigiendo el pago de lo adeudado. La Tesorería de la provincia, por otro lado, está sobreendeudada con el propio Banco Provincia, al que le debe más de 60 millones de pesos (30 más de lo permitido por ley), el cual está reteniendo los aportes previsionales. La Coordinadora de Jubilados Provinciales ha denunciado que la provincia le debe al IPSS 350 millones de pesos y como resultado de ello tampopco se efectúan los aportes al Subsidio de Salud (la obra social más importante de la provincia), que desde hace 5 meses no paga las órdenes, por lo cual los médicos han amenazado con dejar de atender a sus beneficiarios.

La bancarrota de las finanzas públicas se combina con la crisis de los ingenios, ya que sólo se ha asegurado un tercio de la financiación para la presente zafra y eso podría llevar a que algunos ingenios se vean obligados a romper los acuerdos de comercialización del azúcar y a volcar al mercado los stocks, con lo que el precio se iría a la lona. En la zafra pasada, el gobierno provincial consiguió créditos de la banca internacional y nacional por medio de la Caja Popular. Con la crisis del ingenio Fronterita, la Caja tuvo que hacerse cargo de la devolución del crédito. Lo grave es que prácticamente todos los ingenios están completamente sobreendeudados. En ese cuadro, el Banco Mundial acordó con el gobierno nacional y provincial un crédito de 90 millones de dólares para financiar un proceso de reconversión, con el objetivo de cerrar los ingenios insolventes. Con este plan crecerá el endeudamiento estatal y a niveles inauditos la desocupación obrera y la ruina definitiva de importantes franjas de pequeños cañeros.

El ministro Ríos acaba de declarar que con las privatizaciones no se sale de la crisis, confesando que sus futuros ingresos ya están comprometidos ante los créditos que se han tomado en los últimos meses. Ahora pretende ir a fondo con los despidos, las jubilaciones anticipadas y la disminución de los salarios, y la transferencia de la Caja. El gobierno ya intentó, el año pasado, adoptar medidas de esta naturaleza pero tuvo que dar marcha atrás ante la reacción generalizada de los trabajadores. Por eso Ortega ha venido impulsado un pacto de gobierno con el bussismo y la UCR, para asegurar que luego del 2 de julio y hasta diciembre haya una mayoría legislativa dispuesta a votar el paquetazo contra los trabajadores. Tanto Bussi, como Campero y Olijela Rivas quieren que el acuerdo de cogobernabilidad se extienda al próximo gobierno, e incluso Bussi propuso la formación de un gabinete de coalición con el PJ y la UCR.

Gane quien gane, no tendrá mayoría legislativa y, en muchos casos, los representantes de los partidos serán de distintos sublemas. La desconfianza de un sector del gran capital en un gobierno justicialista, que se presenta con más de 600 sublemas, ha llevado a que crecieran las posibilidades de Campero, de la UCR, un hombre que como rector de la UNT promovió la entrega del mayor patrimonio de la universidad tucumana, los yacimientos de Bajo la Alumbrera, a los pulpos mineros internacionales.

El propio curso de la crisis nacional conduce a la adopción de medidas que agravarán en todos los sentidos la catástrofe social. En el mes de junio, los trabajadores municipales, estatales, docentes, trabajadores de la salud, estuvieron de paro y movilizándose y, en muchos casos, ocupando los lugares de trabajo, como ocurrió en DIPOS. También el movimiento estudiantil universitario y secundario ha ganado la calle masivamente y, en muchos casos, ocupando las facultades y colegios, y algo muy importante, formando una “Coordinadora” que ha permitodo superar el bloqueo de la burocracia estudiantil. A su vez los trabajadores azucareros del ingenio Concepción pararon y obligaron a la FOTIA a tomar el reclamo de pelear un aumento salarial del 20%.

Este proceso de lucha se ha dado al margen de la Asamblea de Trabajadores (CTA), que sólo atinó la semana pasada a convocar a una movilización de dirigentes. La tarea inmediata pasa por unificar una lucha común de los trabajadores y la juventud por los reclamos imperiosos (aguinaldo, pago completo de los salarios, etc.) y, en ese marco, preprarar las condiciones para la realización de un Congreso de Trabajadores para votar un programa de salida, en función de los intereses de los explotados: confiscación de los ingenios y grandes fincas cañeras, control obrero y de los cañeros trabajadores; anulación de las privatizaciones de DIPOS, EDET, funcionamiento bajo control de los trabajadores; apertura de los libros del Banco Provincia para verificar el destino de sus fondos y proceder a su recuperación por medios compulsivos; impuestos a los beneficios capitalistas, etc. En definitiva, un plan obrero que permita rescatar los recursos financieros y productivos y por esa vía asegurar el salario, las fuentes de trabajo, la educación y salud gratuitas.