Vayamos por la nulidad de los tarifazos

Una oleada de luchas contra el tarifazo, sobre todo el del gas, ha golpeado al gobierno. Movilizaciones masivas en la Patagonia, las marchas de las frazadas en Mendoza y la provincia de Buenos Aires, la masiva movilización en defensa de los clubes de barrio en Lomas de Zamora. El movimiento piquetero marchó el 10 de junio enarbolando la consigna “Abajo el tarifazo”.

 

Las presentaciones de amparos, impulsadas por gobernadores e intendentes patagónicos para suspender el tarifazo del gas, buscaron ganar tiempo y desviar hacia la justicia la movilización popular en sus territorios. El objetivo fue reencauzar el tarifazo, amortiguando sus alcances, para preservar el ajuste. Ahora, dan marcha atrás incluso con las cautelares. Luego que el gobierno nacional otorgara una serie de excepciones al tarifazo y retrocediera en el porcentaje al 400% para los hogares y 500% para industria y comercio, Das Neves anuncia que ha llegado la hora de retirar los amparos.

 

De esta manera, quieren dar cauce a un tarifazo que sigue siendo un porcentaje de aumento exorbitante y quizás le permita al gobierno esquivar un posible conflicto con la Corte Suprema. Ya se anunció que se incrementarán las tarifas en 2017 y la propia resolución que pone el tope, vence en diciembre.

 

Aranguren echó mano al mecanismo de aumento que implementó Kicillof para junio de 2014. La tarifa que el hombre de la Shell vuelve a poner en vigencia es la del 31 de marzo de 2016, es decir la misma que venía del gobierno de Cristina y a ésta se le aplica el tope del 400%. La vieja resolución aumentaba las facturas a todos los hogares que no redujeran en un 20% el consumo, con respecto al mismo bimestre/mes del año anterior. Desde marzo de 2014 hay que consumir cada año un 20% menos de gas para que no aplique el tarifazo K, que ha llegado a valores superiores al 700%. Con dos años de aplicación, esa mecánica supone un perfecto tarifazo para todos los usuarios.

 

Vía el incremento de las tarifas la población debe pagar de su salario 8.000 millones de dólares que es una parte de los subsidios que perciben las privatizadas de la energía y los pulpos petroleros del gas.

 

El gobierno ha tenido un traspié: organicemos en profundidad el movimiento de lucha por la nulidad de los tarifazos.