Hace ya un mes que se derrumbó el puente del Río Seco, en la ruta 34. Desde entonces, doscientas mil personas del Departamento San Martín han quedado aisladas. Las lluvias (no muy superiores al promedio histórico) han producido socavones y quebradas a lo largo de la ruta 34; las aguas se llevaron parte de la canalización del río Tartagal y numerosas viviendas. En Vespucio hay amenazas de aludes de lodo. En barrios de Mosconi y Tartagal, hay calles que se han convertido en canales de un par de metros de profundidad, que amenazan las viviendas desde los cimientos.

 

Esta catástrofe es consecuencia de la destrucción ambiental. Los desmontes masivos —por el crecimiento de las grandes plantaciones de soja— y las picadas y voladuras que realizan las petroleras para la construcción de gasoductos y para estudios sísmicos, modificaron totalmente las cuencas altas de los ríos y alteraron el sistema de escurrimiento de las aguas. El suelo de la zona, al perder su cubierta verde, se erosiona con facilidad y grandes masas de sedimento son arrastradas alterando todos los cursos de agua. El gobierno de Romero, agente de las petroleras y las sojeras, ha sido cómplice fundamental de esta destrucción ambiental.

 

La catástrofe agravó todavía más la situación precaria de los servicios de agua y luz. En situaciones normales, las barriadas de Tartagal y zonas enteras de Mosconi tienen aguas por unas pocas horas diarias, turbia y con escasa presión; las denuncias de casos de meningitis se multiplican. Ahora, la mayoría de los barrios de Tartagal, Aguaray y Mosconi directamente no tienen agua.

 

Asambleas populares, cacerolazos y represión

 

Frente a la catástrofe, han renacido en el Norte salteño las asambleas populares. Para intentar “calmar las aguas”, el vicegobernador Wayar viajó dos veces al Norte. En la primera, terminó huyendo; en la segunda, acompañado por legisladores nacionales y legisladores del Departamento, se encerró en la Gendarmería, desde donde anunció obras por un millón de pesos... cuando las obras mínimas necesarias requieren un presupuesto de al menos cien millones. El PO reclama el establecimiento de un fondo de emergencia, financiado con impuestos a las petroleras, las sojeras y las madereras.

 

Durante la primera visita del vicegobernador, un grupo de desocupados marchó al hotel donde se alojaba. Los desocupados fueron reprimidos violentamente. Veintitrés de ellos fueron detenidos, sus vehículos secuestrados, varios resultaron con heridas de balas de goma. Las detenciones ocurrieron en lugares muy alejados del hotel donde estaba el vice. Todavía muchas horas después, la policía se negaba a entregar la lista de los detenidos. A Claudio Del Plá, diputado provincial del PO, se le negó ver a los detenidos. Los compañeros lograron su libertad luego de una importante movilización.

 

Los intendentes de Mosconi y de Tartagal (renovadores) se sumaron a las provocaciones y apoyaron la represión.

 

La represión, sin embargo, no frenó la movilización. El jueves 26, en Tartagal, una asamblea popular de 800 personas votó un paro cívico y cacerolazo con concentración en la plaza central para el lunes 30. Mil quinientas personas se congregaron en la plaza; muchas más hicieron sonar las cacerolas desde sus casas. Como otras veces, se vuelve a instalar un repudio más general al régimen de Romero y sus negociados.

 

El martes pasado, a la mañana, se produjeron sendas movilizaciones a las oficinas de Edesa en contra del tarifazo.

 

La intervención del Partido Obrero

 

El Partido Obrero ha estado interviniendo en toda esta crisis buscando establecer un pliego único de reclamos de la población.

 

Partimos de lo elemental —la atención de los que tienen amenazadas las viviendas y hasta las vidas de sus familias. Reclamamos la creación de un fondo de emergencia de cien millones (50 aportados por la provincia y 50 por las petroleras y sojeras) como parte de pago de la indemnización por los daños producidos a la población. Este fondo, bajo control de los trabajadores, debe garantizar la indemnización del 100% de los daños a trabajadores, pequeños productores y comerciantes, la construcción de viviendas y un nuevo sistema de canales, puentes y defensas para encausar las aguas.

 

Organizamos en Tartagal, junto a los barrios más afectados, una movilización para arrancar materiales de construcción y jornales a las compañías petroleras para construir defensas y otras obras urgentes con mano de obra de los compañeros del Polo y de estos barrios. Nuestros diputados y concejales estuvieron a la cabeza de esta lucha ante la ausencia de respuestas del municipio y la provincia.

 

Impulsamos un proceso de organización, de movilizaciones y asambleas populares. Nuestros parlamentarios intervienen y ayudan a orientar estas asambleas. El intendente renovador de Tartagal estuvo de vacaciones durante casi 20 días de esta crisis, los diputados kirchneristas trataron de hacer alguna gestión nacional “salvadora”, pero hasta ahora trajeron poca cosa. Los kirchneristas “no hacen olas”, lo que confirma una línea de acuerdo más general con Romero. Una llegada de Kirchner a la zona debería estar acompañada de fondos millonarios cosa, que ni K ni Romero estarían dispuestos a colocar... a menos que se los imponga una pueblada.

 

Cacerolazo provincial

 

La catástrofe del Norte salteño, los tarifazos del agua y la luz, el impuestazo en Salta capital, ponen de manifiesto la necesidad de una lucha común.

 

Contra los que han destruido la provincia, contra los que la saquean y contra el gobierno que es cómplice de todos ellos.

 

Por el fondo de emergencia y la anulación de los tarifazos e impuestazos.

 

Por la expropiación de los pulpos petroleros, de los pulpos sojeros y del Banco Macro, monopolio financiero de la provincia.

 

Por la expropiación de Aguas de Salta y su funcionamiento bajo control de los trabajadores.

 

Con estas consignas —y siguiendo el ejemplo del pueblo de Tartagal— impulsamos un cacerolazo provincial.

 

 

En base a informes de Claudio del Plá