La Legislatura ha votado la intervención a los dos poderes hasta que asuman las nuevas autoridades en diciembre. Quiroga, el depuesto intendente, llevaba casi 16 años en el cargo, ocho con Romero y otros tantos con Urtubey. Siempre oficialista y bancado por el poder central, fue muchas veces cuestionado por movilizaciones populares en especial de los municipales y también formalmente por el Concejo Deliberante al que nunca rindió cuentas sobre su manejo del municipio. En varias oportunidades, el Concejo impulsó sanciones e incluso la destitución, lo que nunca prosperó porque Quiroga fue sostenido desde el gobierno provincial.

 

La crisis se precipitó ahora, porque Quiroga pretendió imponer por resolución una “emergencia salarial” que establecía, ilegalmente, un atraso de un mes en la liquidación de los sueldos de los municipales. La medida estaba prevista por ocho meses, lo que evidencia que estaba acordada con el intendente electo, Guerra, y con el gobierno provincial. La reacción de los municipales fue contundente declarando la huelga general. Un corte de ruta fue salvajemente reprimido, resultando ocho compañeros detenidos y varios heridos de bala de goma, entre ellos nuestro concejal Ricardo “Bocha” Castellanos. El jueves 17 coparon la sesión del Concejo y en presencia del diputado Del Plá se votó una resolución por unanimidad exigiendo la derogación de la emergencia salarial.

 

A principios de mes, el Concejo había sido copado también por vecinos que reclaman por la creciente inseguridad en el pueblo. De resultas de aquella sesión se convocó a audiencia pública a la que la bancada del PO fue invitada junto a directores de escuela y numerosos vecinos.

 

La reunión reflejó la grave crisis que vive el pueblo que sufre todas las consecuencias del avance del modelo sojero- cañero que defiende Urtubey, que destruyó miles de puestos de trabajo en el citrus y las hortalizas, que ocupan mano de obra intensiva. Cuando Urtubey hace referencia en los medios nacionales que hay que reconocer que en Salta “todavía hay gente que se caga de hambre”, omite decir que es su política la que los empuja a la miseria.

 

El consumo de drogas hace estragos, especialmente entre la juventud por la complicidad policial con los narcos que fue denunciada en la reunión. La inseguridad se agrava en un conjunto de sectores del pueblo en los que falta la iluminación y las calles están inaccesibles.

 

Los municipales tienen un programa claro: pago en término, pase a planta de los contratados. Los vecinos votaron también el reclamo de obras de emergencia para dar accesibilidad e iluminación en las zonas más inseguras, un centro preventivo y terapéutico para combatir las adicciones.

 

Estas demandas se oponen por el eje a la intervención, que llega para tratar de aplicar el ajuste, que Quiroga no pudo imponer.

 

El PO impulsa un proceso de asambleas entre los municipales y en las distintas barriadas para completar un pliego de reclamos ante la intervención. De conjunto, exigimos que se abran los libros contables del municipio para evitar que la intervención repita lo que ha ocurrido con los interventores de Urtubey en Salvador Mazza o en El Bordo, donde simplemente garantizaron impunidad a los ex intendentes cuestionados por el manejo de los fondos públicos. Como ha reclamado la bancada del PO en el Concejo, debe establecerse un freno a la extensión de los cultivos de caña y soja, y preservar los puestos de trabajo.