Los legisladores salteños del Partido Obrero Claudio Del Plá y Gabriela Cerrano presentaron una acción judicial de inconstitucionalidad para dejar sin efecto los decretos que componen el arreglo por el cual el gobernador Juan Manuel Urtubey permitió que la empresa Eco Desarrollo Salta SA, de la familia del diputado nacional Alfredo Olmedo, sea exceptuada del pago de su deuda de 266 millones de pesos en concepto de canon por la explotación de un amplio territorio provincial conocido como Salta Forestal.

 

Urtubey y Olmedo contra el Estado

 

La descomposición del régimen político salteño se expone en este caso en toda su dimensión. El gobernador y Olmedo (en su momento también el senador Juan Carlos Romero) han dado cátedra de cómo vulnerar toda la legislación vigente y defraudar al fisco.

 

En el año 2000, la familia Olmedo obtuvo del ex gobernador Juan Carlos Romero la concesión de 160 mil hectáreas en Salta Forestal. No sólo no pagó el canon sino que cambió el plan de inversiones original, volcándose a la soja en detrimento de las exigencias contractuales, que estipulaban la obligatoriedad de un desarrollo integral económico-social para la zona.

 

Recién en 2011, cuatro años después de asumir, Urtubey tomó el tema ante el evidente deterioro ecológico y económico en el territorio. La Cámara de Diputados formó una comisión investigadora y en ella el PO realizó un diagnóstico lapidario junto a los pobladores de la zona; emitió dictamen exigiendo la rescisión del contrato y una explotación estatal bajo control de trabajadores y campesinos. Por el contrario, oficialistas y romeristas se desligaron pateando el tema a la Justicia.

 

Seis años después, la “cruzada judicial” de Urtubey quedó expuesta como un fiasco: la presentación estuvo tan plagada de vicios que Olmedo respondió con una contrademanda. Ahora Urtubey, fingiendo haber hecho “todo lo posible” por recuperar las tierras, comienza el año advirtiendo un posible revés judicial y, en tal sentido, justifica un nuevo y más escandaloso acuerdo con el sojero: transaron ambos juicios, la provincia bajó las demandas, prorrogó la posesión por 45 años más y benefició a Olmedo con el perdón del canon adeudado: un total de 266 millones de pesos.

 

Nuestra denuncia

 

El canon de explotación, dispuesto por la ley 7623, nunca fue materia de discusión en los juicios, por lo cual introducirlo en el acuerdo transaccional es una clara maniobra fraudulenta. Tampoco podemos hablar de una condonación porque el gobernador nunca contó con autorización legislativa para ello. Estamos entonces ante una clara acción inconstitucional con la que se beneficia a una empresa. Y se perjudica a los municipios que contienen a Salta Forestal (debían recibir el 50 por ciento del canon) y a la población trabajadora, más en general, a la que se le quiere imponer paritarias del 16 por ciento.

 

La denuncia de Salta Forestal apunta a la línea de flotación de un gobierno canalla, que habla de austeridad al pueblo mientras perdona a millonarios, y que aplica el Código Penal a la lucha obrera mientras vulnera toda legislación en pos del beneficio privado. Por eso Urtubey improvisó de urgencia una conferencia de prensa “por diversas temáticas” en el momento en que el PO hacía su presentación judicial.

 

No pudo evitar una crisis al filtrársele una pregunta sobre el tema, a la que respondió calificando de “beneficioso” el acuerdo, porque el Estado recibirá del sojero varias hectáreas de Salta Forestal. ¡Pero las tierras son de la provincia! Olmedo no da nada, devuelve la fracción de las mismas que nunca utilizó.

 

Este pacto es un nuevo eslabón en la cadena de defraudaciones protagonizada por los popes del régimen. Son acuerdos para aceitar alianzas políticas más generales: en este caso de lo que se trata es de poner en pie en Salta un frente único del ajuste, que agrupe a Urtubey, Romero y Olmedo detrás de Macri.  

 

Vamos por una campaña que deje en evidencia las componendas de estos personajes que han hundido la provincia. Está planteada la lucha por la recuperación de Salta Forestal en beneficio de las mayorías y no de una clase social minoritaria, que se sostiene ajustando al pueblo y defraudando al Estado que dicen defender.