El pasado miércoles 18 de noviembre, el Polo Obrero de barrio Las Colinas junto a vecinos de la zona cortaron la colectora de ruta 9, ingreso a la ciudad de Salta, en reclamo de obras sanitarias: agua potable, cloacas y erradicación de microbasurales para el complejo de barrios Las Colinas, San Mateo, Canillita, San Lucas y Torino.

En el marco de la pandemia del Covid-19 y de la presencia de dengue, la empresa estatal Aguas del Norte realiza cortes de agua de hasta 23 horas al día en la zona. Por el déficit habitacional hubo un crecimiento fenomenal de nuevas viviendas, potenciando de este modo la necesidad de obras de envergadura para garantizar agua de red. El Estado tampoco realiza el reparto de agua para abastecer a todas las familias.

Los gobiernos de Romero, Urtubey y Sáenz, junto con los intendentes que pasaron y la actual intendenta Bettina Romero, se negaron a hacer obras. La crisis habitacional y la falta de planificación urbana por parte de los gobiernos de turno desde hace 40 años los coloca como responsables de la multiplicación de los problemas sanitarios de los vecinos de la ciudad.

Las calles se convirtieron en desagües de fluidos cloacales. Además, en periodos de lluvia, el rebalse de pozos sépticos es una constante, provocando diversas enfermedades gastrointestinales y siendo el hábitat de larvas de dengue.

 

 

La empresa Agrotécnica Fueguina, denunciada en la justicia por el Partido Obrero y vecinos por su responsabilidad en la contaminación del agua y aire en la ciudad y, a su vez, premiada por la actual intendente con una nueva concesión para la recolección y tratamiento de la basura (con un contrato que establece más de 5 millones de pesos por día del municipio), no quiere retirar los residuos de los frentes de las viviendas, obligando a los vecinos a convivir con focos infecciosos. Al mismo tiempo, la intendencia hace propaganda de que ahora, con la nueva concesión, todos los barrios van a contar con el servicio de recolección.

Los vecinos también reclamaron arreglo de calles, cordón cuneta y pavimentación para no quedar aislados cuando las lluvias se incrementen porque no podrán ingresar el transporte de colectivo ni ambulancias en casos de emergencia.

Los centros vecinales no están convocando a los vecinos a luchar; al contrario, intervienen para frenar a los vecinos que se organizan para reclamar obras.

Actualmente estas barriadas albergan alrededor de 3.000 familias. Sin embargo, no existe centro de salud. El Hospital Papa Francisco -en el que debían ser atendidos por decisión del exgobernador Urtubey- no los atiende cuando presentan otras enfermedades porque fue destinado a la atención exclusiva de pacientes con Covid-19.

 

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Nación, provincia y municipio difunden una supuesta protección a loteos irregulares a través de la ley nacional 27.453. La misma les permitiría acceder a títulos de propiedad. Para ello, los vecinos deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La falta de títulos impide el acceso a los servicios elementales como agua, luz y gas. Sin embargo, esta ley no obliga al Estado a realizar obras elementales de dichos servicios básicos. En los hechos ni el gobierno nacional ni el provincial tienen intención de avanzar en expropiaciones para loteos y viviendas populares. Por el contrario, acuden con la policía a reprimir y meter presos a los vecinos que luchan por tierra para vivir. Están usando esta ley para no hacer obras y para que los vecinos no se organicen en reclamo de urbanización.

La llave para lograr la titularización de las viviendas es conquistar las obras públicas básicas. Frente a la orientación política de Sáenz-Romero de continuar con el negocio inmobiliario sobre la tierra, el camino es desenvolver todas las fuerzas organizadas de los vecinos para conquistar las obras luchando.

En este escenario de crisis es elemental que se afecten las grandes fortunas, que el banco Macro (como todas las grandes empresas) paguen impuestos extraordinarios y que se establezca un fondo para viviendas, obras de infraestructura sanitaria e inversión en salud que tenga como prioridad el pase a planta permanente, aumento del personal de salud y equipamiento de los hospitales; planteos contenidos en el proyecto de ley del diputado Claudio Del Plá del Partido Obrero, el cual tiene una orientación totalmente distinta a la del gobierno nacional que solo aspira a un aporte solidario para algunas personas (y no a entidades empresariales) para pagarle al FMI y no para atender las necesidades de los trabajadores.