La Secretaría de Comercio Interior emitió recientemente un comunicado anunciando el inicio de una investigación hacia los proveedores de insumos a las empresas de consumo masivo, donde se registran sobreprecios pronunciados que impactan en toda la cadena. En ese sentido, vale preguntarse si esta medida es suficiente para detener el alza en los precios.

A contramano de las promesas oficiales, no se ha logrado apaciguar la escalada inflacionaria teniendo en cuenta que el índice no baja del 3% mensual. Así las cosas, a mes de julio la inflación interanual se ubicaba en un 51.8%, acumulando un 29% en lo que va del 2021. Lo cierto es que el gobierno no ha tomado ninguna medida de fondo para revertir la situación.

Ahora la cartera que conduce Paula Español promete que va a poner el foco en los sobreprecios que recorren todos los eslabones de la cadena comercial, cuando viene de desmantelar el conjunto de las políticas de control de precios en las góndolas, quitando Precios Máximos -reemplazándolo por el casi inexistente Super Cerca- y pautando aumentos sistemáticos en Precios Cuidados. Vale aclarar que en cada uno de estos programas ha primado el desabastecimiento y todo tipo de maniobras elusivas por parte de las patronales.

La displicencia oficial frente al incremento abrupto en los precios que aplican los fabricantes de insumos productivos rigió durante toda la gestión de Alberto Fernández. No obstante, la investigación que se pretende realizar ahora, a fin de detectar aquellos casos donde los costos suben por encima del índice de precios, no solo que es tardía sino que además no resuelve el problema. Se trata de una medida absolutamente estéril ya que no se propone avanzar en la apertura de los libros  de toda la cadena de valor en función de ver cuáles son los costos reales. Es evidente que el gobierno jamás procederá en esa dirección dado que es incapaz de tocar los intereses patronales.

De esta forma, todos los sectores patronales aducen sobreprecios en el eslabón anterior de la cadena. Los fabricantes de productos de higiene, por ejemplo, informan que insumos como el sebo y la glicerina aumentaron en el primer semestre del año un 110% y un 75% respectivamente. A su turno, otros industriales protestan por el incremento durante los primeros seis meses del 2021  en insumos como el vidrio (38%), el aluminio (45%) y el papel (60%). La Federación Agraria, por su parte, remarca que el precio de venta en la góndola de los productos agrícolas es 10 veces superior a lo que recibe el productor. Sucede que sin la apertura de los libros es imposible comprobar dónde se generan los sobreprecios. Finalmente, la factura termina siendo descargada sobre el bolsillo popular, ya que son los trabajadores los que pagan los sobreprecios de toda la cadena a la hora de hacer las compras.

El gobierno, además, es artífice del espiral inflacionario desde el momento que dispuso aumentos en los combustibles y en los servicios públicos. Por otro lado, la política de rescate sistemático de la deuda provoca un drenaje de divisas, que es la causa de las sucesivas devaluaciones de la moneda y su impacto en los precios. En segundo lugar, es preciso mencionar también la responsabilidad del propio Alberto Fernández en la caída real de los salarios, considerando que él mismo promovió topes a las paritarias y defiende un régimen de informalidad laboral, donde se perciben los sueldos más bajos.

La contracara del crecimiento inflacionario y el deterioro de los salarios es la depresión del consumo popular, que se refleja en la caída del 2% que tuvieron las ventas de los supermercados en el primer semestre del 2021, en comparación al mismo período del 2020, según datos del Indec.

El gobierno intenta atenuar la caída del consumo reponiendo los planes de financiación del Ahora 12, 18 y 30 para la compra de artículos más costosos, es decir, apelando a un mayor endeudamiento por parte de las familias. Sin embargo, su acceso está restringido para aquellas personas que cuentan con una tarjeta de crédito bancarizada, dejando por fuera a los sectores más vulnerables. De este modo, “casi un tercio de los plásticos en circulación no son aceptados para financiar compras con los planes oficiales” (El Cronista, 16/8).

Esto, sumado a que los trabajadores con menos ingresos cuentan con un límite insuficiente en su tarjeta de crédito para comprar los productos incluidos en el Ahora. Por otra parte, las ventas en 30 cuotas suponen una tasa de interés de hasta el 28,67%, con lo que se encarece la compra. A su vez, muchos comercios aumentan el precio de un producto antes de ofrecerlo en cuotas, lo que se conoce como “interés embebido en el precio”.

Estos planes para muchos se convierten en la única posibilidad de acceder a bienes durables, puesto que la distancia que existe entre los salarios y los precios de los electrodomésticos y dispositivos tecnológicos, por mencionar algunos ejemplos, es cada vez más grande. Ocurre que los bienes durables aumentaron un 75% en términos interanuales, superando a la inflación del período. De este modo, en Argentina se necesitan 105 días de trabajo con un sueldo medio para poder comprar una notebook de 15,6 pulgadas y 8 gigas de memoria RAM, según un estudio realizado por Focus Market.

En definitiva, para solucionar de raíz esta problemática es necesario avanzar en la apertura de los libros de toda la cadena comercial -desde los insumos hasta la venta al público del producto terminado- y ponerlos bajo control de los trabajadores a fin de evaluar los costos reales. A su vez, es fundamental nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior, que, entre otras cosas, permitirá que el alza de los precios internacionales de las commodities del agro no se trasladen al mercado interno. Por otro lado, se debe recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores a partir de un salario mínimo de $67.000, un seguro al desocupado de $40.000 y paritarias sin techo indexadas a la inflación.