El Senado ha dado una nueva lección sobre democracia. La ley que se pretendía como defensa de los ciudadanos ante el espionaje estatal o para-estatal, se convirtió en dos proyectos donde lo que se sospecha es la actividad periodística. De prosperar la ley, los jueces deberán determinar si una noticia es de interés público. Si a criterio de éstos no lo fuera, el periodista podría ir preso. Por otra parte, los servicios de inteligencia podrán aducir razones de Estado para disponer tareas de espionaje sin autorización judicial y transmitir su banco de datos a organismos de inteligencia extranjeros.

De lo que fuera la carnada para el tratamiento de la ley, esto es, que cada persona pueda acceder a los archivos donde se acumulan los datos de inteligencia, ni una palabra.

Con todo, el tratamiento en Diputados será ríspido, no por la encendida defensa de los derechos individuales de la población, que todos los partidos patronales coinciden en avasallar, sino acerca de la manipulación de la información, que en el caso de la de carácter económico puede ser de vida o muerte para determinados grupos capitalistas. Más aún cuando la ley prevé la posibilidad de la comercialización de los archivos en nombre de la “seguridad económica y la estabilidad del sistema bancario” (Página 12, 28/11).

Los ‘demócratas’ pretenden enmendar el ‘error’ que le achacan a la dictadura, el no haber reprimido apoyándose en la ley. Esto, que los defensores del régimen patronal lo asimilan como un mea culpa y como una defensa de los derechos humanos, es un intento de convertir en ley el avasallamiento sistemático de las libertades públicas. En la guerra de clases, los explotadores pretenden el refinamiento de su red de espionaje contra los trabajadores.