Políticas

7/6/2022

Vicentin: la detención del presidente de la empresa confirma la complicidad del Estado

Omar Scarel, el presidente ahora detenido, fue el contador responsable de tomar la deuda que luego defaulteó.

Omar Scarel

La detención del actual presidente de Vicentin, Omar Scarel, viene a confirmar que, desde el default de 1.300 millones de dólares del 2019 a esta parte, los directivos de la empresa han procedido a un vaciamiento patrimonial del grupo cerealero. El poder judicial y los gobiernos nacionales y provinciales son responsables de la continuidad de las maniobras fraudulentas de este pulpo contra acreedores como el propio Estado nacional, ya que el Banco Nación es el principal acreedor de Vicentin.

El director de la empresa está acusado de haber vendido acciones de Renova, supuestamente para afrontar parte de las deudas de Vicentin, cuando deberían estar los fondos inhibidos en función del concurso de acreedores que sigue sin resolverse. Por lo tanto, se comprueba la continuidad de las maniobras espurias que llevaron al default privado más grande de los últimos 20 años de la Argentina.

Esto cobra mayor gravedad si consideramos que Omar Scarel, el presidente ahora detenido, fue el contador responsable de haber manipulado los estados contables de la empresa para presentar un crecimiento económico que no era tal y, de esta manera, justificar la toma de deuda que luego defaulteó por no tener espalda financiera para pagar. Es decir que luego del default no solo no se corrió a los principales accionistas, responsables de todas estas maniobras, sino que el contador que dibujó las cuentas que llevaron a esta situación terminó como presidente de Vicentin. Esto no pudo haber sucedido sin la complicidad del interventor Gabriel Delgado, designado por Alberto Fernández, lo que demuestra que la intervención fue una farsa para permitir que los principales accionistas continuaran vaciando el patrimonio de la empresa en lugar de afrontar, con su capital y con sus ganancias, las acreencias de los productores de verano y de todas las personas que fueron defaulteadas.

Durante este tiempo, no solo no se le han pagado las deudas a los acreedores sino que también han cerrado empresas del complejo Vicentin como la aceitera Buyatti en el cordón de San Lorenzo. Junto con esto han sido vulnerados los derechos laborales de los empleados de Vicentin, como es el caso de los obreros textiles de la algodonera Avellaneda, empresa fundacional del grupo, que están cobrando $170 la hora en nombre de las dificultades económicas de la empresa. Es decir, el Estado nacional recula en la pantomima de la estatización, permite que se avance en un desguace industrial, como se ve en el cierre de algunas aceiteras menores y procesadoras de granos como la mencionada Buyatti, y sobre los derechos laborales de los trabajadores de la empresa.

Este avance judicial está lejos de buscar justicia y de evitar la impunidad para estos capitalistas corruptos que han defraudado al Estado, a los productores de granos, a los obreros y que han puesto en peligro toda una parte del complejo agroexportador a partir de la liquidación de fábricas y recursos que podrían estar puestas a disposición de las necesidades populares. El objetivo es avanzar en la venta de activos a grandes cerealeras como Molinos Agro y Viterra, y esta detención busca no comprometer ese proceso de venta con los pulpos que se quedarían con este capital liquidado luego del concurso de acreedores.

El mismo Estado que estatizó para “rescatar a Vicentin y no expropiarla”, no ha tomado ninguna medida para resguardar los miles de puestos de trabajo vinculados a la agroexportadora ni el patrimonio que continúa explotando el grupo impunemente, mientras se profundiza la crisis por el default de la empresa.

Carla Deiana, dirigente del Partido Obrero de la provincia de Santa Fe expresó: “Es necesario que Vicentin sea puesta bajo control de los trabajadores y así recuperar parte del complejo agroexportador para afrontar la necesidades populares”

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