Las últimas semanas en Chubut se caracterizaron por la profundización de acciones de lucha de diferentes sectores. Docentes, estudiantes, jubilades, trabajadores de la salud y estatales enfrentan las políticas del gobierno de Ignacio Torres que, bajo la misma línea que Milei, aplica motosierra y ajuste en todas las áreas del Estado. 

Como hacía tiempo no ocurría, en Chubut se vive un clima de lucha creciente que se nutre semana a semana con nuevas expresiones y adhesiones. Una antesala al paro de la CGT que tenemos la tarea de dar continuidad en un plan de lucha contra el ajuste de Torres y Milei, superando su carácter de simple descompresión de la crisis.

Crece la lucha de trabajadores estatales

En Chubut, el conflicto estatal no para de escalar. Por un lado, la lucha educativa vive un nuevo capítulo: al reclamo salarial docente —luego de la imposición miserable de un 2% de aumento— se suman demandas por las condiciones edilicias, por la fusión y cierres de carreras en institutos de formación docente, por despidos en nivel especial, fusión de salas en niveles inicial y cierres en primaria. En esta etapa, lo novedoso es el protagonismo de les estudiantes, quienes han tomado la iniciativa con ocupaciones, asambleas y movilizaciones.

La ocupación del ISFDA 805 en Trelew, en rechazo al cierre del turno mañana y los talleres de FAV (Formación Artística Vocacional), encendió la chispa. Le siguieron las acciones en el ISFDA 809 de Esquel y hasta un inédito paro estudiantil secundario en Paso del Sapo por la falta de calefacción en pleno invierno, reclamo que también se repite en Cushamen. La fuerza de esta movilización obligó a Atech a adelantar un paro educativo para el 4 de abril, en lugar de postergarlo hasta el 10, en sintonía con la CGT.

En simultáneo, trabajadores estatales agrupados en la ex 1987 impulsan medidas desde asambleas autoconvocadas —ante la ausencia de ATE y UPCN— para exigir una recomposición salarial urgente, con sueldos que promedian $680.000, menos de la mitad de una Canasta Básica Total en la Patagonia.  Jubilades por su parte mantienen movilizaciones los miércoles, reclamando un aumento inmediato en sus jubilaciones y denunciando el vaciamiento del Issys consecuencia de los bajos salarios de los activos y la deuda histórica que la provincia tiene con la caja del instituto. También el sector judicial continúa su reclamo por el 15% adeudado de 2024. Médicos por su parte, llevarán adelante un paro de 72 horas del 9 al 11 de abril, con foco en el salario y la crítica situación del sistema sanitario provincial.

El clima de lucha se profundiza semana a semana. Mientras la burocracia sindical aparece con maniobras de descomprensión o directamente no figuran. La necesidad de las y los trabajadores de tener una intervención directa sobre esta crisis es urgente.

Mucha declaración de emergencias, nada de atender las emergencias

El gobierno de Torres ha demostrado que no tiene interés en resolver los problemas elementales de las familias chubutenses. La paupérrima respuesta frente a los incendios en Epuyén es prueba de ello. A casi tres meses, los recursos prometidos aún no llegaron a las familias afectadas. La contención ha sido posible únicamente gracias a la solidaridad popular: festivales, donaciones y organización comunitaria. 

De la misma forma el Estado abandona la asistencia a las familias afectadas por el temporal de Comodoro Rivadavia, donde las intensas precipitaciones que afectaron a la localidad en dos oportunidades en lo que va del año, inundaron numerosos barrios de la ciudad, en algunas zonas el agua bajó por los cerros y las corrientes, arrastraron todo a su paso. La última tormenta golpeó al Hospital Regional, donde el techo de la sala de partos cedió debido a filtraciones de agua. Una situación desesperante que vivieron y viven los vecinos y trabajadores de Comodoro; como lo denunciamos desde hace años, la ciudad no está preparada para soportar precipitaciones intensas concentradas en pocas horas, denunciamos la inoperancia y la responsabilidad estatal.  No existe un plan de urbanización serio en función de las necesidades populares, sino una ciudad al servicio de las grandes empresas y una sumatoria de anuncios, como lo hizo la ministra Papaiani hace unos días, propagandizando una ayuda ridículamente insuficiente, frente a un ajuste descomunal y una obra pública paralizada. 

