Existen motivos sobrados para caracterizar que la reforma política impulsada por el gobierno es una maniobra distraccionista para ocultar la podredumbre del régimen y de sus partidos. El tratamiento del proyecto de ley coincide con las revelaciones sobre el financiamiento espurio de las campañas electorales de Macri y Scioli, que alcanzan a empresarios involucrados en hechos de corrupción y hasta a tratantes de mujeres. El caso del PRO es paradigmático, porque para sortear la prohibición de aportes empresariales a su campaña los hizo pasar como contribuciones permanentes al partido. Los montos en juego se cuentan por decenas de millones de pesos.

 

Destapada la olla, el gobierno quiere blanquear estos aportes empresariales con un proyecto de ley de financiamiento de las campañas electorales, que sería presentado de manera separada al de la reforma política. De aprobarse la iniciativa, el financiamiento de las campañas estará determinado por los capitalistas, aunque el gasto estatal no disminuirá, ya que éstos podrán desgravar los aportes del pago de sus impuestos. Tendríamos una privatización con fondos públicos, en favor de los partidos que gobiernan para el capital.

 

Estatización

 

Sin embargo, sería un error limitar el alcance de la reforma política a este afán encubridor. La estrategia macrista consiste en profundizar la intervención despótica del Estado ante el electorado y los partidos políticos que ya estuvo presente en la implementación de las PASO por parte del kirchnerismo. Con las PASO, el Estado obligó al electorado a participar de elecciones internas de partidos a los cuales no pertenece, y a éstos a decidir sus candidaturas sin respetar la soberanía y el programa de cada organización política.

 

Pero, ahora, dando una vuelta de tuerca más, se prohibirá el corte de boleta en las PASO, limitando la libertad de decisión del electorado. Se consuma así un hecho doblemente totalitario: obligar a la población a votar en internas de partidos políticos y, luego, negarle el derecho al corte de boleta.

 

Para justificar la prohibición de cortar boleta en las PASO el gobierno argumenta que un elector no puede votar en la interna de dos partidos o alianzas. Este argumento sería coherente si la elección interna fuese voluntaria, tanto para los partidos como para los electores. Pero sucede todo lo contario. 

 

A esto hay que agregarle que también se le niega al elector el derecho a votar en determinada categoría con una finalidad democrática, que ayude a los partidos a superar el piso proscriptivo del 1.5%. Si quiere orientar su voto con esa finalidad debe hacerlo si o si a la lista completa.

 

Voto electrónico

 

La zanahoria esgrimida para hacer pasar este palazo a la democracia política es la implementación del voto electrónico, al que se le atribuye la virtud de terminar con la manipulación de los punteros políticos expertos en el robo de votos y boletas. Existen, sin embargo, estudios fundados que muestran que el voto electrónico es tan o más manipulable que la boleta de papel. En definitiva, la cuestión del fraude no depende del método de votación sino de la naturaleza del régimen político.

 

La aprobación de la ley no asegura la implementación del voto electrónico. Esto se debe a que el gobierno ha pactado con sus propios gobernadores y el massismo que en el voto electrónico no se aplicará en las provincias que tengan un sistema electoral distinto del que regirá a nivel federal.

 

Así, los gobernadores tendrán la posibilidad de mantener sus propios regímenes electorales basados en la ley de lemas, de colectoras o acoples que actualmente están vigentes en varias provincias para manipular y distorsionar la voluntad popular. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Vidal ya ha hecho saber que prefiere la boleta de papel, para valerse del privilegio que supone el control del aparato del Estado.

 

Cupo femenino

 

La otra zanahoria a la que el gobierno ha decidido recurrir para encubrir el carácter reaccionario de la reforma política es el establecimiento del cupo femenino del 50% para los cargos parlamentarios. A priori, la misma podría ser vista como intrascendente si se tiene en cuenta que su aplicación no modificaría en nada la actual composición del Senado y sólo muy parcialmente sí lo haría en Diputados.

 

En el caso del Senado es interesante constatar que la presencia de mujeres, que alcanza al 43% del total, no ha servido para impulsar la legalización del derecho al aborto. Por el contrario, las senadoras mujeres son militantes del lobby clerical.

 

Sería un error, sin embargo, considerar como intranscendente o neutro el cupo del 50% por el simple motivo de que su aplicación no produzca un cambio de la composición de las Cámaras. En política, sobre todo si se trata de política socialista, las falsas salidas generan ilusiones que desvían a los explotados de la lucha de clases.

 

El cupo femenino cumple esa función. No sólo embellece una reforma política reaccionaria. Además, crea la ilusión entre las mujeres trabajadoras de que su emancipación será posible por medio de una intervención estatal que les otorgue una mayor presencia institucional. Las fuerzas de izquierda que han asumido la defensa de este cupo se han metido de cabeza en una política de conciliación de clases, asumiendo la función de moldear el régimen político de la burguesía.

 

Nuestra posición

 

El Partido Obrero ha expresado su rechazo a esta reforma política reaccionaria. En las reuniones con el Poder Ejecutivo y en la Cámara de Diputados hemos denunciado que el gobierno quiere superar la decadencia histórica de las formaciones políticas tradicionales apelando a una mayor regimentación del Estado. Es un intento condenado al fracaso, pues una crisis que tiene raíces históricas no puede superarse con medidas reglamentarias. Ante la decadencia de los partidos patronales y su Estado no le oponemos leyes que lo rescaten, sino la construcción de una alternativa obrera y socialista.