Llama la atención que el justicialismo, el cavallismo y la Alianza coincidan en que la nueva Ley de Salud Mental para la Ciudad de Buenos Aires es un paso progresista. Incluso la mayoría de los profesionales de la salud mental opina lo mismo. De hecho, la ley “consensúa” 14 anteproyectos presentados por diferentes asociaciones e instituciones profesionales.

El eje del planteo votado es la prioridad que se pretende dar a los tratamientos ambulatorios y la crítica al sistema de internación y aislamiento. Son viejos reclamos de las corrientes antipsiquiátricas, cuyo principal antecedente es el movimiento impulsado en Italia por Basaglia y la reestructuración que en ese país se hizo de todo el sistema de salud mental. Reformas similares ya se han intentado en Argentina (en Río Negro y San Luis).

Pero los efectos no han sido los mismos en uno u otro país, pues hablar de tratamiento ambulatorio sin tener en cuenta las condiciones sociales (laborales, habitacionales, educacionales, de salud, etc.) de la población, es una completa abstracción.

La crítica a los sistemas de internación omite considerar que la inmensa mayoría de los pacientes psiquiátricos proviene de las clases más pobres y que su “cronificación” en los hospitales psiquiátricos es el resultado, principalmente, de la “crónica” situación de miseria de la población de la que provienen. De hecho, los pacientes de mayores recursos no han tenido que esperar ninguna “ley” para encontrar variadas alternativas terapéuticas por fuera del aislamiento y la internación.

Lo esencial de esta ley pasa por el desmantelamiento de los hospitales psiquiátricos y centros de salud mental, aunque, como lo señala Página/12 (28/7) “nadie se atreve a anunciarlo, por la fuerte resistencia que un proyecto de esta naturaleza genera en los sectores gremiales que agrupan a los trabajadores de esos hospitales”.

Este desmantelamiento ya es mucho más coherente con las reducciones presupuestarias que, en el camino del desmantelamiento general del sistema de salud, desarrollan estos partidos patronales que han votado por unanimidad esta ley.

Las ilusiones que la misma genera entre los profesionales de la salud mental responden a la influencia de ciertas corrientes filosóficas (Derrida, Badiou, etc.), cuyos esquemas de análisis siempre pasan por la “micropolítica”. Al respecto convendría citar a uno de los fundadores de estas prácticas, Foucault, que dijo: “Si nos limitamos a realizar investigaciones siempre parciales o locales, ¿no corremos el riesgo de dejarnos nosotros mismos ser determinados por estructuras más generales de las cuales no podemos tomar conciencia y sobre las que podemos no tener control?”.

Las cuestiones terapéuticas son fundamentales al nivel de lo micro (es decir, de cada paciente en sí). Pero a nivel político, es decir general, la cuestión pasa, principalmente, por lo económico.

Las principales medidas que tendría que incluir una ley de salud mental son:

• Seguro de 600 pesos para todos los enfermos psiquiátricos (y sus familias) incapacitados de trabajar.
• Salario mínimo de 600 pesos como piso para todo el escalafón salarial de los trabajadores de la salud mental.
• Presupuesto asegurado para el sistema de salud mental, en función de las necesidades materiales que requieran las variadas modalidades de asistencia terapéutica.
• Libertad de elección para los pacientes (o sus familiares) entre las diferentes modalidades terapéuticas.

En síntesis, la solución de la “cronificación” de los pacientes psiquiátricos sigue pasando, principalmente, por la solución de la “crónica” situación de explotación y miseria a la que nos condena este régimen de explotación del hombre por el hombre.