El gobierno “nacional y popular” se apresta a legalizar el trabajo esclavo y a extenderlo. El ministro Carlos Tomada anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre trabajo a domicilio, elaborado por dos reconocidos negreros de la indumentaria: Víctor Beyakar e Ignacio de Mendiguren. Justamente en la indumentaria es donde proliferan los talleres que superexplotan en condiciones esclavas a trabajadores indocumentados.

“El anuncio es excelente” exclamaron al unísono estos dos patrones, luego de escuchar la novedad de Cristina Kirchner. En realidad, todo fue un show porque como reconoce el boletín oficial Página/12 (21/8), la burocracia y la cámara de la indumentaria “colaboraron con el Ministerio de Trabajo para elaborar un proyecto conjunto”.
El proyecto consiste en eliminar de la actual ley de trabajo a domicilio la figura del tallerista como empleado de las grandes marcas y a la vez patrón de sus trabajadores.

De acuerdo con el proyecto, el tallerista pasaría a ser una especie de empresa autónoma, una Pyme, convirtiéndose en el único patrón de sus empleados. Con las grandes marcas ese tallerista mantendría una relación comercial, de compra y venta, sin vinculación laboral.

Con la actual ley, los trabajadores empleados por el tallerista pueden accionar legalmente contra éste y contra las grandes marcas, porque éstas son en definitiva los verdaderos patrones tanto del tallerista como de los trabajadores que están a su cargo. Además, como el tallerista es un intermediario insolvente, la responsabilidad de la gran marca es clave para que en un juicio el trabajador pueda cobrar si la sentencia le resulta favorable.

El proyecto de Cristina-Mendiguren especifica que el tallerista deja de ser un empleado de las grandes marcas y pasa a ser el responsable directo por las obligaciones laborales de sus trabajadores. Exime a la gran marca de su responsabilidad directa sobre los trabajadores empleados por el tallerista.

Esto es clave para los negreros porque se preservan de eventuales juicios laborales y pueden seguir explotando el trabajo a domicilio, esclavo. Porque con el trabajo a domicilio las grandes marcan le pagan al tallerista unos centavos por cada pieza que confeccione. Con esos centavos, el tallerista solamente puede emplear trabajo en negro y esclavo. La ganancia de las grandes marcas es mayúscula porque no necesitan contar con estructura propia (el trabajo se realiza en la casa o galpón del tallerista), no se hacen cargo del pago de vacaciones, aguinaldo o aportes jubilatorios. Pero a raíz de las denuncias que se estuvieron haciendo, muchas grandes marcas están con juicios. El proyecto le brinda un marco de “seguridad jurídica” adicional para que puedan seguir esclavizando.

Como sostuvo “el abogado laboralista y ex secretario de Empleo del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Pereyra, se trata de un cambio gatopardista porque aparenta ampliar los derechos laborales cuando en realidad limita la solidaridad del empleador principal. Y el trabajador a domicilio va a depender legalmente de un tallerista que suele ser insolvente. Así, el trabajador pierde derechos” (Clarín, 21/8).

De aprobarse el proyecto Cristina-Mendiguren, las grandes marcas tendrán mayores incentivos para derivar el trabajo al domicilio del tallerista y éste a su vez – como no tiene patrimonio ni capital para actuar como un patrono autónomo-  solamente podrá sostenerse si emplea trabajo esclavo en lugares clandestinos.