El gobierno tenía en carpeta un proyecto de Ley de Urbanización de Villas y Barrios Populares, para presentarlo en un momento ‘oportuno’. Pretendía presentarse como un gobierno con ‘sensibilidad social’. El proyecto al que nos referimos, teóricamente, entregaría títulos de dominio a familias que abarcan a un millón de personas en unos 4000 ‘barrios populares’ (carentes de asfalto, cloacas, agua, gas y electricidad) y realizaría la urbanización de los mismos. 

La ‘oportunidad’ fue ahora, para intentar encubrir la crisis económica y social en desarrollo y la fuerte caída de popularidad de Macri y su gobierno. No es casual que junto con este proyecto se presentara otros similares (ley que extiende la donación de órganos; o de resarcimiento a las víctimas de violencia de género; o la ‘donación’ a los pobres de alimentos sobrantes y prontos a vencer por parte de grandes monopolios). El problema del dominio y urbanización de las villas tiene larga data y fuerte historia de luchas contra los desalojos perpetrados por dictaduras y ‘democracias’, deseosos de expulsar de los centros urbanos a los explotados y entregar esas tierras a la especulación inmobiliaria. 

Esta ley ¿resuelve el problema de la tierra y urbanización de las villas?

La ley no fija plazos para la pretendida “integración urbana”. Se ha retrocedido, incluso, respecto a la formulación inicial, que planteaba que los terrenos podían ser expropiados una vez que el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijara su monto. Ahora, en cambio, tiene que haber acuerdo previo entre los estados nacional, provinciales y municipales intervinientes, lo que significará una fuente de rencillas y demoras. Se podría tardar varios años para que se inicien juicios de expropiación en caso de no avenimiento de acuerdos con los dueños de las tierras. Y luego está el tiempo que demanden los juicios… El diputado Nicolás Massot, de Cambiemos, uno de los autores del proyecto oficialista, reconoció que “llevará muchos años para transformar las villas en barrios”. Salvo, decimos, nosotros, que los vecinos impongan con su lucha las expropiaciones y urbanización. 

Por otra parte, y según la ley, los gastos del programa deberán ser divididos en partes iguales entre la Nación, provincias y municipios. Lo cual será otra fuente de conflictos. Al igual que con la salud y la educación, que han sido provincializadas o municipalizadas desde la dictadura en adelante, el Estado nacional se deslinda de su responsabilidad en el tema de la vivienda popular. Los fondos nacionales van quedando como garantía para el pago de la deuda pública usuraria.

Financiamiento 

El proyecto crea un fideicomiso (fondo específico), pero no se dice cuánta plata pondrán los estados. En cambio, sí está claro que el vecino ocupante que construyó su vivienda deberá pagar una ‘contraprestación’. ¿Quién fijará los montos de esa contraprestración? No se conoce el precio, ni la forma de pago. Se deja un cheque en blanco en manos de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Tampoco se reconoce la inversión y el trabajo del vecino ‘ocupante’ que ha vuelto habitable terrenos pantanosos o inhabitables. Pero el propio presidente Macri ha planteado que quizás no ponga a debate del Congreso el presupuesto para el 2019, prorrogando el actual. Lo cual significaría que en los próximos 18 meses no habría un peso para este plan de “integración urbana”. Y si se discute -porque el oficialismo llega a un acuerdo con los gobernadores y la pseudo oposición PJ- es para armar un presupuesto FMI, que ahorre drásticamente gastos en materia social.

Cada vez que los partidos burgueses quieren rechazar un reclamo popular, aducen que no está presupuestado. Fue el argumento que, en su momento, usó Cristina Kirchner para vetar el 82% para los jubilados que había aprobado por el Congreso o Macri para vetar la rebaja parcial de tarifas de servicios.

Al mismo tiempo, el ‘blanqueo’ de los ocupantes de terrenos en villas y barrios precarios -que en muchos casos hace décadas viven allí- habilitará para que se les empiece a cobrar impuestos y servicios que no venían pagando como producto de sus luchas contra los desalojos. Esto es para el oficialismo “dignificación y construcción de ciudadanía”. La “titularización” cuelga de los vecinos trabajadores y de sus ingresos una enorme mochila, y deslinda al Estado de cualquier responsabilidad en una urbanización perentoria. 

Así, la única conquista concreta y palpable de la ley –y que justifica nuestro voto- es la suspensión de desalojos por 4 años. Se trata de una conquista de los movimientos de lucha vecinal que, aunque muchas veces habían frenado los mismos, cargaban con esa amenaza como una espada de Damocles.

Especulación inmobiliaria o derecho a la vivienda

La diputada del PO-FIT, Romina Del Plá, acusó a los planes de especulación inmobiliaria como los causantes de la precarización habitacional de las ocupaciones villeras”. Denunció que “el financiamiento no está definido y que recién se definirá en el presupuesto para 2019", denunciando que entonces “van a decir que hay que achicar porque el FMI reclama reducir el déficit fiscal”.

Del Plá planteó: “estamos una vez más frente a una contradicción entre el derecho a la vivienda por parte de amplias capas de la población y los intereses capitalistas de la especulación inmobiliaria”. “¿Donde se dirime esa puja?”, preguntó. “Se dirime en la lucha de clases”, dijo, y llamó a los vecinos a organizarse para imponer sus reclamos y comprometió el apoyo del Partido Obrero y el FIT.

El kirchnerismo, en sus 12 años de gobierno, no pudo encarar la urbanización de villas, volcando los fondos al pago de la deuda externa al FMI. Antes de salir, en el 2015, hizo votar un remedo parecido al actual, y que el Senado, donde tenía mayoría, dejó “caer”.

Los vecinos deben organizarse en forma independiente y movilizarse para imponer la entrega automática de escrituras, que el costo para el vecino (escrituras, urbanización y servicios) no supere el 5% del ingreso familiar, que se deduzcan todas las mejoras introducidas por los habitantes del precio de la vivienda, por un plan nacional de obras públicas con trabajadores de la construcción que cobren salarios de convenio. Con la organización y la lucha independiente, por tierras y urbanización para el pueblo trabajador.