13/03/2003 | 792

Una gigantesca estafa

Negociado para los bancos, confiscación de los ahorros

El fallo de la Corte Suprema que redolariza los depósitos bancarios dejó afuera al 80% de los ahorristas confiscados. Esto es así porque no incluye a los ahorristas que no presentaron amparos, a los que no hicieron reserva de derechos o a quienes aceptaron recibir los bonos Boden en sustitución de sus depósitos.


El argumento de la Corte es que esa gente optó de manera voluntaria y no compulsiva de conformidad con la pesificación, cuando es evidente que los que retiraron los pesos o aceptaron bonos lo hicieron porque existía la amenaza de perder incluso esos pesos devaluados, por la mayor inflación y la quiebra de los bancos. ¿O acaso la mayoría de los ahorristas del Scotiabank aceptaron los bonos en forma voluntaria? ¿O los que retiraron los pesos devaluados lo hicieron contentos y no porque necesitaban el dinero para su subsistencia? ¿O acaso no hubo una campaña de los bancos, como el caso del Credicoop, alentando a los ahorristas a aceptar los Boden porque de lo contrario perderían todo?


De los 52.700 millones de dólares que había en diciembre de 2001, y quedaron atrapados en el corralón, el fallo de la Corte sólo redolariza apenas 8.800 millones.


 


Confiscación


De esta manera, la Corte confirmó la pesificación de más de 40.000 millones de dólares, lo que significa una confiscación del orden de los 16.000 millones de dólares (diferencia entre el depósito pesificado a 1,40 pesos más el CER y el valor del dólar que osciló entre 2 y 4 pesos a lo largo del 2002).


A su vez, sólo una parte de aquellos 8.800 millones pueden ser redolarizados porque, para que suceda eso, el ahorrista que no presentó un amparo debería iniciar «un juicio ordinario, con pedido de medida cautelar, que tiene una gran contra: al entablar la demanda debe pagar un 3% de lo reclamado como tasa de justicia, recuperables en fecha lejana e incierta» (Clarín, 7/3). Además, un juicio ordinario podría demorar meses y años, más aún con la cantidad que ya existe de expedientes atrasados.


A estas restricciones se suma el hecho de que el fallo sólo se refiere al caso Provincia de San Luis, y ahora cada ahorrista debe esperar el pronunciamiento judicial de su caso, lo que puede demorar meses.


 


Más bonos


Aún así, el fallo subordina la devolución efectiva de los dólares a una negociación con el banco, admitiendo «la devolución postergada en el tiempo». En el fallo, la Corte reconoce que en situaciones de emergencia, «el Estado puede restringir el ejercicio de derechos» (Clarín, ídem), fijando plazos o demoras, que «deben ser razonables, mientras mantiene el depósito en la moneda de origen». Esto constituye un aval completo al pago en bonos.


Por esta razón, los bancos han planteado que el gobierno se haga cargo de darle al ahorrista un bono por la diferencia entre el depósito pesificado y la cotización del dólar. Esa diferencia equivale a bonos del Estado por esos 8.800 millones de dólares, de los cuales 3.361 millones serían mayor deuda pública (Clarín, 7/3). De esta manera, por la vía del fallo de la Corte se concretaría la imposición compulsiva de bonos a los ahorristas, un reclamo que hizo el FMI en marzo del año pasado y que llevó a la renuncia de Jorge Remes Lenicov debido, entre otras razones, al enérgico rechazo de los ahorristas.


Nuevo bono y aval a la pesificación del 80% de los ahorros: ése es el alcance del fallo de la Corte.


 


Los bancos cobran


Mientras tanto, se ha venido ocultando que con el dinero de los ahorristas el gobierno de Eduardo Duhalde les «redolarizó» y les fue pagando a los bancos, al 100% de su valor, los desvalorizados e «impagables» títulos de la deuda pública que tenían en su poder. Estos títulos, en total, sumaban unos 15.000 millones de dólares. Esa operación se completaría con el nuevo bono a los ahorristas.


