En apenas dos meses, luego de la aprobación de la reforma procesal penal en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli ha alcanzado “el logro” de elevar de 26.990 a 28.332 la cantidad de presos que se pudren hacinados en las cárceles bonaerenses. La reforma, entre otras cosas, endurece las condiciones para el otorgamiento de la “libertad vigilada” y formaliza el traspaso de la instrucción a manos de la policía.

Al mismo tiempo, la cifra de detenidos en comisarías y otras dependencias (que entre mayo de 2005 y diciembre de 2007 había caído de 6.035 a 2.782) trepó a 4.142, un 49% más (Página/12, 25/3). El porcentaje de presos sin condena firme oscila entre un 70 y un 80%, “uno de los más altos de América Latina” según un comisionado de la CIDH. Al menos un tercio de ellos resulta finalmente absuelto tras varios años de encierro.

Un estudio del CELS (en base a datos aportados por el Ministerio de Justicia que dirige Ricardo Casal, promotor de la reforma procesal) da cuenta de un dato significativo: a mayor índice de encarcelamiento, mayor índice de delitos, y viceversa. Esta estadística es una radiografía del Servicio Penitenciario, que ordena robos y todo tipo de crímenes por encargo. Por supuesto, no era a estas “puertas giratorias” a las que refirió en su momento la Presidenta.

En la ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones ratificó un pedido de amparo solicitado durante el gobierno Telerman, que conmina al gobierno porteño a que “cese en su omisión de asistir adecuadamente” a los menores consumidores de paco. ¿Qué ordena este fallo? La instauración de lugares de internación “voluntaria o coactiva” (por la fuerza).

El periodista y psicólogo Pedro Lipcovich los define así: “Los lugares de ‘internación coactiva’, como los denomina el fallo, responden al modelo de la ‘comunidad terapéutica’, cuyas tasas de recaída tras la internación se aproximan al ciento por ciento. Funcionan sobre la base de la abstención total del consumo de la mayoría de las sustancias psicoactivas (compensada por la aceptación y promoción del tabaquismo), bajo un sistema de encierro con altísimo control social. (Existen) dos objetivos inconfesados: sacar de la vista de la sociedad a los niños, niñas y adolescentes indeseables, e introducirlos en el sistema de reclusiones y castigos donde pasarán el resto de sus vidas” (ídem). La única objeción de Macri al fallo es… la falta de presupuesto.

El mismo Estado, cómplice (y hasta promotor) de la inundación de drogas en las barriadas, es conminado a recluir a la juventud bajo la custodia de los Grassi y otros monstruos. De paso… ¿quién decía que los menores “entran por una puerta y salen por la otra”? El gobierno “nacional y popular” hace propia la agenda de la derecha política en materia de “seguridad”.

Néstor Rivas (Jacyn)