Con los anuncios oficiales del pasado viernes 26, el gobierno nacional dio a conocer la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en su tercera versión, pero esta vez restringido a las zonas más afectadas por la propagación del coronavirus. Con esta diferenciación, se estima que el gobierno recortaría entre el 55% y el 50% de los beneficiarios del IFE, lo que podría afectar a unas 5 millones de personas. 

Si bien aún no está la letra chica de esta disposición, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, brindó algunas precisiones a los medios. El pago del IFE estaría condicionado a tres parámetros que, según la funcionaria, evaluarían “una cuestión de precariedad habitacional, otra de línea de pobreza e indigencia, y una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cuidar esa no salida". Estas tres variables habría que combinarlas con “una definición geográfica para definir dónde va a llegar”. Es decir que a todas luces estamos ante un recorte del escaso programa que ofrecía unos $10.000 como prestación económica excepcional, para todos aquellos trabajadores desocupados o independientes que vieran suprimidas sus fuentes de ingreso debido a la cuarentena y los efectos de la pandemia en la economía.

Sobre estas bases, se estima que por zona geográfica abarcada se estaría hablando del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) –que implica a la Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos de la provincia de Buenos Aires-, Chaco, y las previsiones más optimistas incluyen la ciudad de Córdoba.

Si consideramos que el segundo pago del IFE implicó a casi 9 millones de personas, de las cuales un 36,3% pertenece a la provincia de Buenos Aires (mayoritariamente al Amba), un 3,8% a CABA y un 4% a Chaco, totalizaríamos un 44%1 del beneficio previsto para el segundo pago, lo que dejaría 5 millones de beneficiarios por fuera del tercer pago. A su vez, se calcula que, en su mejor momento, el costo de este beneficio llegó a alcanzar los casi $90.000 millones. El actual recorte implicaría un “ahorro” para el Estado de $50.400 millones (LPO 28/6). También se ha dejado entrever la posibilidad de un aumento de $2.000 para quienes queden en carrera en la tercera entrega del IFE, lo que llevaría el costo total el programa a $47.520 millones, apenas por encima de la mitad de los recursos destinados en los pagos anteriores.

También es importante señalar que, a más de 100 días de iniciada la cuarentena, aún no se ha depositado la totalidad del segundo pago del IFE, siendo que según el cronograma oficial se concluiría recién el 17 de julio: a casi cuatro meses de iniciada la cuarentena.

La doble vara el gobierno

El gobierno ha decidido cortar el hilo por lo más delgado, en vistas a que se trata de millones de personas cuya capacidad de incidir contra estas medidas hace primero necesaria su organización colectiva. Alberto Fernández se basa para esta decisión en que se estima que el 85% de la actividad productiva y comercial del país ya se ha recuperado, debido a la implementación de fases más flexibles de la cuarentena en la casi totalidad del territorio nacional. Sin embargo, omite el carácter alimentario de la prestación que se dispone recortar para millones de beneficiarios, que por efecto de la pandemia han visto reducirse sus ingresos, independientemente de la fase en la que se encuentre su provincia o región.

Tal es así el reconocimiento de esto que el gobierno nacional aplica una doble vara para resolver respecto al beneficio que perciben los sectores de trabajadores más golpeados y el ATP que va dirigido a subsidiar a los capitalistas. Respecto de este último, el gobierno mantendría una tercera edición del ATP, sin límites a la cantidad de empleados por empresas –abarcando así a los grandes capitalistas con espaldas propias para sustentar los salarios-, y con un aporta más bajos para la empresas del interior, sin diferenciar entre empresas que se encuentran funcionando y las que no (Clarin 29/6). Es decir que el gobierno sigue financiando a los empresarios pero le corta el sustento a 5 millones de trabajadores, cuando estos más lo necesitan.

Con una crisis económica agravada, cientos de miles de nuevos desocupados y una proyección de caída económica del 9,9%, la tarea inmediata consiste en otorgarle una respuesta a millones de trabajadores afectados por esta situación. El IFE debería ser otorgado a todo solicitante que lo necesite y su monto aumentado para satisfacer las necesidades alimentarias, sanitarias y habitacionales de quienes se ven impedidos de garantizárselo por otros medios. Es el señalamiento que desde el primer día realizó el Partido Obrero en pos de un seguro económico de $30.000 para desocupados y trabajadores independientes durante esta crisis. Se instala entonces la necesidad de ir a fondo por el pago nacional del IFE, sin ninguna discriminación geográfica y el aumento del monto a $30.000 para defender las economías de las familias obreras.