El gobierno de La Pampa acaba de denunciar el ultimátum del gobierno nacional en relación con las jubilaciones que paga esa provincia. El planteo se resume en la exigencia de una baja del 40% de las jubilaciones, que es lo que entrañaría una adecuación al régimen previsional de Nación, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Un jubilado pampeano, según la información oficial, cobra el 82% móvil, una conquista obtenida en 2007 y que hoy está en peligro porque en este año se agota el fondo de reserva destinado a ese fin y el gobierno nacional -primero con CFK, luego con MM- incumplieron el compromiso de financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos.

 

La presión del gobierno nacional tiene ahora características extorsivas: sólo enviaba recursos para abonar jubilaciones al 75% e incluso éstos y otros fondos de la deuda de Nación con provincia han dejado de girarse (332 millones de pesos).

 

El ultimátum es parte de una ofensiva de conjunto sobre las jurisdicciones que en su momento no transfirieron los sistemas jubilatorios y que, en algunos casos (Córdoba) están demoliendo las conquistas de su propio régimen.

 

Un ajuste a tres bandas

 

Una pluma que defiende rabiosamente al elenco de la Casa Rosada ha debido reconocer que “la reparación histórica de los jubilados viene teniendo bastante menos efecto del imaginado. Ese beneficio llega sólo al 40% de la clase pasiva (y) el promedio de los incrementos (24%) está por debajo de lo prometido. Los juicios no menguaron. Al contrario, se iniciaron otras 12.000 causas por reajustes” (Clarín, 16/7).

 

El fraude cometido con la Reparación Histórica parte de la utilización de un índice de actualización por debajo del que se venía aplicando en base al fallo de la Corte en el caso Ellif (2009). De acuerdo con ese fallo, los salarios debían actualizarse por el ISBIC (Indice de Salario Básico de la Industria y la Construcción). La Anses plantea la utilización del Ripte, otro índice que arroja una remuneración promedio, un haber y una retroactividad inferiores. La diferencia no es menor, tomando un período de quince años, el incremento, según el ISBIC es un 435% y según el Ripte, un 178. El gobierno ha presentado varios recursos a la Corte Suprema de Justicia para reducir entre un 50 a un 70% los valores de las sentencias en la mayoría de los casos.

 

La tercera pata del ajuste es la que adelantó el titular de la Anses: “Tenemos que pensar… en una nueva ley jubilatoria que contemple un haber mínimo, o sea lo más universal posible y… que tenga una parte contributiva”, porque “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”. Va de suyo que esto extiende un blanqueo y un indulto a todas las patronales que evadieron los aportes. 

 

La política del Banco Mundial

 

El planteo es una réplica de lo planteado por el Banco Mundial desde la década del ’90, en el sentido que los regímenes públicos de previsión social debían limitar su responsabilidad al pago de una jubilación básica con el objetivo de reducir la pobreza en la vejez. Quienes pretendieran un ingreso mayor debían realizar aportes adicionales a regímenes de “ahorro y capitalización”. Es un concepto que parte, como en la Asignación Universal por Hijo, de poner un piso a la pobreza y dejar cancelada la posibilidad de un empleo genuino y del 82% móvil.

 

En el caso particular de las jubilaciones supone abandonar el concepto de que es un salario cuyo pago se posterga para cuando el trabajador se retira de la vida laboral y, por lo tanto, se trata de una confiscación despótica del ingreso puesto por los laburantes a lo largo de toda su vida.

 

Desaparece la relación de la jubilación con el sueldo y se instaura una suerte de prestación asistencial. Estas posiciones forman parte de la política de un arco patronal que va desde el gobierno, pasando por la Coalición Cívica, el GEN y la propia Unidad Ciudadana, que dejó al 70% de los jubilados por debajo de la línea de pobreza. Cabe recordar que CFK se opuso a la Reparación Histórica en nombre del financiamiento de la Anses, así como se opuso al 82% móvil con el mismo argumento. Ni al gobierno “nacional y popular” ni al “neoliberal” le tembló el pulso, sin embargo, para pagar religiosamente los intereses de la usuraria deuda externa.

 

Los fondos para el 82% móvil existen, pero están siendo usados para destruir las jubilaciones en función de esta política. Los recursos están a la vista y dependen de la acción del Estado: restitución de los aportes patronales (en los que tampoco hubo marcha atrás en la “década ganada”), gravamen a las rentas financieras, mineras y petroleras, eliminación de todos los impuestos que afectan al consumo y rebajan el salario, impuesto único al capital que permita afrontar los gastos del Estado.

 

El vuelco exige convertir al aumento del 100% en las jubilaciones y del 82 en causa nacional y poner en pie de lucha a los “activos” y “pasivos” en esta lucha estratégica.