El plan de “privatización” de Hidronor es otro escandaloso remate del patrimonio nacional. Urgido por el pago de la deuda externa, Cavallo propugna vender por 700 millones de dólares un complejo hidroeléctrico valuado en 5.600 millones de dólares, con bajos costos de explotación y un enorme mercado nacional cautivo. Los 1.500 millones de dólares registrados como deudas de la empresa (que engordaron a un pequeño grupo de contratistas expertos en inflar precios y fraguar ventas inexistentes) serían absorbidos por el Estado.

El plan oficial prevé descuartizar el complejo hidroeléctrico mediante concesiones de 60-90 años por cada represa. A los nuevos dueños se les garantizaría una tarifa por kilovatio-hora que sería tres veces superior a la actualmente percibida por Hidronor. El ex secretario de Energía del gobierno radical —Víctor Lapeña— calcula que los adjudicatarios se embolsarán con este negociado una renta anual de 414 millones de dólares durante las próximas décadas (Ambito Financiero, 17/3).

El proyecto autoriza a duplicar el caudal de los ríos que alimentan a las represas, con el fin de aumentar drásticamente la generación de electricidad, sin importarle el desastre agrícola y ecológico que habrá de provocar al inundar todas las poblaciones ribereñas.

La “privatización alternativa”

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén reclaman “otra privatización”, haciéndose eco de los intereses de las burguesías regionales, que no afecte el caudal de los ríos, y por lo tanto, el negocio frutícola. Plantean que se mantengan o restituyan tarifas preferenciales para la región; que se asegure la ingerencia de los capitalistas locales en el manejo de las represas; que no se modifique el porcentaje de las regalías provinciales (12%), que Cavallo pretende reducir (al 5%).

En función de estos intereses, el gobernandor radical Massaccesi sancionó el mes pasado un decreto que fija límites al caudal de los ríos y amenazó con convocar a un plebiscito provincial. Pero cuando el gobierno le ofreció formar un comité conjunto para “mejorar el proyecto”, abandonó el plebiscito y sugirió que aceptaría que se modifique el caudal de los ríos. El gobernador Sobisch, de Neuquén, saludó directamente el plan privatizador y señaló que la provincia compraría acciones de la futura empresa para influir en su funcionamiento.

Un programa de defensa de Hidronor

El movimiento de oposición al remate de Hidronor se ha canalizado hasta ahora a través de las “multisectoriales”, organismos que nuclean desde los gremios hasta las cámaras patronales. Las “multis” organizaron la manifestación de 700 personas en defensa de Hidronor que obligaron a Menem a suspender a último momento la visita que tenía prevista para inaugurar la Planta de Agua Pesada. Se realizaron asambleas importantes en Neuquén, Cipolleti y en algunos vecindarios para organizar esta protesta.

Hasta el momento el movimiento está políticamente dominado por los “privatistas alternativos” de la UCR, las cámaras empresarias y el personal superior de Hidronor. Le impusieron la tónica a todos los documentos, en los que se rechaza apenas la actual “forma de privatización”.

Es necesario un movimiento de oposición total a la “privatización”, y el rechazo a los 500 despidos previstos por el traspaso y a los tarifazos. Lo que se impone es la apertura de los libros de la empresa, y el control directo de los trabajadores sobre el funcionamiento de Hidronor.