Mucho antes que Pontaquarto confesara cómo repartió los millones de pesos de coima para aprobar la reforma laboral del año 2000, el régimen de superexplotación instaurado por las leyes laborales del menemismo había mostrado sus límites. Primero, no sirvieron para prevenir la bancarrota económica. Ahora, están amenazadas por un estallido de luchas salariales y movilizaciones piqueteras.

Pero para la clase capitalista la flexibilidad laboral, los salarios de hambre, la diferenciación salarial y la liquidación de las contribuciones jubilatorias y sociales siguen siendo la única base para salir de la bancarrota que no pueden evitar. No por casualidad, la plataforma electoral de Kirchner no planteaba desmantelar el andamiaje antiobrero de la década del ’90, y ni siquiera la ley Banelco. Más aún, en esa plataforma se dice que se "abrirá la negociación de los convenios colectivos de trabajo por rama y empresa. En ellos se discutirá no sólo el nivel salarial, sino también las condiciones de inversiones física y de capital humano y su vínculo con la productividad" (precisamente el objetivo central de la reforma laboral Banelco). De subir el salario al nivel de la canasta familiar; de aumentar las indemnizaciones, reducidas bajo el menemismo; de anular la ley de riesgos del trabajo o de la jubilación privada… no hay ni una palabra. En cambio, se propicia alcanzar un "consenso estratégico en materia de jornada laboral… atendiendo… a las nuevas demandas y posibilidades de la organización del trabajo". Esto es, eliminar la jornada legal de 8 horas diarias por la jornada rotativa en base a un cálculo anual, como ya figura en los convenios flexibilizadores de la industria automotriz.

Por eso, las revelaciones de Pontaquarto fueron para el gobierno y para los capitalistas una desgracia, porque cuestionaron la ley laboral coimera que el kirchnerismo no pretendía derogar ni reformar. Ahora, aunque todos (gobierno, patrones y burócratas) dicen querer derogar la ley laboral coimera, a tres semanas de las "confesiones" de Pontaquarto el gobierno sigue estudiando qué hacer. Para "ganar tiempo" el Ministerio de Trabajo convocó a consulta a burócratas y patronales, cuando el ministro Tomada conoce de memoria las opiniones de todos. Sucede lo mismo con el proyecto de reforma previsional, que se aseguró que estaría listo en octubre y, ahora, para después del verano. Ocurre que el gobierno sigue sin ponerse de acuerdo en un texto para presentar al Congreso.

La ley coimera derogó o modificó una serie de leyes, como la de convenios colectivos (la famosa 14.250), que no se reponen jurídicamente con su derogación. Por ejemplo, si se derogara la disposición de la ley coimera que dice que los convenios los firman los sindicatos de primer grado, no se sabría jurídicamente quién está autorizado a firmarlos. Por lo tanto, la simple derogación o anulación de esa ley crearía un vacío legal. Para evitarlo, la derogación de la ley coimera debería ir acompañada de un texto que reemplace cada punto.

Las patronales quieren que la ley coimera sea sustituida por otra más reaccionaria. El ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, planteó en su columna en La Razón-Clarín: "avanzar más. En tal sentido, insistimos en la necesidad de tomar el toro por las astas, estableciendo que para trabajadores que aumenten el plantel de una empresa o que hayan estado empleados en negro, se eliminen las cargas sociales (aportes jubilatorios, indemnización por despido y otras) por dos años, sin exigir el pago de lo atrasado en el caso de regularización de empleos en negro. Además, hay que permitir que en estos y otros casos, se paguen sueldos inferiores a los normales en la empresa" (15/12/03).

Came, que dirige el ex desarrollista, ex procesista, ex menemista, ex duhaldista y ahora kirchnerista Osvaldo Cornide, quiere que haya un régimen transitorio por dos años que permita a las patronales Pymes (hasta 200 trabajadores) contratar trabajadores a 400 pesos por mes "cualquiera sea la tarea y la actividad que se desempeñe", quedando "establecido que el trabajador no percibirá presentismo ni ningún otro adicional que pudiera corresponder. Por tratarse de un régimen de excepción y promoción del empleo, tampoco gozará de vacaciones ni sueldo anual complementario ". Una maravilla.

La Unión Industrial apoya a Came. Insiste en que hay que aprobar una ley especial para las Pymes y preservar los convenios por empresa firmados por la burocracia central. "Descentralización de los convenios respetando la ley sindical", planteó Funes de Rioja, de la UIA (Clarín, 31/12/03).

Las burocracias de la CGT y de la CTA tienen planteos divergentes. Las CGT de Daer y Moyano defienden a rajatabla el privilegio de la burocracia para firmar los convenios, sin ninguna intervención de los afiliados. La CTA se opone a ese privilegio: reclama "que haya varios sindicatos por actividad con posibilidad de firmar los convenios" (Clarín, 31/12/03) y que "los niveles de negociación los fijen las partes", lo que significa convenios por empresa. De la derogación de toda la legislación laboral menemista, aliancista y duhaldista no hay ni una palabra. Siguen defendiendo la integración de los sindicatos al Estado y la ausencia de democracia sindical.

El PO plantea:

• • Anulación del período de prueba, que hoy puede ser de hasta un año, como figura en el convenio de la alimentación firmado por Daer.
• • Anulación de las reducciones de los aportes patronales. Aporte patronal único que financie el sistema jubilatorio, de salario familiar, seguro de desempleo y salud.
• • Derogación de toda la legislación antiobrera menemista, aliancista y duhaldista, como la ley de ART, de jubilación privada, de convenios especiales Pymes, de reducción de las indemnizaciones (Ley Erman González), de fraccionamiento de las vacaciones.
• • Prohibición de los despidos y suspensiones sin causa. Eliminación del Procedimiento Preventivo de Crisis. Estatización de toda fábrica que cierre.
• • Convocatoria a las paritarias. Convenios únicos por industria. Que ningún convenio regional o por empresa pueda ser inferior al de la actividad o a las leyes laborales. Por convenios firmados por paritarios elegidos en asamblea, sobre la base de proyectos elaborados por los trabajadores.
• • Salario mínimo, vital y móvil de 600 pesos para los trabajadores solteros.
• • Duplicación de los montos de los planes sociales.
• • Seguro de desempleo equivalente al salario en actividad.
• • Control obrero de los aportes jubilatorios. Por comisiones obreras que fiscalicen la contratación de trabajadores en negro.
• • Jornada de 8 horas sin afectar el salario de bolsillo.
• • Que la contratación de nuevo personal para compensar la reducción de horas de trabajo se negocie con una Bolsa de Trabajo bajo control de la ANT.
• • Admitir la reducción de la jornada a seis horas para poner fin a la desocupación.

Este congreso patronal, que vive de los sobornos, nunca aprobará una ley laboral favorable a los trabajadores. ¡Qué se vayan todos! Sólo una Asamblea Constituyente podrá reorganizar el país sobre nuevas bases.