Según cifras oficiales durante el último periodo se han logrado recuperar 141.000 puestos de trabajo de los 188.000 empleos registrados que se perdieron durante la cuarentena. Esto implica que uno de cada cuatro trabajos registrados no se recuperó, al tiempo que la actividad económica ya supera los niveles pre Covid, lo que implica una mayor explotación y precarización del trabajo.

Se trata de las mediciones correspondientes al sector privado, que reflejan el grado de generación –o pérdida- del empleo, en medio de una huelga de inversiones de las patronales, que tiene por propósito atacar condiciones laborales y flexibilizar convenios y normativa del trabajo.

El dato esclarecedor sobre el avance de esta ofensiva en los hechos es que la actividad económica ya se ha recuperado a niveles superiores a los de febrero del 2020 (+3,4%), con una dotación de empleo privado del 75%. Esto solo es posible por vía del aumento de la productividad del trabajo, la extensión de la jornada laboral o los ritmos de producción; o como resultado del empleo no registrado o encubierto bajo otras figuras.

Esta realidad se completa con un llamativo crecimiento de los monotributistas, lo que indicaría que parte de la mentada recuperación económica se asienta en la precarización de trabajadores, por medio del fraude laboral, obligándolos a inscribirse en figuras jurídicas que no responden a la naturaleza laboral de las tareas realizadas.

Un punto que destaca el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que elaboró un informe respecto al empleo, es que previo a la caída del empleo durante el actual gobierno, de agosto del 2018 al final del macrismo ya se habían perdido unos 276.300 puestos de trabajo privados, lo que da una imagen más completa del ajuste que se viene imponiendo.

El Plan Plurianual que prepara Alberto Fernández viene precedido por las reuniones del gobierno con las patronales, como la multinacional Toyota y la UIA, la burocracia sindical y el Triunvirato Cayetano, y se adelanta que seguirá esta línea de ofrecer garantías excepcionales a los capitalistas, como la transferencia de subsidio por medio del empalme de los planes sociales, o la flexibilización laboral según el modelo de la reforma antiobrera de Toyota.

En paralelo, el gobierno viene anunciando que lo más probable es que no renueve los decretos de doble indemnización y prohibición de despidos, que vencen a fin de año, lo que implica allanar el camino para que las empresas sigan liquidando empleos sin consecuencias legales, ya que la efectividad de los mismos está cuestionada por la propia evasión de los capitalistas, lo que ha quedado de manifiesto con los despidos ocurridos bajo la propia pandemia.

Las patronales y el gobierno condicionan una supuesta recuperación de empleo a una reforma laboral, que podría aplicarse convenio por convenio e industria por industria. Este proyecto es parte del paquete de medidas que el gobierno prepara para pactar con el FMI; y que además viene con proyectos accesorios como la ley para las automotrices, la de agroindustria y la prórroga de los incentivos a la Construcción.

Pero ese curso de acción es contradictorio con la creación de nuevos puestos de trabajo y la defensa de las condiciones laborales y salarios de los trabajadores, los cuales dependen de una efectiva prohibición de despidos, la defensa de los recursos nacionales para colocarlos al servicio de un plan de obra pública y generación de cientos de miles de puestos de trabajo y el no pago de la deuda externa. En este punto, la convocatoria independiente del próximo 11 de diciembre, para manifestar a Plaza de Mayo contra el acuerdo con el FMI, impulsada por el Frente de Izquierda Unidad, es la única acción que se dirige a enfrentar esta ofensiva antiobrera.