La temporada termina con una producción de limones superior a la de los últimos años. Las principales empresas que se dedican a la industrialización, además de comercializar fruta fresca, tienen repletos sus almacenes de aceite, jugo, pulpa y cáscara de limón, a la espera de mejores precios.

La actividad citrícola camina tras los mismos pasos de la actividad azucarera de nuestra provincia: concentración de la producción en un puñado de grandes empresas nacionales y multinacionales que manejan gran parte del negocio e imponen sus condiciones. Estas empresas son las encargadas de producir, vender, arrendar campos, comprar la producción a productores menores y tercerizar en su gran mayoría la contratación de mano de obra -que de forma directa emplea- de más de 90 mil trabajadores. Los valores por todos estos conceptos se ajustan en función de garantizar la tasa esperada de rentabilidad que exigen las grandes patronales.

Luego de que el gobierno avanzara con el “dólar soja” se sumaron a exigir el mismo tratamiento muchos otros sectores, entre ellos el limón. Es un camino que, además de engrosar las ganancias de los exportadores, alimenta una inflación que se espera este año cierra por encima del 90%.

Esto viene de la mano de un brutal aumento de la explotación de los obreros. Una reciente inspección oficial demostró que el 92% de los cosecheros de limón se encontraba en negro, en fincas de Famaillá, Tafí viejo, Monteros y Chicligasta. Además, se detectó trabajo infantil y una precarización extrema en la mayoría de las fincas. Los casos de trata laboral duermen en los juzgados, de la misma manera que lo hacen las causas por contaminación ambiental en la cuenca del Salí. Son causas que tienen como responsables a los directivos de las principales empresas del sector y que siguen operando con total impunidad.

Todo esto ocurre con la complicidad absoluta del gremio de Uatre que forma parte de la CGT. Mientras sigues descartando hacer un paro, el salario se pulveriza y la precarización se profundiza. Los trabajadores necesitamos organizarnos de forma independiente y salir a pelear contra el ajuste. Una tarea urgente es ganar la calle con los reclamos justos y verdaderos del sector citrícola, que padece condiciones de vida inhumanas, lo que afecta a las familias obreras. Luego de trabajar algunos meses con salarios por debajo de la línea de pobreza, la única opción para la mayoría es migrar a otras provincias en busca de trabajo, mientras otros suplican por un “plan intercosecha” de miseria que sólo alcanza a un puñado de personas.

Todos los que gobiernan apuestan a seguir ofreciendo a las patronales devoluciones de reembolsos por exportación, recuperos del IVA, exenciones impositivas y subsidios de todo tipo como el recalentado “Plan Empalme”. Ni hablar de la posibilidad que tienen las exportadoras de tomar préstamos a tasas negativas por debajo de la inflación, algo inimaginable para cualquier trabajador.

La defensa de la actividad citrícola no pasa por seguir engrosando las cuentas bancarias de las patronales, como proponen Jaldo y Manzur. Por el contrario la emergencia debe ser declarada para garantizar un  interzafra que iguale el costo de la canasta de indigencia (50 mil), de acceso irrestricto hasta que se reinicie la actividad y una cobertura de la obra social para todo el año. Para combatir el hambre urge avanzar con estas medidas urgentes que necesitan las familias rurales. La apertura de los libros de las empresas demostrará que la emergencia la tienen los trabajadores.

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