El miércoles hubo sesión en la Cámara de Diputados, teniendo tres proyectos principales a tratar, además de otras cuestiones menores que se aprobaron sin oradores ni informes de dictámenes. El primer tema de la jornada fue la declaración de utilidad pública del registro nacional de barrios populares, un ente creado durante el macrismo primero por decreto y luego ratificado en una ley en 2018. El proyecto fue aprobado por casi la totalidad de la Cámara (solo contó con dos votos en contra y tres abstenciones) y llegó al recinto con firmas de todos los bloques que participan de las comisiones que lo trataron.

Los diputados del Frente de Izquierda – Unidad votaron favorablemente esta iniciativa y tuvieron en la voz de Romina Del Plá la mejor justificación al acompañamiento del proyecto: “suspende los desalojos en los barrios incluidos en el Renabap. Es una medida concreta de aplicación directa e inmediata en favor de las miles de familias que habitan los barrios populares. Este punto es el más importante y el que más me sorprende que vaya a ser acompañado por los dos bloques mayoritarios. Van a legislar sobre la prohibición de los desalojos cuando sus gobiernos desalojan de manera sistemática. Es otro de los tantos puntos donde no existe grieta alguna.”

Es que efectivamente quienes votaron a favor de la suspensión de los desalojos, pero forman parte del peronismo o de Juntos por el Cambio, cometieron un acto de hipocresía enorme. Mientras Cristina Fernández afirma que “el peronismo no reprime” tuvimos la semana pasada los violentos desalojos en Villa Mascardi a cargo de Anibal Fernández, tenemos al kirchnerismo de paladar negro desalojando y reprimiendo en la Provincia de Buenos Aires de la mano de Berni como hicieron en Guernica, en La Matanza o en tantos otros lugares; o como vienen haciendo gobernadores peronistas hace décadas como el caso de Insfrán en Formosa a los Qom.

Pero es claro que el carácter de “desalojadores seriales” no es exclusivo del peronismo: tenemos los casos de Larreta en la Villa 31 o de Morales persiguiendo a los movimientos sociales a fuerza de causas truchas, lo que demuestra que verdaderamente es trasversal a la política patronal de nuestro país. El colmo de la impostura fue el voto favorable de Espert, quien tiene como latiguillo “cárcel o bala”.

Tal como planteó Del Plá, este acompañamiento de los sectores más reaccionarios prueban que no va a ser ninguna ley la que les permita a los que viven en los barrios populares superar la crisis habitacional o conquistar la urbanización, sino la lucha y la organización de la que dan ejemplo los compañeros del Polo Obrero y la Unidad Piquetera. Los gobiernos que llevan adelante una política de ajuste contra los trabajadores, que los empujan a viviendas cada vez más precarias al no poder pagar los alquileres, son incapaces de ofrecer cualquier tipo de solución a los problemas que ellos mismo generan.

Innovación tecnológica

Bajo la pomposidad de un proyecto que se propone fomentar la innovación tecnológica se votó, con el pronunciamiento en contra de los diputados del FIT-U, un régimen de créditos fiscales para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo. El proyecto separa lo que recuperarían las Pymes (80% de lo invertido) de las grandes empresas (60%), pero es evidente que la enorme mayoría de las investigaciones tecnológicas dependen de un capital con el que solo cuentan las grandes empresas, las principales beneficiarias de esta ley.

Fue también un proyecto de consenso entre casi todos los bloques, donde se le dio a Manes un lugar relevante para que continúe con su perorata tecnológica. Romina Del Plá, a la hora de intervenir, marcó la contradicción de quienes dicen querer desarrollar la investigación pero condenan a los investigadores del Conicet a salarios de hambre, igual que a los becarios. Al mismo tiempo denunció que se va a reducir la recaudación del fisco por estos nuevos beneficios al capital, mostrando el carácter clasista de un presupuesto que ajusta en partidas fundamentales como son la educación, la asistencia social, la vivienda para cumplir con las metas de déficit financiero acordado con el FMI.

Cromañón

Finalmente, para cerrar la jornada, se aprobó un proyecto más que necesario para honrar la memoria de “los pibes de Cromañón”, esos 197 chicos y chicas, en su mayoría adolescentes o jóvenes que fueron víctimas de un sistema de corrupción y negociados que -como siempre- tuvo como protagonistas al Estado y a la clase empresaria. El proyecto implica la expropiación del inmueble donde funcionaba el boliche y la constitución en ese espacio de un museo de la memoria. Fue impulsado por familiares y sobrevivientes que en estos 18 años no bajaron en ningún momento los brazos y que mostraron una tenacidad admirable en la pelea por el castigo a los responsables.

Más allá de alguna trifulca entre los K y el PRO por ver quién trataba peor a una juventud que está sumida en la pobreza y que de la mano del desfinanciamiento educativo cuenta cada vez con menos posibilidades de salir de esa situación, el proyecto se aprobó por unanimidad. Es curioso, porque finalmente Ibarra, el principal responsable político de la masacre, asumió como sucesor de Fernando De la Rúa, fue parte del Frepaso y de la Alianza y terminó como aliado del kirchnerismo que incluso en 2007 lo llevó como candidato.

En el discurso de Romina Del Plá se denunció cómo Cromañón no fue un caso aislado, y como la juventud está sometida a diversas situaciones en las que ese entramado mafioso de negocios y negligencia estatal la expone a estar al borde de la muerte. Con un cierre conmovedor y estruendosos aplausos de los familiares que estaban en el recinto, cerró la intervención al grito de “Los pibes de Cromañón presentes. Ahora y siempre”