Después de que el PJ formoseño de Estanislao del Campo, en el norte de su provincia, salvara de la destitución al concejal Héctor Palma, preso porque se encontraron más de 700 kilos de cocaína en su campo, finalmente se impuso la conveniencia política y lo echaron del Concejo.

Formosa vio perder sus cultivos de papas y batatas, y hasta sus fábricas de dulce, a manos de la invasión depredadora de la soja. Sin embargo, no todo ahí es “yuyo verde”. Los dueños de campos -según informa Gendarmería- cobran hasta 25 mil dólares por cada aterrizaje de aviones con droga en los aeródromos clandestinos que instalan en sus propiedades. La droga -dicen esas fuentes- llega desde Bolivia y Paraguay.

El cargamento incautado en el campo de Palma está valuado en unos 20 millones de dólares. He ahí los intereses que defiende el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán cuando manda asesinar indígenas Qom, que reclaman sus tierras y deben enfrentar la represión policial y de las patotas sojeras.