Como es sabido, ante la amenaza de ver pesificado el ahorro con una pérdida inicial del 50% en dólares, muchos ahorristas fueron forzados a cambiar sus depósitos por un bono en dólares a 10 años, con una tasa de interés del 2% anual. Entre lo que ya se emitió y lo que falta emitir hay unos 10.000 millones de dólares, a lo que se agrega ahora la posibilidad de una emisión por otros 8.800 millones de dólares.


Con la emisión de esos bonos el Estado pasa a ser, para los ahorristas, el deudor de sus depósitos, reemplazando a los bancos. Como se sacan de encima la deuda por esos depósitos, los bancos están entregando al Estado los títulos de la deuda que tienen en su poder. Pero mientras el Estado da al ahorrista un bono en dólares, recibe del banco un título pesificado a 1,40 y toma a su cargo la diferencia. «Se trata de una redolarización de una parte de la deuda previamente pesificada, ya que se suscriben bonos en dólares con bonos en pesos a 1,40 por dólar», reconoce la consultora de Mario Vicens, presidente de la Asociación de Bancos (ABA), que congrega a los bancos extranjeros. Así, con el dinero de los ahorristas, el Estado les está pagando a los bancos, al 100% de su valor, la «impagable» deuda.


Pero la cosa no termina aquí. Porque mientras estaban en poder de los bancos, esos títulos de la deuda devengaban el 7% anual y a los ahorristas se les paga el 2%. En 10 años, ese 7% anual acumulado representa un 97% de interés sobre el capital. En cambio, en 10 años, el 2% anual acumulativo a los ahorristas es apenas el 22%.


En un editorial, el año pasado, El Cronista (8/3/02), que responde a capitales británicos, reconoció que el bono del Estado en reemplazo del depósito, «en realidad es una operación por la que el ahorrista escapa del corralito bancario para convertirse en tenedor de títulos públicos. Es decir, en forzoso inversor de lo que sería el mayor mercado de renta fija de Latinoamérica, y uno de los que presenta el riesgo más elevado… Para el gobierno y para los bancos, los bonos también son la solución ideal. Si bien para las entidades significa un achicamiento de su negocio genuino, también representa una limpieza de su cartera de deuda pública, porque los nuevos títulos que recibirá el ahorrista proceden de la deuda pública que hoy está en manos de bancos y Afjp. Y para el gobierno es una oportunidad para cambiar de acreedores (minoristas en vez de institucionales) y aligerar las condiciones de la deuda».


Como se ve, el fallo de la Corte completa el proceso de «limpiarle» a los bancos (y al 100% de su valor) los bonos basura del Estado en bancarrota y pasárselos a los ahorristas, en condiciones más riesgosas y ruinosas, por un menor interés, lo que significa que disminuye aún más el valor presente de esos bonos basura. No por casualidad como consecuencia del fallo volvió a caer la cotización del Boden, que está por debajo incluso del depósito atrapado en el corralón (Cedro).


 


Más deuda


Esta redolarización de los bonos pesificados en poder de los bancos es lo que explica el fenomenal aumento de la deuda pública, que ya ronda los 155.000 millones de dólares y que podría concluir en los 165.000 millones de dólares a mitad de año.


Pero, además, esa redolarización abre la vía para la redolarización de los bonos pesificados en poder de las Afjp y compañías de seguro, con el criterio de que no se puede beneficiar a un acreedor – en ese caso, los bancos – por encima de los demás. El mismo planteo harán los acreedores privados del exterior, lo que adelanta el fracaso de la pretensión del gobierno de lograr una quita sobre el capital de la deuda. Por eso los funcionarios de Economía se pusieron cautelosos en sus declaraciones y ahora hablan de lograr una quita en el «valor presente de la deuda», a través de una menor tasa de interés y alargamiento de los plazos de la deuda.


De todas maneras, con la redolarización de una parte de la deuda, se agravó el endeudamiento público que la pesificación pretendió licuar. En términos del PBI, la deuda pública se triplicó (pasó del 57 a más del 150%) y solamente para pagar los intereses habría que destinar un tercio o más del Presupuesto Nacional, siendo que, cuando estalló el «default» se destinaba el 15%.

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