El nuevo ministro de Educación ha puesto en primer plano la “evaluación” y la “capacitación” docente. Hace responsible, de esta manera, a los trabajadores de las calamidades y falencias del sistema. Pretenden evaluarnos quienes son los responsables del deterioro de los edificios escolares, de la desocupación docente, de la deserción escolar, de un básico congelado de 212,99 pesos, de nuestro salario en negro, de jubilaciones paupérrimas y de una “Ley Federal Antieducativa” que en apariencia aún no se habría aplicado. Sin embargo, los contenidos, los textos, los planes de estudio (especialmente en los niveles terciario y secundario) vienen de su mano.

La intención de aplicar la nueva evaluación responde a los compromisos con el Banco Mundial. Para esto el gobierno necesita ajustar y flexibilizar. Muchos de los puntos que se pretenden evaluar como parte de la función docente no están cont emplados dentro del Estatuto. Al adoptarse como método una evaluación de estas características, se anula de hecho el Estatuto, la estabilidad y las condiciones de trabajo.

Hay ítems de la evaluación que apuntan a la búsqueda de financiamiento por parte de cada escuela. Se trata de pasar a una “educación de mercado”; el gobierno pretende adaptar el régimen docente al resto de la actividad privada.

Una evaluación de estas características se relaciona también con la intención de implementar un salario diferenciado. Esto significa que no cobraríamos todos el mismo sueldo, sino que éste se diferenciaría, entre otras cosas, por el concepto o evaluación.

Por otro lado, no puede pretenderse una evaluación justa, democrática, objetiva al margen de un sistema educativo acorde con estos principios. Esto sólo puede ser garantizado por una educación en manos de los docentes, los alumnos y los trabajadores.

La lucha contra la evaluación y por la defensa del Estatuto debe ir acompañada de un reclamo salarial. Luchar por el salario, además de significar nuestra supervivencia, significa un golpe al corazón de los planes del Banco Mundial.

Ibarra se sacó la careta. Primero con el veto a la ley de las 6 horas para los trabajadores del Subte; luego con la represión en el Padelai; ahora con la evaluación docente. Ibarra y Filmus quieren demostrar a la burguesía que pueden regimentar y diciplinar a los trabajadores tanto como Macri. Todos ellos rinden tributo a un mismo amo.

No puede haber salida para esta situación sin un aumento del presupuesto educativo, becas y subsidios por escolaridad acorde a la canasta básica, blanqueo de las cifras en negro, un básico igual a la mitad de la canasta familiar para jornada simple, plena ocupación docente, defensa del Estatuto y una masiva y sólida oposición a la evaluación reaccionaria de Ibarra.