Mientras los políticos patronales de todo pelaje convierten al proceso electoral en un preparado juego de artificios para distraer a la opinión pública, el gobierno nacional prepara uno de los ataques más profundos que se hayan intentado hasta ahora contra la clase obrera: la destrucción completa de la legislación de protección laboral.

La médula del “acuerdo productivo” que Menem se apresta a firmar con las entidades patronales gira precisamente en torno a esto. El justicialismo se ha ‘comprado” el apoyo de los grandes capitalistas y del gorilaje no solamente mediante un gigantesco incremento de la deuda pública y del remate por monedas del patrimonio estatal; no solamente mediante una especulación en la Bolsa organizada sigilosamente con anticipación; no solamente condonando deudas de oligarcas e industriales con los bancos provinciales; no solamente se la ha “comprado” con todos estos “curros”, sino fundamentalmente con la decisión de ir hasta el final en la quiebra de la legislación laboral conquistada por el movimiento obrero luego de décadas de sacrificada lucha.

El “acuerdo productivo” establece la liquidación de la ley de despidos, lo que significa la posibilidad de despedir sin la amenaza de sufrir un juicio laboral y prácticamente sin indemnización.

Establece la liquidación de la “ley de accidentes de trabajo”, algo que hace especialmente las delicias de Neustadt. Esto no entraña solamente la reducción a la nada de las indemnizaciones correspondientes, sino también la liquidación de las indemnizaciones por enfermedades profesionales. Los trabajadores quedarán sometidos de ahora en más a los más salvajes métodos de explotación, sin la limitación que significa el reconocimiento de esas enfermedades profesionales. En plena moda ecológica, los patrones podrán violentar a su gusto el medio ambiente y la naturaleza de los trabajadores.

El acuerdo, y los proyectos de leyes que serán enviados al congreso, reemplazan las convenciones colectivas de trabajo por industria por contratos por empresa, provocando con ello un colosal debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores. La mitad de la fuerza laboral, que se encuentra en empresas medias y chicas, perderá por completo cualquier clase de protección sindical. Las nuevas modalidades de contrato prevén la liquidación del salario y su reemplazo por una variante moderna del pago a destajo: el sueldo dependerá del ritmo de producción del trabajador. Los métodos de producción volverán a lo que eran en las primeras épocas de la industrialización o en los obrajes chaqueños, misioneros o entrerrianos, o en los feudos cañeros de Salta, Jujuy y Tucumán. Los “modernizadores” no tienen otro objetivo que volver el reloj de la historia hacia los principios del siglo pasado.

Uno de los más negreros capítulos del “acuerdo” se refiere a los jubilados. La evasión previsional quedará definitivamente blanqueda. Pero por sobre todas las cosas, los aportes jubilatorios dejarán de ir de aquí en más a las cajas de jubilaciones, para engrosar las de las compañías de seguro —la mayor parte de las cuales están en quiebra. Las jubilaciones actuales ya no podrán ser pagadas por las Cajas, y serán reemplazadas por una “Jubilación asistencial”, de un nivel inferior al límite de pobreza. Los fondos que irán a las compañías de seguro servirán para engrosar la especulación en la Bolsa, inmuebles y préstamos gratuitos a empresas colaterales de las compañías de seguro. El “mercado de capitales” quedará formado mediante la confiscación capitalista de los aportes previsionales de los trabajadores. Este sistema de “Jubilación privada” promete el paraíso para dentro de 20 ó 30 años... si antes no la quiebra una crisis especulativa.

La burocracia sindical ha dado su apoyo integral a esta liquidación de conquistas que vienen de casi medio siglo de luchas y en especial del primer gobierno de Perón. A cambio de estos “favores”, el gobierno ha transformado en bono público las deudas de las Obras Sociales, lo cual habrá de permitir a la burocracia proseguir con su desfalco.

Este violento ataque no encuentra la menor resistencia de parte de los partidos existentes. Estos pueden presentar quejas de uno u otro tipo, pero no pueden ofrecer una oposición de clase a esta ofensiva, es decir la unidad de los trabajadores en la lucha, incluida la huelga general. El lanzamiento de este ataque se combinará, sin embargo, con una crisis declarada del plan Cavallo, lo cual deberá favorecer la acción unida de las capas más amplias del pueblo. Los radicales, los alendistas y hasta sus ramificaciones “izquierdistas” han demostrado ya en las luchas pasadas (huelgas docentes y ferroviarias) su condición de rompehuelgas.

En vísperas de las elecciones, votar por el Partido Obrero significa votar por la defensa de las conquistas obreras y sindicales, significa luchar por una dirección para los trabajadores y significa preparar la huelga general.