En el día de ayer, la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, se reunió con los directivos de las principales cadenas de supermercados con el objetivo de contener el alza de los precios hasta fin de año de aquellos productos de consumo masivo. Sin embargo, los empresarios no asumieron ningún compromiso al respecto.

El encuentro tenía la finalidad de refrendar el sistema de aumentos contemplado en la Ley de Góndolas, el cual establece que cualquier variación en los precios debería contar con la autorización de la Secretaría de Comercio Interior. Consiste en la misma política de control que ha regido desde que comenzó el mandato de Alberto Fernández y que, a la luz de los acontecimientos, se ha mostrado infructuosa a la hora de evitar un desmadre inflacionario. El oficialismo no propuso nada nuevo en esa reunión ni ejerció ningún tipo de presión sobre los supermercadistas, fue simplemente una puesta en escena en clave electoral para aparentar que está tomando cartas en el asunto en relación a los precios. Una farsa por parte del gobierno a los fines de atenuar el descontento popular de cara a los comicios de noviembre.

Ni el acotado Super Cerca, ni el programa Precios Cuidados, ni el desmantelado Precios Máximos han podido impedir que el índice de inflación alcanzara el 32,3% en los primeros ocho meses del año, marcando un aumento interanual del 51,4%. Porcentajes que, en el caso de los alimentos, acumulan un 32,6% entre enero y agosto 2021 y un 53,4% entre agosto 2020 y agosto 2021. Ahora, sin Precios Máximos y con un esquema de aumentos “coordinados”, el control gubernamental en la materia se vuelve todavía más inocuo. A su turno, es preciso señalar que todos estos programas estuvieron sujetos a aumentos periódicos, y, paulatinamente, fueron reduciendo artículos de su nómina; algo que volverá a ocurrir a mediados de octubre cuando se renueve Precios Cuidados, cuyos productos representan más del 10% de las ventas de los supermercados adheridos.

Sucede que nunca se tomaron medidas de fondo, como la apertura de los libros de toda la cadena de valor, para combatir los sobreprecios. Ni siquiera existió control alguno sobre los precios mayoristas, los cuales aumentaron un 60,4% en el transcurso de un año, y un 2,8% en el mes de agosto 2021, superando los índices de julio y junio que promediaron el 1,9%. A su vez, reinaron las maniobras patronales para sortear el control estatal en las góndolas, sin recibir a cambio sanción alguna. Primó el desabastecimiento, las pequeñas modificaciones en el empaquetado para desafectar dicho producto a la injerencia de los programas vigentes, entre otros ardides por parte de los empresarios que el gobierno dejó prosperar. Por otro lado, los comercios de cercanía (almacenes, autoservicios) estuvieron por fuera de los acuerdos establecidos, y, en ese sentido, “según el relevamiento de la consultora Scentia, una misma canasta de 1.000 productos hoy es un 27% más barata en supermercados que en el canal tradicional” (La Nación, 29/9).

La pérdida del poder de compra de los trabajadores, como resultado de la inflación, fue del 7% entre junio 2020 y junio 2021. Esto tiene como correlato la caída del consumo masivo en supermercados y autoservicios, que, según una encuesta realizada para la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), fue de 10,1% en agosto 2021, en términos interanuales. El descenso fue del 15,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires; y, dentro del Amba, el consumo cayó un 5,7% entre los sectores de mayor poder adquisitivo, 13% en las capas medias y un 28,4% en el caso de los sectores más postergados. La depresión del consumo masivo en el transcurso de un año alcanzó el 17% en el rubro de alimentos, donde el alza en los precios se hizo sentir con más fuerza.

El ministro de Producción, Matías Kulfas, en pos de cubrir al gobierno ante el evidente fracaso de su política para controlar los precios, afirmó que “hemos contenido, con acuerdos de precios, la presión de aumentos internacionales del 70 al 80 por ciento en dólares de productos que Argentina produce y que tiene impacto en la canasta básica” (Página 12, 28/9). Los dichos de Kulfas no tienen el menor fundamento, puesto que lo que se produce en Argentina -tanto para exportar como para abastecer el mercado interno- está nominado en pesos, por lo tanto, no tendría por qué haber un traslado directo de los precios internacionales en las góndolas locales. Con sus declaraciones, el ministro pretende naturalizar esta práctica de saqueo en la que incurren las alimenticias y el capital agrario, y, al mismo tiempo, disimular que los grandes ganadores del auge que tuvieron los precios internacionales de las materias primas fueron las multinacionales que acaparan el complejo agroexportador del país, mientras que el mismo fenómeno representó un golpe al bolsillo de las familias trabajadoras al momento de “llenar la olla”. La gestión de Alberto Fernández no se propone modificar esta realidad, por el contrario, les ofrece cada vez más concesiones a los pulpos exportadores, dado que prioriza el ingreso de  dólares provenientes de las ventas al exterior en función de rescatar la deuda con el FMI.

Así las cosas, el optimismo oficial acerca de una posible desaceleración inflacionaria quedó en el pasado. El gobierno ya admitió que, a diferencia de lo ocurrido en agosto, en septiembre la inflación volverá a ubicarse en torno al 3%, llevando el índice interanual al 51,7% y un 36,2% acumulado durante el 2021. Las consultoras privadas, por su parte, coinciden con esta proyección. A su vez, los analistas consultados por el Banco Central estiman que la inflación en el 2022 será del 43,1%, en contraste con la pauta del 33% incorporada por Guzmán en el presupuesto presentado para año próximo (Infobae, 28/9). Finalmente, la ampliación de la brecha cambiaria, los tarifazos en puerta y la impunidad de las empresas formadoras de precios son factores que echan leña al fuego del espiral inflacionario y que la orientación capitalista del gobierno convalida.

Es necesario entonces impulsar un programa de los trabajadores, que parta por abrir los libros de toda la cadena comercial, a fin de evaluar los costos reales y evitar sobreprecios, junto con la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero. Esto último permitirá, entre otras cosas, desacoplar los precios del mercado interno de los internacionales. Por otro lado, es necesario recomponer el ingreso de los trabajadores, estableciendo un salario mínimo ý jubilación mínima de $70.000, paritarias sin techo indexadas a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo. La ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria forman parte de esta misma hoja de ruta, en favor de las mayorías populares.

 

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