La anulación del decreto presidencial que establecía la intervención por 60 días de Vicentin precipita el camino a una reestructuración capitalista en función de los intereses de los acreedores, vía el desguace y/o la venta de la empresa, poniendo en jaque la continuidad de los miles de puestos de trabajo ligados a la agroexportadora. Coloca al Estado como un acreedor más, al margen de las responsabilidades que le caben para evitar que termine como SanCor, cuya plantilla pasó de 2018 a 2020, de 5 mil a 1.800 trabajadores.

Alberto Fernández quiso camuflar este recule como un desagravio frente al directorio responsable de la crisis, pero lo cierto es que con esta medida el gobierna deja la empresa en manos de los vaciadores y abre el camino a la quiebra. Mientras tanto los Vicentin siguen actuando impunemente. Su falta de coraje solo le dio aire para decir que “el Estado accionará para cobrar las acreencias del Banco Nación y la AFIP”, o sea, como un acreedor cualquiera, o sea promoviendo la quiebra, o sea, poniendo al borde del abismo a miles de trabajadores.

El directorio ha rechazado renunciar y condiciona su salida a que una asamblea de accionistas apruebe el balance 2019, una violación desfachatada del proceso de quiebra. Junto con esto, la propuesta de los Vicentin es que sea esa misma asamblea controlada por los 100 accionistas apellidados Vicentin, Padoán, Nardelli y Buyatti, la que vote al nuevo directorio. Quieren asegurarse el dominio de la empresa y su propia impunidad. El “plan Perotti” también se hunde en este compás de espera que deja en manos de un juez aliado de Vicentin la decisión sobre la intervención provincial, que también tiene como requisito que se corra el directorio.

Los organismos de control del Estado, como la Sigen (Sindicatura General de la Nación), van a la retranca de los acontecimientos y es la disputa intercapitalista la que está haciendo saltar a la luz el agujero negro de Vicentin. “Los principales acreedores extranjeros de Vicentin denunciaron que la agroexportadora transfirió en los últimos años 400 millones de dólares a empresas vinculadas (…) Una de las hipótesis que plantean es que esas operaciones se hicieron desviando los préstamos (…) Numerosas instancias en las que Vicentin y sus subsidiarias transfirieron grandes sumas de dinero a las entidades controladas por Vicentin Family Group (dentro de Family Group, estarían comprendidas Friar, Terminal Puerto Rosario y Algodonera Avellaneda)” (Punto Biz, 4/8), aunque en el caso de esta última empresa, la página web de Vicentin informa que está comprendida en Vicentin SAIC. La transferencia de Renova, la aceitera más grande del mundo, a Glencore también está sospechada de maniobras ilegales.

El gobierno de Perotti ha quedado empantanado frente a una situación muy crítica, porque la cadena de acreencias en Santa Fe es enorme y echa leña al fuego de una crisis económica e industrial que viene de arrastre desde el 2017. El senador nacional por el Frente de Todos, Roberto Mirabella, un emblemático del peronismo y mano derecha de Perotti, resumió el tema de forma brutal: “si esto sigue así, Vicentin va a terminar muy mal”. Pero el tema es quién paga la crisis.

Estamos en presencia del fracaso de una política que apuntó desde un inicio a un rescate capitalista, que chocó con la crisis fiscal y las necesidades del pago de la deuda. El modelo YPF, que significó desembolsar 5 mil millones de dólares (que se hacen 10 mil con los intereses) para resarcir a RepSol, colisionó con el chaleco de fuerza que representan los compromisos de deuda con los acreedores privados y el FMI. Por eso se pasó al “Plan Perotti”, donde los Estados de Santa Fe y nacional ingresaban tomando control de las acciones del directorio, para proceder a sanear las deudas en el marco del concurso de quiebra. Una ruta que también planteaba ir liquidando el patrimonio productivo para afrontar las obligaciones, en su defecto hacerlo con las finanzas estatales o las dos cosas al mismo tiempo.

La cobertura que se dio Alberto Fernández para justificar este nuevo recule ante los capitalistas es igualmente mala. Se intenta culpabilizar de este derrotero a un poder judicial completamente descalificado. El juez Fabián Lorenzini era el responsable de la sucursal del Banco Nación de Reconquista durante el macrismo, cuando se otorgaron vía esa sede préstamos por 18 mil millones, de forma completamente ilegal. Este hecho lo agitaron los centroizquierdistas del gobierno, como Claudio Lozano, que frente al retroceso del gobierno siguen repitiendo lo mismo como si nada hubiera pasado.

El presidente dice que no iba a “estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco”, pero existía otro camino. Expropiar los activos y no los pasivos, conformar una comisión investigadora independiente conformada por lxs trabajadores de Vicentin para separar deudas genuinas de los autopréstamos y otras maniobras fraudulentas, y proceder a rescatar a los productores de granos por la vía de afectar el patrimonio personal de los estafadores Vicentin-Padoan-Nardelli y cía.

Esto lo desarrolló la diputada Romina Del Plá en la bicameral del Congreso de la Nación que preside Marcos Cleri, diputado de La Cámpora por Santa Fe, que se reunió para que todo el régimen pusiera la huella en el decreto que derogó la intervención.

 

Expropiación sin pago y puesta bajo control obrero

Este retroceso en toda línea del gobierno también hace entrar en crisis la política de apoyo de los sindicatos y las multisectoriales que están en el campo del Frente de Todos. Es importante que lxs trabajadores aceiteros hagan un balance correcto y no en los términos que propone la conducción de la Federación Aceitera, que ha tenido que acomodarse luego del banderazo del 9 de Julio, cuando se manifestó en apoyo a una intervención estatal que ya en ese momento no existía.

La lucha de Algodonera Avellaneda, que lleva dos meses, con paros y bloqueo del portón de planta, debe ser reforzada con solidaridad y también denunciando la complicidad de los gobiernos que permiten que se paguen los salarios con vouchers de comida, como en la época de La Forestal, o que paguen salarios de 120 pesos la hora en una empresa que se ubica en el puesto 700 entre las mil que más facturan en el país.

El único proyecto que plantea la estatización de todo el grupo Vicentin es el del Frente de Izquierda y el mismo va muy a fondo porque comprende la investigación de las responsabilidades y la expropiación a todo el grupo. Es un punto de apoyo y de referencia para que la clase obrera dé una lucha por la expropiación, la defensa de los puestos de trabajo y los convenios colectivos. En ella encontrarán todo el empeño del Partido Obrero.