El gobierno de Bussi acaba de elevar al rango de Ministerio a la Secretaría de Educación, y ha nombrado como ministro al rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Esta universidad es uno de los centros de la reacción del país y tuvo estrecha relación con Bussi en los años del genocidio dictatorial. La elevación de jerarquía institucional del sistema educativo fue pactada con el Banco Mundial, el cual reclama la reducción salarial, que pasaría por un recorte del sistema de licencias y por la reducción del plantel docente, mediante la compactación de grados y cierres de escuela.

En todos estos acuerdos quedaron explicitados los subsidios a los privados. Por eso, la Iglesia, que en otras oportunidades protestó ante anuncios que recortaban en parte los subsidios y hasta llegó a sumarse a las protestas callejeras, en esta oportunidad no ha abierto la boca. Una nueva ley provincial implementa, para una franja del sistema educativo, el sistema de colegios de autogestión, o sea que deberían autofinanciarse con un mecanismo similar al que se quiere implementar con los hospitales públicos. Precisamente, a nivel de la salud pública se ha anunciado un plan de reforma, que también financiará el Banco Mundial, que consiste en desconocer definitivamente la ley de Carrera Sanitaria, racionalizar en un tercio el personal existente (el año pasado fueron jubilados cerca de 1.000 trabajadores y profesionales, desmantelando servicios enteros), transforma a 5 hospitales en hospitales de autogestión, y establecer un seguro para los sectores carenciados, o sea que el Estado les pagaría a los hospitales privatizados por la atención de las personas sin recursos.

ATEP (gremio docente) no ha anunciado ningún plan de lucha para enfrentar la ofensiva gubernamental. La dirección de ATEP está en manos de la UCR.

Lo mismo ocurre con ATSA, cuya dirigencia no ha abierto la boca, e incluso estuvo ensalzando un plan de perfeccionamiento del personal de enfermería, cuando centenares de ellos van a ser dejados en la calle.

Sólo la Asociación de Profesionales de la Salud ha salido a denunciar el plan del gobierno y a anunciar medidas de lucha, pero reivindica la ley del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud), que plantea la transformación del hospital público en hospital de autogestión.

Es necesario un plan de lucha para defender la salud y la educación públicas y expulsar al Banco Mundial.