17/04/2021
Catamarca

Una fiscal abogada de las mineras y una causa armada, tras las detenciones de Andalgalá

La fiscal Soledad Rodríguez está llevando adelante, desde la fiscalía de Andalgalá, un ataque de enorme alcance contra los vecinos de esa localidad que enfrentan la mega minería. Ha ordenado 12 detenciones, acusando a los vecinos de daños y otros delitos, en un escrito en el cual fundamenta la necesidad de su detención en la posibilidad que tendrían de obstruir la investigación, algo que no tiene ningún fundamento. La persecución incluye allanamientos, secuestro de teléfonos y una línea de amedrentar a la población para impedir que se vuelva a movilizar contra la minera.

Pero la saña se entiende, porque la fiscal es una agente del poder político de la provincia y de las mineras. Basta consultar su perfil en Linkedin en el cual presenta entre sus habilidades el manejo de  “Estrategias judiciales en zonas de conflictos mineros” y de “contratos mineros”. Por otro lado, entre sus especialidades figura el asesoramiento externo a empresas.

Esta abogada de las mineras trabajó largamente con los gobiernos provinciales del PJ de Catamarca. Como se refleja en el video, en 2013, bajo el gobierno de Lucía Corpacci, participó en Toronto de un Congreso sobre minería en representación de la provincia. Bajo el mismo gobierno, se desempeñó como síndico de Minera del Altiplano en representación de la provincia.

Como se ve, no se trata de un fiscal “imparcial” sino de un agente de las mineras. Por eso, la fiscal debería inhibirse de intervenir en la causa.

La celeridad de la fiscal para abordar la causa y su orientación y antecedentes refuerzan las denuncias de que se trata de una causa armada, con antelación, detrás de la cual deberían investigarse las responsabilidades del gobierno y la empresa. Agua Rica instaló su depósito en el centro del pueblo, en una verdadera provocación contra quienes luchan hace años contra la mega minería. La policía liberó la zona el día de los incidentes. Ni la policía ni los bomberos actuaron para apagar el fuego. Incluso se ha denunciado la presencia de infiltrados en la movilización. El gobierno provincial garantizó liberar la zona, sabiendo que la empresa estaba llevando todo tipo de provocaciones contra el pueblo de Andalgalá. Luego, se acusa en bloque a numerosos activistas ambientales de haber participado y causado el incendio, daños y lesiones, sin aportar ni una prueba de la participación individual de los compañeros en estas acciones. Simplemente se menciona su participación en la movilización.

Las causas de Andalgalá son un armado del Gobierno y las mineras. Redoblemos la movilización por la libertad de todos los compañeros, reclamamos que la fiscal sea apartada de la investigación.

 

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