Finalmente se cumplió con la orden del FMI de no dar lugar a ninguna moratoria previsional. Es un punto que ratifican en cada revisión de cuentas.

“El gobierno deberá bajar el déficit fiscal de 2,5% del PBI a 1,9% para cumplir lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Para eso el organismo pide bajar el gasto de asistencia social y pensiones, a través de menos Planes Potenciar Trabajo y evitando moratorias” (Ámbito Financiero, 26/12). El Presupuesto 2023, que sí aprobaron en el Congreso, establece la reducción en los fondos para jubilaciones del 0,2% del PBI.

Ahora, dos millones de trabajadores que ingresarán en edad de jubilarse pero que adolecen de los 30 años de aportes no podrán acceder a este derecho. Entre ellos, solo los indigentes podrán obtener una Puam (Pensión Universal al Adulto Mayor) valuada en el 80% de la jubilación mínima. Las mujeres son las más perjudicadas, porque deberán esperar a tener los 65 años para tramitarla, cuando la edad de retiro es a los 60.

Le roban los aportes a los trabajadores

Mientras condenan a la inanición y la pobreza a miles de adultos mayores que trabajaron en condiciones de explotación precaria gran parte de su vida laboral, el FMI exige el pago de la deuda externa a costa de confiscar los fondos de la Anses, que incluyen los años aportados en blanco por esos trabajadores y trabajadoras.

Según Fernanda Raverta, titular de Anses, uno de cada diez varones y tres cada diez mujeres han llegado a los 30 años de trabajo y no cumplen con los aportes. El camporismo, que dice lamentar esta situación mientras defiende a Massa y los acuerdos con el FMI, sigue propiciando estas mal llamadas moratorias que descargan la falta de aportes en el trabajador, y no en las patronales que evadieron o no aportan por contratar informalmente.

Estas “moratorias” vienen aplicándose desde 1995, en un principio porque no había registros completos de los aportes (sobre todo por evasión patronal) y luego para cubrir el desastre producido por la informalidad laboral generalizada desde el menemismo hasta la actualidad. A la fecha, los jubilados que accedieron por moratoria son mayoría.

La situación a futuro no promete mejoría, ya que la generación de empleo registrado por parte del sector privado se encuentra en un preocupante estancamiento desde hace años: en enero de 2012 había 6.106.000 asalariados privados, y en septiembre de este año 6.211.300, menos de un 2% más (La Nueva, 22/12).

Por el fin del trabajo precario y por la jubilación universal

No hay vuelta. Para resolver en forma definitiva la situación de la falta de acceso a la jubilación de los 800.000 trabajadores con aportes incompletos -los únicos contemplados en el proyecto de ley oficial- y de los 1.200.000 que ni siquiera tienen aportes por haber estado toda una vida trabajando sin registrar (especialmente trabajadoras de casas particulares, de la viña, de la fruta, del pescado, albañiles), se necesita el blanqueo de todes en el mejor convenio, la restitución de los aportes patronales y la devolución de lo adeudado por estas a las cajas, y la devolución de los fondos de Anses y las cajas provinciales usados por los gobiernos para pago de la deuda o subsidiar a las patronales.

Es lo que reclamamos en cada acción de lucha, y lo que plantea el proyecto de Jubilación Universal presentado por Romina del Plá, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, financiado con un impuesto a la “altas rentas” capitalistas y a las “ganancias bancarias”.

Por los mayores de hoy y por los que serán mayores en el futuro, que sea un 2023 de grandes luchas.

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