El gobierno intentó introducir una tercera reforma a la ley de las ART. El objetivo de los cambios es liquidar el reconocimiento de los accidentes in itinere y transferir todos los litigios relacionados con los accidentes de trabajo del fuero laboral al de la seguridad social, un “fuero” inventado por el ex ministro menemista Domingo Cavallo.

 

La primera reforma a la ley de ART fue realizada bajo la gestión de Cristina Kirchner y quiso sacarle un peso de encima a los empresarios. Esa intervención eliminó la llamada “doble vía”, por la cual el trabajador luego de cobrar el resarcimiento por el daño podía también apelar a la Justicia. Fue un intento de desalentar los juicios laborales. Pero los montos irrisorios que fijan las ART hizo que rápidamente la inmensa mayoría de los trabajadores accidentados apelara de todas maneras. Ello mantuvo muy alta la litigiosidad para reparar el daño.

 

Ahora el macrismo tiene en carpeta un decreto de necesidad y urgencia para concretar el salvataje de las aseguradoras y los empresarios. Se busca, otra vez, impedir el reclamo judicial mediante una vía absolutamente reaccionaria consistente en que las Comisiones Médicas, de las propias ART, sean la instancia administrativa previa, única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado solicite el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. 

 

Esta aberrante disposición coloca al trabajador en un status inferior que al resto de los dañados en el ordenamiento jurídico de nuestro país (por accidentes de tránsito, mala praxis, daño ambiental, etc.) quienes pueden acceder en forma directa ante la Justicia sin estar obligados a recorrer ninguna instancia administrativa previa. Ello, con el agravante de que la misma está dirigida por médicos pagos por las propias ART.

 

Los fallos regresivos de la Corte, como la reglamentación del derecho de huelga o el fallo Espósito (congelamiento del pago por accidentes in itinere) indican la enorme complicidad de los jueces con las patronales.

 

Es clave que este nuevo proyecto de DNU sea conocido por el movimiento obrero para combatirlo. Las ART siguen con el mismo nivel de siniestralidad desde su fundación y, de conjunto, han embolsado en el último ejercicio 3.000 millones de pesos a costa de la salud de los trabajadores.

 

Está planteada la eliminación definitiva de la ART y una nueva ley de Accidentes de Trabajo que supere y reemplace a la vieja ley, anterior a la flexibilización menemista, mantenida a rajatabla por kirchneristas y macristas.

 

Uno de los graves problemas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales es la ausencia de comités obreros de seguridad e higiene.

 

El proyecto de ley presentado por el Partido Obrero sobre estos comités no sólo sirve como un planteamiento político, sino también como una guía de acción para las internas y los cuerpos de delegados en materia de seguridad.