Uno de los capítulos de la ley ómnibus enviada por el gobierno al Congreso es la denominada “emergencia sanitaria”. El título engaña: a lo largo de 23 artículos no hay una sola medida que responda a las verdaderas urgencias del sistema de salud público y, por el contrario, se refuerza y premia a los agentes privados de la salud.  

La completa ausencia de medidas concretas para la pretendida mejora en “el acceso y la calidad” de la atención sanitaria contrasta con el reciente acuerdo con los laboratorios, que consagra un incremento de los precios de los medicamentos superior al 80% a lo largo del año y convierte en letra muerta toda pretensión de facilitar (ni hablemos de garantizar) el acceso a ellos. 

El punto central del proyecto es que refuerza las facultades del Ministerio de Salud (y por lo tanto de su titular, Ginés González García) para que “instrumente políticas”, “proponga alternativas”, “elabore propuestas” para “paliar necesidades básicas de atención en salud”, que no se sabe en qué consistirán. Lo que sí se explicita es, por ejemplo, la instrucción al Consejo Nacional Consultivo de Salud a “alcanzar los consensos sectoriales necesarios para la instrumentación de las políticas sanitarias”. Es decir, acordar una política con las prepagas, clínicas privadas, laboratorios, gerenciadoras… Lo que convierte todo lo demás en letra muerta, porque el lucro capitalista sobre la salud se opone por el vértice a la defensa del acceso universal a la salud como un derecho.

Lo mismo vale para el promocionado Plan Federal de Salud, que debería servir para promover la “equidad, el acceso y la calidad” en la atención en salud, ¡pero -de nuevo- ni una sola disposición de qué medidas va a impulsar! 

En todo el articulado de la ley, ni por asomo se toma alguna medida que revierta la descentralización del sistema de salud nacional que, desde la dictadura hasta hoy, a ningún gobierno le interesó modificar. Por eso, esta ley “invita a las provincias” a que establezcan como prioridad la asignación de recursos al “sector salud” -lo que no puede ser más que una generalidad que deja la disposición a criterio de los gobernadores que han desfinanciado y destruido la salud pública en cada una de las provincias. 

Asimismo, la ley crea una comisión inter-ministerial (salud, economía, administración federal de ingresos públicos) para que analice el impacto de la carga impositiva y tributaria del sector. Huele a exenciones para clínicas privadas, prepagas, laboratorios.

Un aspecto particularmente alarmante es que mientras no se aumenta el presupuesto público, sí se habilita expresamente el financiamiento por la vía de “organismos internacionales, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, u otros países”. Un avance privatista en sintonía con el ajuste fiscal que tiene como variable de ajuste a la población trabajadora y sus derechos, para concentrar los recursos del Estado en el pago de la usurera deuda externa. Pero lejos de un “desendeudamiento”, llevan a reforzarlo, porque quieren financiar la salud pública contrayendo nueva deuda con organismos de crédito internacionales ¡para comprar insumos!

Detrás de esta emergencia se nota la pluma de los lobbies de la salud. Por ejemplo, se dispone una amplia moratoria de créditos adeudados, tanto al sector público como privado. Es el colmo mientras ajustan a los jubilados y los trabajadores.

Para completar, suspenden por un año la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas, al Programa Médico Obligatorio (PMO): un recorte liso y llano que blinda a prepagas y a obras sociales que contratan con los sanatorios privados. Los avances de la medicina moderna van a estar prohibidos para los asalariados que dependan del PMO.  

En definitiva, ni cese de la precarización laboral a las que están sometidos miles de profesionales de la salud, los residentes y concurrentes; ni presupuesto para la infraestructura de hospitales y salitas, ni para el pleno funcionamiento de los laboratorios, ni para la compra de insumos y equipamiento; ni reincorporación de los despedidos como en el Hospital Posadas.  Defender la salud pública es luchar por este piso mínimo de urgencias. La emergencia del gobierno no resuelve nada.