Los datos del Indec muestran a Rawson y Trelew con la tasa de indigencia más alta de la Patagonia. Mientras tanto, el gobierno de Torres ignora la emergencia alimentaria, prorrogada hasta 2025, sin garantizar alimentos a comedores ni a las familias que más lo necesitan. A esta asfixia se suma el desmantelamiento en los espacios de formación artística vocacional, espacios gratuitos que son clave elemental para la inserción cultural de los sectores más vulnerables. Para las familias que más golpean la crisis sólo hay más militarización, con una presencia fortalecida del comando unificado en toda la provincia pero principalmente en Trelew y Comodoro Rivadavia, que lejos de resolver la cuestión de inseguridad está puesto al servicio de la regimentación y persecución que ejecuta el gobierno. 

Estadísticamente las mujeres y diversidades sexuales son las personas más vulneradas en las crisis. Las políticas del gobierno para estos sectores y sus demandas son ineficientes. Contra la violencia de género se limitan a breves espacios de charlas municipales, las partidas presupuestarias son escasas y en este sentido la asistencia caso por caso también. No hay creación ni mejoras en las casas refugios, que siguen operando con un personal mínimo y precarizado. La implementación del cupo laboral travesti trans es escasa, en un contexto donde, además de seguir vulnerados el acceso al trabajo, salud y vivienda, se ve un aumento significativo de expresiones homoodiantes  y transodiantes. Desde el gobierno provincial no sólo no atienden esta situación sino que el propio gobernador se suma a estos discursos de odio. En recientes declaraciones el mandatario cruzó al juez que falló a favor de la cobertura al 100% de SEROS de una cirugía de reasignación de género. Torres calificó como “demagogo, irresponsable e ignorante” porque “pone en riesgo el funcionamiento de la obra social”, en un claro acto de vulneración de la ley de identidad sexual, atacando a la comunidad LGBTIQ+, en la misma vereda que Milei.

Más represión, persecución y criminalización de la protesta

El gobierno de Torres despliega una política sistemática de criminalización y persecución contra luchadores sociales, organizaciones y comunidades originarias, como parte de una avanzada represiva que tiene su correlato nacional en la gestión de Patricia Bullrich. 

El refuerzo del Comando Unificado en toda la provincia no busca garantizar seguridad, sino disciplinar al pueblo trabajador y regimentar el conflicto social. Esta orientación se evidencia con claridad en el tratamiento dado a los recientes incendios en la zona de la Comarca Andina, donde, en lugar de investigar las responsabilidades del Estado por la falta de prevención y respuesta, se desvió el foco hacia una campaña racista de estigmatización contra las comunidades mapuche-tehuelche. Lejos de atender las necesidades urgentes, el gobierno eligió lavarse las manos y militarizar la zona, persiguiendo activistas y deteniendo arbitrariamente a referentes como Victoria Núñez Fernández, de la Lof Pillán Mawiza, recientemente liberada gracias a la enorme lucha que se dio.

Esta lógica represiva también se expresa en el avance de causas judiciales como la del Chubutazo, donde se intenta aleccionar a ocho vecinos responsabilizándolos por una movilización masiva y popular en defensa del agua, invisibilizando así el carácter legítimo de la protesta y protegiendo a los verdaderos responsables del saqueo ambiental. 

Torres necesita de esta maquinaria represiva para imponer su agenda de ajuste, y por eso ataca el derecho a la protesta: porque sabe que en las calles se encuentra la principal barrera para frenar el saqueo y la entrega.

¡Vamos a un paro nacional que de continuidad a la lucha!

La situación en Chubut muestra con claridad que la bronca y la disposición a luchar existen, esta misma semana se despliegan movilizaciones de todo tipo entre ellas en el marco del paro del 10 se dará un gran chubutazo educativo, marcha provincial impulsada desde les estudiantes de los diferentes institutos terciarios y universitarios. Desde la docencia hasta la salud, desde les estudiantes hasta los trabajadores estatales y las comunidades que defienden el territorio, todos enfrentamos distintas caras del mismo ajuste. Frente a esto, no alcanza con un paro nacional testimonial como el que propone la conducción de la CGT. Planteamos la necesidad de un plenario provincial de delegados de todos los sindicatos, jubilados, autoconvocados, centros de estudiantes para poner en pie un plan de lucha unificado con paros provinciales hasta derrotar el ajuste de Torres y que se vaya Milei. 

Una masiva marcha de los jubilados y el movimiento obrero, en vísperas del paro nacional

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