En Buenos Aires, el ajuste presupuestario no sólo tiene como consecuencia el retroceso salarial de los trabajadores estatales y el congelamiento de las obras públicas. También se está cobrando víctimas, deteriorando su salud o llevándose sus vidas. Desde el Hospital de Oncología de Lanús, nos enteramos de la suspensión en la recepción de las recetas por el Banco de Drogas, de unos 3.000 pacientes que no tienen ninguna cobertura social, desde el 30 de enero al 18 de marzo pasado, en toda la provincia de Buenos Aires. Esto significó la demora de su tratamiento durante ese tiempo, en una enfermedad que no espera y con denuncias de fallecidos por falta de estas drogas, según referencias de la comisión de pacientes y familiares. El daño es incalculable y las consecuencias finales de estos hechos sobre la salud y la vida son difíciles de cuantificar. Es como la bomba de Hiroshima: los que no murieron inmediatamente continuaron deteriorándose y complicándose, y fallecieron finalmente años después. Durante cincuenta días, el ministerio decidió taparse los ojos, oídos y boca. La madre de todos estos dramas es el miserable presupuesto de salud que impide la compra de medios, insumos y medicamentos, que no puede evitar el deterioro edilicio progresivo de los hospitales ni revertir el grave déficit de personal y su éxodo, que mantiene tercerizados y en negro a gran parte de los trabajadores. Esta es la sintonía fina reclamada por la presidenta Cristina Kirchnner: aumento de los impuestos, disminución de los gastos sociales, pago de la deuda externa. Respuesta popular Si esta situación no se prolongó más, fue por la decisión de este grupo de pacientes y familiares, apoyados por los trabajadores del hospital y los gremios respectivos, que decidieron organizarse y dar a conocer a la opinión pública este crimen social. Su primera movilización fue el 18 de marzo hasta la municipalidad, junto a la denuncia a los medios de difusión y al intendente Darío Díaz Pérez, quien, por su parte, decidió dejar a estos pacientes a la deriva. "Justo" ese día, se levantó el bloqueo en la recepción de drogas desde el ministerio, y comenzaron a recibirse cantidades crecientes de estas medicaciones, aunque insuficientes, para el tratamiento de los pacientes afectados. Pero ellos ya han decidido tomar el porvenir en sus manos. No confían en estos funcionarios. Exigen que los responsables se hagan cargo del daño producido, se tomen las medidas que correspondan y que tengan los medios y métodos para controlar la provisión de drogas, y asegurarse así el "nunca más" a este nuevo drama social. Fue por eso que decidieron concentrarse en las puertas del Ministerio de Salud, el 4 de abril, por estos puntos, e invitaron a participar a los gremios, las organizaciones sociales y de derechos humanos y a los partidos políticos sensibilizados por este hecho. Compartimos todo este camino de lucha junto a los pacientes y sus familiares.