“Finalmente, llegó el ansiado momento y en la histórica sesión del miércoles 14 de abril, la primera ley de educación se hizo realidad. Las futuras generaciones recordarán esa fecha como un hito luminoso en los anales de la historia parlamentaria argentina”.

Semejante expresión de júbilo proviene del Consudec (Consejo Superior de Educación Católica), que es una suerte de estado mayor de la Iglesia católica en materia educativa.

El órgano de prensa del Consudec se complace en señalar que la ley sancionada ha terminado por incorporar los preceptos y recomendaciones del Congreso Pedagógico, cuyo trámite y definiciones, como se recordará, fueron copados por el clero.

“La piedra angular de la ley —expresa el comentario del Consudec— es el artículo 6º con innegables reminiscencias del Congreso Pedagógico”, en el que se define como objetivo educacional “la formación integral del hombre y mujer, en las dimensiones cultural, social, estética y religiosa”.

“Este artículo —destaca el comentario— no sólo significa una recompensa a aquel esfuerzo extraordinario de los católicos, es también una lápida definitiva para el laicismo en la Argentina. Este es un nuevo punto de partida. Aquí comienza otra historia”.

Como se puede apreciar, no fue una exageración cuando afirmamos que estábamos frente a una ley del clero y que éste había conseguido imponer el ciento por ciento de sus objetivos.

El órgano del Consudec aprecia como otro gran logro la redacción del artículo 4º, que incorpora en carácter de “agentes de la acción educativa”, a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas.

El vocero católico también destaca “el reconocimiento de la ley a la familia como agente natural y primario”. El énfasis puesto en la familia apunta a sustraer la función educativa del ámbito del Estado, facilitando la injerencia en el hogar de la corporación religiosa. “La familia tiene la responsabilidad, como agente natural y primario de educación de sus propios hijos: es la educación privada propiamente dicha. El Estado sólo puede intervenir en caso de grave falencia o abuso de los padres. La familia no deja de ser la primera educadora cuando los hijos trasponen el umbral de la escuela”. En nombre del papel primordial de los padres, se pretende dar piedra libre a la educación religiosa en las aulas, al incluir entre los derechos de los padres el que “sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Ni siquiera se plantea el reparo que incluía la muy poco laica ley 1.420, de que la instrucción religiosa fuera impartida “fuera de los horarios de clase”.

El comentario del Consudec hace mención a la distinción que establece la ley entre la “responsabilidad”  de la educación y sus agentes. La responsabilidad entraña una función genérica, mientras que la prestación efectiva del servicio queda reservada para los llamados “agentes educativos”. “El Estado asume esa función en los casos de servicios de gestión oficial”. En otros términos, el Estado tiene vedada la injerencia en la educación privada. “La ley da las definiciones necesarias para dejar bajo un paraguas protector legal en todo el país la libertad de enseñanza”.

Naturalmente, dentro de este paraguas no podían faltar los generosos subsidios estatales.

“El artículo 37 da las bases o fija los criterios para el aporte estatal para atender los salarios docentes de los establecimientos educativos de gestión privada”. El Consudec destaca como novedad “la no exclusión del beneficio del aporte estatal para el nivel universitario de gestión privada”.

La ley del clero

La ley fue sancionada con la complicidad de la UCR, la centroizquierda y la burocracia de Ctera, que llamaron a poner fin a la movilización educativa para favorecer un “consenso”. Ahora, en vísperas de elecciones, ninguna de estas fuerzas plantea derogar esta ley.

Se ha puesto en marcha una contrarrevolución educativa dirigida por el oscurantismo confesional.

La denuncia y oposición a esta ley, la defensa del laicismo y la gratuidad de la educación, es una bandera que debe ser enarbolada y reformulada en común por estudiantes, docentes y trabajadores, como un aspecto de la lucha contra el actual orden político y social, sus gobiernos y partidos.