Sergio Massa se jactó de haber logrado una licitación de deuda exitosa, ya que la tasa de renovación llegó al 201%. Sin embargo, lo anterior no despeja las dudas que existen sobre la capacidad de hacer frente a los onerosos vencimientos del 2023, e, incluso, las concesiones usurarias ofrecidas en la última subasta agravan el peso de la hipoteca del Tesoro, encareciendo los compromisos venideros y el pago de intereses.

Entre la primera y la segunda ronda de la licitación se colocaron $830 mil millones, cubriendo así los vencimientos por $412.000 millones y obteniendo un financiamiento neto de $418.000 millones. Este resultado contrasta con lo que venía ocurriendo últimamente, donde los acreedores mostraban cada vez menos interés por la deuda en pesos. Sin ir más lejos, la tasa de renovación de la subasta anterior había alcanzado apenas el 84%.

Ahora bien, el festejo oficial es desmesurado si reparamos en que los bonos ofrecidos vencen en su mayoría durante el 2023, abultando los compromisos del año próximo que ya llegaban a los $15,6 billones, según la consultora Equilibra, de los cuales $6,2 billones están en manos del sector privado, y, por lo tanto, son más difíciles de renovar. Tempranamente Economía se verá en apuros, dado que habrá que sortear vencimientos en manos de privados por $600 mil millones en enero y $800 mil millones en febrero.

De no poder contraer nueva deuda para cancelar dichos montos y al mismo tiempo financiar el grueso del déficit fiscal -tal como indica el FMI-, el Tesoro acudirá a un mayor ajuste sobre el gasto público o a una mayor asistencia del Banco Central; lo primero sería insoportable para las mayorías en un cuadro de empobrecimiento generalizado, mientras que lo segundo contrariaría las órdenes del Fondo poniendo en riesgo el acuerdo con el organismo

Asimismo, la tasa de los bonos dollar-linked en esta oportunidad se duplicó, encareciendo los compromisos en concepto de intereses. Miles de millones de pesos por mes que irán a parar a los bolsillos del capital financiero, mientras el gobierno profundiza el ajuste en educación, salud, vivienda, jubilaciones y asistencia social. Se perpetúa de este modo una bicicleta financiera que les ha permitido a los acreedores un retorno del 26% en dólares desde que asumió Massa, fruto de las altas tasas y el dólar planchado. Esto, sin mencionar que los tenedores de bonos indexados al dólar quedan cubiertos frente a una devaluación, a diferencia de lo que ocurre con los salarios y las jubilaciones.

A su turno, otra “zanahoria” para los especuladores fue que gran parte de la oferta consistió en títulos que permiten ser comprados con encajes bancarios. Esto le conviene a la banca, ya que invierte dinero de los depositantes en lugar de tenerlo inmovilizado, pero acentúa el riesgo a que se desencadenen corridas bancarias en caso de producirse un default de la deuda en pesos. Es un escenario bastante factible, teniendo en cuenta la magnitud de los vencimientos del 2023 y el menor interés del mercado por los bonos del Tesoro.

Por otro lado, se estima que el resultado de la última licitación se debió a una fuerte participación de las provincias. También se le adjudica al incremento de la liquidez que implica el financiamiento del dólar soja; un fenómeno circunstancial que probablemente no se repita en otras licitaciones.

A su vez, los bancos, sobre todo públicos, se vieron más tentados a ingresar luego de que el Banco Central revalorizara los bonos del Tesoro, comprándolos en el mercado secundario, apelando a una fuerte emisión. Ese dinero circulante a la vez es absorbido mediante la colocación de Leliqs, incrementando el pasivo de la entidad, que ya asciende a $9,5 billones, con una tasa del 107% (que la autoridad monetaria ya anunció que no bajará a pesar del menor índice de inflación de noviembre) que lleva a $500 mil mensuales los pagos de intereses del BCRA, generando más emisión.

Capítulo aparte merece la afirmación del titular de Hacienda sobre que “estamos cerrando el año cumpliendo el compromiso de financiar el funcionamiento del Tesoro sin la utilización de adelantos transitorios del Banco Central”, soslayando esta asistencia indirecta mencionada anteriormente, y, además, la reciente compra de DEGs por parte del BCRA al Tesoro para contener la crisis de reservas, la cual implicó una emisión de $200.229 millones. Lo cierto es que el gobierno restringe la emisión monetaria únicamente ajustando sobre las partidas sociales, pero recurre a ella para fines parasitarios como pagarle intereses a la banca, sostener el negociado usurario de la deuda del Tesoro, financiar los beneficios cambiarios de los sojeros y cumplir con la meta de acumulación de reservas que impuso el pacto ruinoso con el FMI.

Como vemos, el “éxito” obtenido en la licitación, que tanto celebra el gobierno, traerá mayores costos usurarios al país y más ajuste contra el pueblo.

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