El gobernador Iglesias acaba de vetar la Ley 7065, sancionada por unanimidad por la Legislatura, que frenaba transitoriamente el remate de viviendas. Sólo establecía una instancia de “mediación” con el banco, previo al remate de la propiedad y había salido como una respuesta a la movilización de los deudores hipotecarios. Los afectados, organizados en la Unidevi, convocaron para el mismo lunes 11 a una movilización. Según “la oposición (legislativa), ‘se verá afectada la paz social’” (tapa de Los Andes, 11/11). Gansos y justicialistas están más preocupados por la defensa de la “gobernabilidad”, que por amparar realmente los reclamos populares.

Un dirigente de los deudores hipotecarios denunció que “los bancos y grandes empresas han sido amparados por la Emergencia Económica. Sólo a los bancos se les dieron redescuentos por más de 21 mil millones de pesos y se les han compensado sus obligaciones aceptando títulos de la deuda pública al 100%. Como contrapartida, para los ciudadanos no hay emergencia, que vengan los remates de viviendas, de propiedades, los cortes de luz, tasas de interés usurarias, el despojo. Para los poderosos, compensación y apoyo; para los necesitados, desamparo y destrucción” (ídem).