En medio de la durísima pulseada entre la gobernadora María Eugenia Vidal y los docentes de la provincia de Buenos Aires, la explosión en la Escuela N° 49 de Moreno por una pérdida de gas, que se cobró la vida de Rubén Rodríguez y Sandra Calamano, ha desatado una fuerte crisis política, poniendo de manifiesto la responsabilidad de la gobernadora y sus funcionarios en un ajuste educativo de consecuencias terribles. Hay en marcha una rebelión de la comunidad educativa.

Vidal ha elegido a la docencia como un enemigo estratégico. En su discurso de inauguración de sesiones parlamentarias de 2018 atacó a los docentes porque “toman a los niños de rehenes” para conseguir “privilegios”, los responsabilizó del fracaso educativo y afirmó que son un bloqueo para implementar una reforma educativa modernizadora -que, por ejemplo, incorporaría hasta el estudio de robótica a todos los niveles. Luego de ello, desplegó una campaña contra los “abusos” que implicaría el sistema de licencias, con el objetivo de imponer un ítem de presentismo y quebrar el Estatuto del Docente. La flexibilización laboral de la docencia también está presente en las resoluciones que desmantelan los Equipos de Orientación Escolar y en la reforma de la Educación Técnico Profesional, incorporando figuras no contempladas en el Estatuto.

La finalidad estratégica es golpear a uno de los convenios laborales más importantes del país, con una de las concentraciones de trabajadores clave para definir las paritarias cada año. Vidal busca una derrota aleccionadora para erigirse como la ‘dama de hierro’, capaz de imponer el sideral ajuste que exige el FMI y que significaría para la provincia de Buenos Aires un recorte de 25.000 millones de pesos, además de hacerse cargo de los subsidios al transporte y a las empresas de energía eléctrica Edenor y Edesur.

Endeudamiento

Los comentaristas económicos aseguran que la única vía por la que podrá afrontar semejante poda es recurrir al endeudamiento externo. Pero resulta que, al cabo de dos años, la deuda pública de la provincia pasó de 120.000 millones de pesos a superar los 300.000; más de un 60% de ella en moneda extranjera y, por lo tanto, expuesta a incrementos automáticos por la devaluación del peso -la última corrida cambiaria aumentó en alrededor de 10.000 millones de pesos la deuda ya contraída. En estas condiciones, el gobierno sólo conseguirá financistas internacionales ofreciendo tasas usurarias.

Es evidente que este esquema pone a la provincia rumbo a una cesación de pagos. Vidal tiene una sola carta para afrontar los vencimientos: recorte presupuestario en áreas como salud y educación, rebaja salarial y flexibilización laboral y despidos en el Estado. Es esa orientación, que requiere de un golpe estratégico al movimiento obrero, la que entra en crisis con la pueblada educativa que recorre la provincia y que apunta sus cañones contra la responsabilidad del gobierno en la tragedia de Moreno. Tal es así que circulan rumores acerca de una posible renuncia del titular de Educación, Gabriel Sánchez Zinny. El intento de aminorar el daño con la asistencia de su segundo -el subsecretario de Educación Sergio Siciliano- a reunirse con legisladores en Diputados, fracasó ante la imposibilidad de responder cuestionamientos elementales, evadiendo todas las preguntas que planteó el Frente de Izquierda en la reunión.

Autoencubrimiento

Vidal ha buscado responsabilizar por entero al intendente kirchnerista de Moreno, Walter Festa, por usar plata del Fondo Educativo para pagar salarios. Luego, han embestido judicialmente contra el gasista que había realizado la inspección. La realidad es que la desatención de las denuncias y reclamos de docentes y directivos de la escuela no corresponde sólo al Consejo Escolar (que además se encuentra intervenido por el gobierno) y al intendente, sino también a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Existe un expediente con reclamos edilicios de la Escuela N° 49 en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) que data de mediados de abril de 2016; la DPIE no sólo desoye estas advertencias, sino que se encuentra acéfala por estar su titular investigado, luego de viralizarse un audio que da cuenta del armado de sobreprecios millonarios. La DGCyE no investigó ni abrió un expediente para dar cuenta de la magnitud del desfalco.

Por otro lado, con la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial y la virtual desaparición del programa de Gestión Integral de Riesgo Escolar, el gobierno evita un plan de obra centralizado que permita abordar el derrumbe edilicio de conjunto. Libra a cada Consejo la tarea de tercerizar las obras que consideren, abriendo la puerta a todo tipo de negociados con la patria contratista. Es lo mismo que impulsaron con la municipalización de los comedores escolares, con los cuales habrían desviado fondos las anteriores autoridades del Consejo Escolar de Moreno -razón por la cual habría sido intervenido. El robo de documentación posterior a la tragedia da cuenta de un esquema de sobreprecios que trasciende gestiones y colores políticos. La suspensión de clases en más de 1.000 establecimientos -y el reciente caso de un docente que se electrocutó en una escuela de Melchor Romero- da cuenta de una situación generalizada. Lejos de la desidia de un funcionario particular, estamos ante las consecuencias fatales de una política de fondo de este gobierno.

El planteo de juicio político

En rechazo a este autoencubrimiento de la gobernadora, desde la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense presentamos un pedido de juicio político a Vidal por su responsabilidad en estos hechos. Se trata, por un lado, de recoger el reclamo de la rebelión educativa y hacer justicia por Sandra y Rubén y, por el otro, de evitar la profundización de una política que ha convertido a las escuelas en un verdadero Cromañón. Este proyecto será un insumo para la pelea que viene librando la docencia y toda la comunidad educativa, y se inscribe en la lucha por desenvolver las reservas de lucha de los trabajadores para derrotar el plan de guerra del gobierno y el FMI, cuyas trágicas consecuencias las paga la clase obrera.