El documento de impugnación a Elena Cruz presentado por los diputados Baltroc (del partido de Bonasso), Echegaray y Ripoll (IU), constituye un documento político excepcional, en el sentido de que expresa la posición estratégica definitiva de la izquierda que se declara de palabra comunista y marxista. Siendo la impugnación un problema de naturaleza política, que plantea la cuestión de los socialistas y el Estado democrático-burgués, el texto afirma que su propósito es “sistematizar elementos de derecho” (sic) contra el ingreso de Cruz a la Legislatura. Desde el vamos, el método de la impugnación se coloca en el terreno del Estado capitalista y de sus ficciones jurídicas.

“Un valor último y definitivo”

Para justificar su posición, los legisladores en cuestión citan la Constitución de 1994 y a sus tratadistas: entre ellos, al que destaca que “el nuevo paradigma constitucional podría ser descripto… como la adopción de la democracia y los derechos humanos como valores últimos y supremos del sistema creado por la Carta Magna”. Es decir que los mismos partidos que habían hecho de la crítica a la Constitución “liberal” de 1853 uno de sus mayores lugares comunes, aparecen ahora defendiendo los “valores” de la Constitución de 1994, o sea, de la “Carta Magna” parida por el Pacto de Olivos, que permitió la reelección de Menem y la introducción de los decretos de necesidad y urgencia con rango constitucional. Que la nueva Constitución adopte “la democracia y los derechos humanos como valores últimos y supremos”, simplemente es una impostura de quienes la redactaron, pues el régimen político que reivindica es una variante más o menos disimulada de dictadura del capital. La función del lenguaje democrático es poder presentar cualquier rebelión de los explotados contra la dictadura del capital como una “subversión contra la democracia”, y cualquier ataque contra los derechos adquiridos de los capitalistas como “una violación a los derechos humanos”.

El Estado expresa la estructura social dominante: las decisiones cruciales son adoptadas por los organismos financieros del imperialismo; el aparato judicial y militar está integrado, en un 80%, por elementos de la dictadura; el propio andamiaje jurídico de la democracia está constituido en un 70% por las leyes y decretos emanados de las dictaduras, desde 1930. La democracia argentina reconoce, y esto de una forma oficial, que el Estado actual es una continuidad jurídica sin solución de continuidad del orden político establecido a partir de 1853 y de “los pactos preexistentes”. La Constitución de 1994 reivindica los “derechos humanos”, pero no encarceló a los militares indultados o beneficiados por las leyes de impunidad – asimiladas por omisión en el “nuevo plexo” – , sino para adscribir a un Pacto de San José de Costa Rica que defiende el derecho de propiedad y los derechos establecidos del capital internacional (empresas privatizadas) y para oponerse al derecho al aborto en nombre de los derechos humanos. La firma de este documento convierte en programa de estos partidos de izquierda el “nuevo paradigma” del Estado burgués.

En consecuencia, en la época histórica de mayor descomposición del Estado capitalista; de confiscaciones extra-económicas de las masas como nunca se vio; de una inusitada represión clandestina; de corruptelas, crímenes y desfalcos públicos; IU defiende el “nuevo paradigma constitucional” y desprecia (para colmo en el ámbito del Parlamento) la destrucción de ese Estado y su reemplazo por una comuna o una República de Consejos Obreros.

Pero la “impugnación” no se limita a hacerle el coro a la mentira “ideal” o progresista del régimen democrático. Defiende, además, la vigencia del artículo 213 del Código Penal, que establece la figura de apología del crimen, un principio jurídico fundamentalmente arbitrario que da manos libres a la justicia oficial para condenar incluso la crítica al régimen actual o la defensa de los métodos políticos revolucionarios. El Código Penal y el delito de opinión no pueden ser, ni lo fueron nunca, herramientas políticas de los socialistas. ¡La destrucción del Estado capitalista por el proletariado significa el final del presente Código Penal y la extinción de todo cuerpo penal en general!

De manera que caracterizar el documento de IU como una adaptación a “la democracia de contenido patronal”, es una concesión política y un embellecimiento de su posición real, porque defiende lo peor del régimen burgués – el Código Penal, la censura y el castigo de las opiniones. Más que “defensor de la democracia”, el documento es una “defensa del orden”.

El documento le reclama a la Legislatura que ejerza una función represiva. No es éste un asunto menor, porque la “teoría” de la división de poderes priva a los parlamentos de esta facultad. Se trata, ni más ni menos, de meter al Poder Judicial (y al Ministerio del Interior) dentro de una institución representativa y deliberativa. Hay que dejar señalado que la Constitución de 1994, o sea “el nuevo paradigma”, acentúa la impotencia del Parlamento frente al Ejecutivo al autorizar los decretos de necesidad y urgencia y los vetos parciales de las leyes. La impugnación de IU refuerza una tendencia que existe desde hace tiempo en el plano parlamentario, a actuar represivamente en forma directa con sus “cuestiones de privilegio”, “juntas de ética y disciplina”, reglamentos internos restrictivos y la facultad para expulsar a sus miembros.

Diciembre de 2001, septiembre de 2003

El episodio de Elena Cruz dio lugar a grandes aspavientos durante todo el año. A pesar de ello, los partidos del régimen prefirieron que transitara con “bajo perfil” durante todo el período electoral, mientras que IU pretendía explotarlo electoralmente. La presencia de Elena Cruz en la Legislatura, reemplazando al flamante jefe de Gabinete de Kirchner, desenmascara al nuevo elenco “nacional y popular” en sus raíces cavallistas, menemistas y hasta procesistas. Pero la “impugnación” no busca este desenmascaramiento en ningún momento, ni tampoco lo buscaron Ripoll y Echegaray en el debate. Es decir que el “castigo” a Elena Cruz debía salvar de igual destino a la mitad del gabinete de Kirchner y al 30% de la Legislatura. La línea divisoria de la “impugnación” fue presentada entre “democracia” y dictadura. En el primer campo, revistarían juntos los motoqueros asesinados en diciembre de 2001 con De la Rúa y Cavallo; Kosteki y Santillán con Juanjo Alvarez, Solá o Kirchner. En el otro campo, sólo habría lugar para los septagenarios nostalgiosos del Proceso, o para la resaca del menemismo.

Pero la bancarrota capitalista de 2001 y la rebelión popular se han encargado precisamente de escindir el campo de esta falsa democracia: la crisis de poder que ha estallado en la Argentina ha sancionado el fracaso del régimen representativo instaurado en 1983, y que se levantó sobre los mismos cimientos sociales y políticos que sirvieron a la dictadura militar. La crisis de 2001 ha planteado, por ello, la superación revolucionaria del régimen de la deuda externa, los indultos, las privatizaciones y la liquidación de conquistas históricas de las masas. Hoy, los “compañeros” de lista de Elena Cruz están empeñados en la reconstrucción del régimen que fuera quebrado por la rebelión popular. Con su documento, los impugnadores de “izquierda” han ido mucho más lejos que su propósito declarado: Cruz es el espantajo que sirve para reconstruir “el bloque de la democracia”.

 

Ver también

• Discurso de Jorge Altamira sobre la impugnación a Elena Cruz (PO 818)
• Impugnación a Elena Cruz presentada por Beatriz Baltroc, Patricio Echegaray y Vilma Ripoll (PO 818)
• Intervención de Alexis Latendorf (Piquete Socialista) (PO 818)