Los capitalistas y CEOs nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) compilaron en un documento todas sus demandas con el objetivo de que sean recogidas por los candidatos presidenciables. Las medidas redactadas incluyen rebajas impositivas para los empresarios, más ajuste contra el pueblo y reforma laboral, como si de ese modo se fuera a destrabar la huelga de inversiones, cuando la misma persiste a pesar de la caída constante del salario y los múltiples estímulos al capital.

En primer lugar, el documento sostiene la falacia de que “el desarrollo económico y social de la Argentina depende de que puedan movilizarse plenamente las potencialidades y energías del sector privado”. Lo cierto es que son los trabajadores quienes crean la riqueza del país, la cual es apropiada por la clase capitalista, y, en buena medida, fugada al exterior. Así las cosas, el denominado “sector privado” no está a cargo de ningún desarrollo de Argentina, sino que es responsable de su bancarrota.

Dentro de las prescripciones figura la de “equilibrar las cuentas públicas tradicionalmente deficitarias”. Lógicamente se refiere a profundizar el ajuste contra las mayorías populares, sin mencionar una palabra sobre el gasto tributario, equivalente al 4,5% del PBI, que es lo que el fisco deja de recaudar a causa de las reducciones impositivas que mayormente gozan las patronales. El documento también reclama “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias”, es decir, el levantamiento del cepo cambiario para que las empresas puedan girar al exterior sus ganancias con mayor facilidad, en lugar de reinvertirlas en el país.

A su vez, el texto llama a “reducir la muy elevada presión tributaria”, omitiendo que el grueso de la carga impositiva del país recae sobre los trabajadores mediante impuestos regresivos como el IVA. Otra demanda de la AEA es “asegurar la libertad de precios”, lo cual constituye una impostura considerando que la regulación estatal de los mismos fracasó rotundamente y las compañías remarcan los precios a discreción. Sin ir más lejos, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), entre el 2016 y el primer semestre 2023, los precios de las ramas concentradas con predominio de grupos económicos subieron 26% por encima de la inflación general. El Estado se beneficia de esa escalada en los precios, ya que la misma acicatea la recaudación tributaria a través de impuestos al consumo como el IVA.

La crema del empresariado argentino también exigió la eliminación de las retenciones, lo cual sería profundamente inflacionario e infructuoso, dado que ningún incentivo exportador ha logrado robustecer las reservas porque prima la fuga de capitales bajo diferentes vías. Nuevamente se batió el parche de eliminar los convenios colectivos de trabajo, bajo el pretexto de “facilitar la incorporación de trabajadores por parte de las empresas”. Sin embargo, en los últimos siete años la rentabilidad empresaria creció a costa de las condiciones laborales y el salario de los trabajadores, lo cual no devino en pleno empleo formal en Argentina. Tampoco despuntaron las inversiones: el relevamiento anual realizado por la consultora EY arrojó que en 2023 solo el 30% de las empresas aumentó sus inversiones y solo el 30% planea hacerlo en 2024.

El informe de Cifra citado anteriormente da cuenta de ello. Entre 2016 y el primer semestre 2023, las transferencias de ingreso del trabajo al capital sumaron un total de 101.400 millones de dólares, calculado al tipo de cambio oficial de diciembre 2022. El impacto en la burguesía nacional fue palpable: a modo de ejemplo, Ternium (del grupo Techint) aumentó su rentabilidad en un 41,2% en 2021, en 16,6% en 2022 y en 30,3% en el primer semestre 2023. Por su parte, Arcor y Molinos Río de la Plata registraron un margen de ganancia en torno al 10/15% durante el año pasado y en lo que va del presente. Eso fue el resultado de sucesivas paritarias a la baja, convalidadas por el gobierno de Macri y el actual y por la burocracias sindicales, que permitieron que el salario promedio del sector privado perdiera $61.500 de su poder de compra -a pesos constantes- en el período mencionado; y de la extensión de la informalidad laboral, donde los sueldos son más bajos que en el sector registrado.

Ahora bien, los capitalistas pretenden incrementar aún más la tasa de explotación de la fuerza de trabajo porque su ánimo de lucro es ilimitado. Esa agenda es acogida tanto por Sergio Massa, como por Patricia Bullrich y Javier Milei. A los trabajadores nos corresponde preparar la lucha en defensa de los convenios colectivos y por la recomposición salarial, organizando asambleas en cada lugar de trabajo que culminen en un plenario general de delegados de base de todo el movimiento obrero para que nuestras demandas irrumpan en el escenario político y logremos quebrar la ofensiva en curso. En ese sentido, la Unidad Piquetera llama a ganar las calles el 14 de septiembre, para plasmar en el terreno de la movilización un frente único entre trabajadores ocupados y desocupados.

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